“Mokgweetsi Masisi tiene la oportunidad de demostrar de inmediato un enérgico liderazgo aboliendo la pena de muerte. No se hace justicia ejecutando a gente, y el mundo se está apartando de esta abominable y degradante forma de castigo”, ha manifestado Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África austral.
“No hay cabida para la pena de muerte en un país como Botsuana, que ha demostrado un gran liderazgo en algunas cuestiones políticas difíciles, por ejemplo denunciando la impunidad por violaciones de derechos humanos en el continente africano.”
En Botsuana aún se utiliza la pena de muerte para ciertos delitos. En 2018, dos personas fueron ejecutadas tras haber sido declaradas culpables de asesinato.
Botsuana es el único país del África austral que sigue ejecutando a personas, en contra de la tendencia regional y mundial.
El número de ejecuciones se redujo en casi un tercio en 2018, hasta alcanzar la cifra más baja en un decenio. Al terminar el año pasado, 106 países habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos, y 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.
La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Amnistía Internacional pide a Botsuana que decrete la abolición de muerte para todos los delitos y se una a los otros 106 países de todo el mundo que han puesto fin a este cruel castigo.
