“El presidente electo ha hecho campaña con una agenda abiertamente contraria a los derechos humanos y con frecuencia ha realizado declaraciones discriminatorias sobre distintos grupos de la sociedad. Su elección como presidente de Brasil podría entrañar un riesgo enorme para los pueblos indígenas y quilombolas, las comunidades rurales tradicionales, la comunidad LGBTI, la juventud negra, las mujeres, las personas que son activistas y las organizaciones de la sociedad civil si su retórica se convierte en política pública”, advirtió Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para la Américas.
En su campaña, Bolsonaro promete, entre otras cosas, suavizar las leyes sobre el control de armas y conceder a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley autorización previa para matar. Si se aprueban, estas propuestas empeorarían el ya difícil contexto de violencia letal de Brasil, donde se cometen 63.000 homicidios al año, más del 70% de ellos con armas de fuego, y donde la policía perpetra aproximadamente 5.000 homicidios al año, muchos de los cuales son en realidad ejecuciones extrajudiciales.
Además, Bolsonaro amenazó los territorios de los pueblos indígenas con la promesa de cambiar los procesos de demarcación de tierras y autorizar grandes proyectos de explotación de recursos naturales. Asimismo, habló de suavizar la normativa medioambiental y criticó a los organismos de protección del medio ambiente de Brasil, poniendo así en peligro el derecho de todas las personas a un entorno saludable.
“Con el proceso electoral ya acabado, nos enfrentamos al reto de proteger los derechos humanos de todas las personas en Brasil. Amnistía Internacional se pone del lado de los movimientos sociales, ONG, activistas y todas las demás personas que defienden los derechos humanospara garantizar que el futuro de Brasil venga con más derechos y menos represión”, añadió Erika Guevara-Rosas.
Brasil tiene una de las tasas de homicidios de activistas y personas defensoras de los derechos humanos más altas del mundo; son decenas las personas muertas todos los años por defender derechos que deberían estar garantizados por el Estado. En este grave contexto, las declaraciones del presidente electo sobre poner fin al activismo y tomar medidas drásticas contra los movimientos sociales organizados representan un riesgo muy probable para el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, garantizado por la legislación nacional y el derecho internacional.
Bolsonaro y Mourão, que pertenecen a la reserva militar de Brasil, han defendido también públicamente delitos cometidos por el Estado durante el antiguo régimen militar, incluida la tortura. Se plantea por ello la perspectiva de una regresión en la promoción de los derechos humanos desde el fin del régimen militar y la adopción de la Constitución Federal en 1988.
“Las instituciones públicas de Brasil deben tomar medidas firmes y decisivas para proteger los derechos humanos y a todas las personas que los defienden y se movilizan a su favor en el país. Estas instituciones tienen una función clave que desempeñar a la hora de proteger el Estado de derecho e impedir que las propuestas se materialicen”, señaló Erika Guevara-Rosas.
“La comunidad internacional estará atenta a que el Estado brasileño cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos”.
