Cuando se cumple un año de detención previa al juicio de la estudiante universitaria Khadijatul Kubra en aplicación de la Ley de Seguridad Digital en Bangladesh, Nadia Rahman, directora regional adjunta provisional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:
“El año de encarcelamiento y la reiterada denegación de libertad bajo fianza a Khadija es una farsa y una violación flagrante del derecho a la libertad de expresión en Bangladesh. Khadija debería estar en la universidad cursando sus estudios y no en prisión esperando a que se decida su destino con arreglo a una ley draconiana. Su detención arbitraria continuada tiene lugar en el contexto de una vertiginosa reducción del espacio para las voces críticas y sienta un disuasorio precedente para quienes sostienen ideas con las que discrepan las autoridades.
A pesar de la decisión del gobierno de derogar la draconiana Ley de Seguridad Digital, las autoridades siguen utilizando la legislación para socavar los derechos humanos y perseguir a personas críticas y activistas. Amnistía Internacional insta a las autoridades de Bangladesh a poner en libertad inmediata e incondicional a Khadija y a todas las personas detenidas arbitrariamente en el país sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, como la libertad de expresión.
Además, hasta su liberación, Khadija debería tener acceso regular a asistencia médica adecuada y sus condiciones de reclusión deberían cumplir las normas internacionales.”
Información complementaria
Khadijatul Kubra tenía 17 años y estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad de Jagannath, en Dacca (Bangladesh). Había organizado un seminario web sobre política en la universidad para una página en redes sociales llamada “Humanidad por Bangladesh” en noviembre de 2020. Casi dos años más tarde, el 27 de agosto de 2022, Khadijatul Kubra fue arrestada en aplicación de la Ley de Seguridad Digital y, al día siguiente, enviada a la cárcel de Kashimpur, en Dacca. La policía había visto una grabación del seminario web subida a YouTube por uno de las oradores principales, un exoficial del ejército de Bangladesh que vivía en Canadá y había hecho comentarios supuestamente críticos con las autoridades bangladeshíes. Se presentaron cargos en aplicación de la Ley de Seguridad Digital por intento de “deteriorar el orden público” y por “difamación” del primer ministro, entre otros.
Desde entonces se han rechazado varias solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por Khadija, quien, a pesar de que padece trastornos renales entre otros problemas médicos, según han informado su familia y los medios de comunicación, fue trasladada este año a una “celda de castigo”, reservada a las personas condenadas a muerte. El 10 de julio de 2023, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo aplazó cuatro meses la vista de su solicitud de libertad bajo fianza, afirmando que Khadija debería asumir la responsabilidad de las opiniones expresadas en su programa de debate.
Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente para movilizar el apoyo internacional en favor de Khadija y lograr su libertad inmediata e incondicional.
