Hoy, es evidente que las autoridades bielorrusas han intensificado su campaña de represión contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes con allanamientos masivos e interrogatorios de destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y líderes sindicales. En respuesta a la intensificación de las represalias contra quienes disienten, Aisha Jung, encargada de campañas sénior sobre Bielorrusia, ha declarado:

“Tras haber encarcelado o forzado al exilio a casi todas las personas vinculadas a la oposición política en el país, las autoridades bielorrusas han puesto ahora el punto de mira en defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas cuyo único delito ha sido documentar la oleada de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad tras las controvertidas elecciones presidenciales de agosto del año pasado.

“Es evidente que se trata de un intento organizado, centralizado y selectivo de diezmar los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos del país mediante terribles allanamientos domiciliarios, hostigamiento y persecución. Las autoridades están empeñadas en impedir que lleven a cabo su legítima labor periodística y de derechos humanos con espíritu crítico, y en disuadir a otros de que otros lo hagan. El desprecio de la ley sin precedentes por parte del Estado, escandaloso y sin precedentes, que venimos presenciando desde el año pasado representa una burla de la preocupación y las críticas generalizadas de la comunidad internacional.

“Condenamos en los términos más enérgicos posibles estos ataques descarados, basados en premisas totalmente falsas, y pedimos que todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos sean puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Para apoyar a la población de Bielorrusia, la comunidad internacional debe seguir haciendo todo lo posible para defender los derechos humanos y combatir la opresión cada vez más asfixiante que pesa sobre la sociedad civil bielorrusa.”

Información complementaria

La policía inició sus allanamientos a primeras horas de la mañana del 16 de febrero en las oficinas y domicilios de miembros del personal del Centro de Derechos Humanos Viasna, la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, el sindicato independiente REP y decenas de activistas de la sociedad civil.

Las operaciones se llevaron a cabo en Minsk, Homel, Mahilyou, Vitsebsk y Brest en el marco de procedimientos penales sin fundamento en virtud del artículo 342 del Código Penal de Bielorrusia (“organización y preparación de acciones que violen gravemente el orden público”), que las autoridades incoaron para actuar contra activistas y observadores de las multitudinarias protestas pacíficas. Según el Comité de Investigación de Bielorrusia, la investigación tiene por objeto “dilucidar las circunstancias de la financiación de las actividades de protesta”.