Este domingo Brasil elige Presidente. Hay más de 156 millones de brasileñas y brasileños habilitados para votar en los 26 Estados y en el distrito federal de Brasilia. En ese marco, el país atraviesa una delicada situación con derechos humanos vulnerados que debe ser atendida y solucionada por quienes asuman el gobierno el próximo 1° de enero.
Ante este diagnóstico, Amnistía Internacional publica “Con Texto Internacional: derechos humanos postergados en Brasil”. En el documento, la organización recorre algunas problemáticas urgentes. Las personas jóvenes, pobres y negras padecen constantes ataques racistas. El Estado no garantiza sus derechos e incluso en muchos casos, mediante la militarización de la fuerza pública para hacer frente al narcotráfico, agudiza la persecución hacia esta población. Al mismo tiempo, quienes integran el colectivo LGBTIQ+ padecen distintos tipos de hechos violentos y discriminatorios. Respecto a la política ambiental, el Estado también permite la deforestación de grandes extensiones de la selva Amazónica y vulnera derechos culturales y sociales de comunidades indígenas. Por último, el gobierno también es responsable del elevado número de muertes como consecuencia de una pésima gestión de la pandemia del COVID-19.
El documento también expone algunos casos como el de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro que fue víctima de un asesinato político en marzo de 2018, o el de Dom Phillips y Bruno Pereira, asesinados en junio de 2021, como consecuencia de su trabajo de investigación y defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas en el Amazonas.
La comunidad internacional no puede seguir mirando para otro lado mientras en Brasil se pierden vidas por omisión estatal, se persigue a las personas LGBTIQ+ y se causa un daño irreparable al planeta. En este contexto y en vísperas de una nueva elección presidencial, desde Amnistía Internacional exhortamos a las autoridades brasileñas electas a promover y defender los más altos estándares en materia de derechos humanos.
Frente a esta realidad, Amnistía Internacional seguirá monitoreando el pleno ejercicio de los derechos humanos y alzando la voz frente a las injusticias. El futuro de Brasil demanda un Estado que garantice la justicia social, de género y ambiental.