Amnistía Internacional exhorta a las autoridades competentes a llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas para que los hechos de este domingo, 8 de enero, sean debidamente investigados y sancionados. Deben investigarse los ataques y la invasión de edificios públicos, la destrucción de documentos, las violaciones a la seguridad y la integridad física de las personas periodistas que cubrían los acontecimientos y de los agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por grupos de civiles. Los intentos de destruir y retirar equipos y cámaras a los profesionales de los medios de comunicación representan una grave violación del derecho a la libertad de expresión y de prensa.

Amnistía Internacional hará un seguimiento de la intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal, decretada hoy por el presidente de la República, Luís Inácio Lula da Silva, en reacción a lo ocurrido.

Es esencial que las autoridades garanticen la evacuación completa e inmediata de la Plaza de los Tres Poderes, incluyendo el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo Federal. La destrucción de edificios públicos que representan instituciones de los tres Poderes del Estado debe ser investigada por los órganos competentes y los responsables deben ser investigados, procesados, juzgados y sancionados, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

La obligación del Estado brasileño de garantizar los derechos humanos implica que las autoridades estén preparadas para responder a manifestaciones políticas, lo que implica acciones de inteligencia, planificación, prevención y monitoreo de escenarios de riesgo y grupos que busquen afectar el ejercicio de derechos, esto para facilitar que las reacciones institucionales sean proporcionadas. Las normas internacionales de derechos humanos permiten la dispersión de manifestaciones en ocasiones específicas, por ejemplo, cuando incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La invasión ocurrida hoy en Brasilia no se ajusta a los estándares internacionales de una manifestación pacífica.

Hoy, 8 de enero de 2023, una multitud de al menos 3900 manifestantes de grupos de civiles que impugnan el resultado de las Elecciones presidenciales del 2022 invadieron el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia. En las primeras horas del sábado 7 de enero, ya había preocupación por la llegada de más de 100 autobuses con manifestantes a Brasilia, cuando el Ministro de Justicia y Seguridad Pública autorizó el empleo de la Fuerza Nacional para llevar a cabo la seguridad en el lugar. El gobierno del Distrito Federal no garantizó la seguridad ni tomó las medidas necesarias para frenar los actos violentos y la invasión de edificios públicos que ya habían sido anunciados por grupos extremistas.

Amnistía Internacional viene observando con preocupación, desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la escalada de violencia y las amenazas al Estado de derecho por parte de grupos organizados, en algunos casos armados, que impugnan no sólo el resultado del proceso electoral, sino también el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Es alarmante que autoridades como la Policía Federal, el Ministerio Público Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal no hayan podido identificar a los instigadores y financiadores de la invasión y evitar que los ataques de hoy tuvieran lugar.

Amnistía Internacional exige que el Estado brasileño garantice una investigación pronta, imparcial, seria y efectiva sobre las circunstancias que llevaron a la invasión y los ataques que tuvieron lugar este 8 de enero de 2023, en Brasilia, con el fin de identificar, procesar, juzgar y sancionar a todas las personas implicadas en estos episodios, incluidos los instigadores, organizadores y financiadores y también las omisiones de las instituciones del Estado que no actuaron para impedir que se produjeran estos ataques.