Tras la decisión del gobierno federal de intervenir en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, declaró:

“En opinión de Amnistía Internacional, la decisión del gobierno federal de intervenir en la seguridad pública del eEtado de Río de Janeiro refuerza errores ya cometidos en el pasado. El ejército ha actuado varias veces en Río de Janeiro y ninguna de estas intervenciones ha reducido la tasa de homicidios ni el agravamiento de las violaciones de derechos humanos. La posible intervención federal, que duraría 10 meses, pone en peligro sobre todo las vidas de las personas que habitan en las favelas y en las afueras de las grandes ciudades, especialmente jóvenes negros.  Además, la aprobación de la Ley 13.491/2017 no garantiza la necesaria imparcialidad e independencia, pues traslada a la jurisdicción militar la deliberación y resolución judicial de los delitos cometidos por el ejército contra la población civil. La crisis de la seguridad pública es estructural. No se resolverá incrementando el número de armas, militarizando la situación ni continuando con la ‘guerra contra las drogas’.”