“Los devastadores incendios de la Amazonía son el síntoma de una crisis mayor de actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras. Sobre el papel, Brasil tiene leyes sólidas para proteger los territorios indígenas y las reservas ambientales. Sin embargo, el presidente Bolsonaro deblitó activamente estas protecciones, y la consecuencia de ello es la devastación que vemos hoy”, declaró Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
“Si bien el presidente ya firmó un decreto que prohíbe temporalmente la quema para preparar las tierras con fines agrícolas, esto no elimina la posibilidad de que haya más incendios, ya que tomó muy pocas medidas para desalentar o impedir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras que los provocan.
"Las autoridades brasileñas deben investigar y procesar de inmediato a los responsables de estos incendios catastróficos, ya que de lo contrario asistiremos a su agravamiento durante el mandato del presidente Bolsonaro.”
El 29 de agosto, Bolsonaro firmó un decreto que prohibía las quemas con fines agrícolas durante 60 días como parte de la respuesta del gobierno a la crisis. Sin embargo, un empleado del organismo brasileño del medioambiente que habló con Amnistía Internacional pidiendo que se respetara su anonimato afirmó que temía que el decreto tuviera un efecto limitado, ya que la mayoría de las quemas recientes ya estaban prohibidas por la legislación.
Según representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios locales, las personas que inician los incendios suelen ser particulares a los que políticos y agricultores locales animan a que ocupen terrenos situados en territorios indígenas y reservas ambientales.
La conversión de la selva en zona de pastos en la Amazonía suele seguir la misma pauta: se identifican y confiscan ilegalmente terrenos de selva, se talan y eliminan los árboles y se prenden fuegos (a menudo reiteradamente en la misma zona), para luego plantar hierba y, por último, introducir ganado.
Amnistía presenció un incendio incontenible en el territorio manoki, en el estado de Mato Grosso, el 23 de agosto. La zona de la selva que se quemaba había sido vallada. Dirigentes manoki dijeron a Amnistía Internacional que creían que con el fuego se pretendía conseguir pastos para el ganado.
Petición al gobierno de Brasil para que haga cumplir y financie las protecciones existentes
“Enviar al ejército y prohibir brevemente las quemas son sólo soluciones provisionales para un problema mucho mayor. Más allá de combatir los incendios, Brasil necesita aplicar sus propias leyes, incrementar la vigilancia y aumentar las patrullas que vigilan las confiscaciones ilegales de tierras en zonas protegidas y territorios indígenas, e investigar los abusos contra los derechos humanos y exigir cuentas a sus responsables”, declaró Kumi Naidoo.
Desde abril de 2019, Amnistía Internacional visitó cuatro territorios indígenas de la Amazonía de Brasil: los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia, el territorio arara en el estado de Pará y el territorio manoki en el estado de Mato Grosso. Expertos e indígenas entrevistados por Amnistía expresaron su intensa frustración por que no se hicieran cumplir las leyes de Brasil para la protección de territorios indígenas y zonas de protección ambiental. También dijeron a Amnistía Internacional que las operaciones de vigilancia del gobierno para controlar y evitar las actividades ilegales de confiscación de tierras y de forestación se han reducido en los últimos meses debido a limitaciones presupuestarias.
En los cuatro territorios indígenas que visitamos, el ritmo de deforestación es casi un 80% superior al del mismo periodo de 2018. En algunos lugares, dirigentes comunitarios indígenas afirmaron también que recibían amenazas de muerte por defender sus territorios tradicionales.
Un empleado del organismo brasileño de medioambiente que habló con Amnistía Internacional pidiendo que se respetara su anonimato afirmó: “Si tuviéramos personal para llevar a cabo inspecciones, la situación no habría llegado a este nivel”.
Un indígena manoki que también pidió no ser identificado, nos dijo: “El IBAMA [Instituto Brasileño de Recursos Renovables y del Medioambiente] dejó de venir. No sé por qué. Hemos hecho informes, señalado las coordenadas donde se están produciendo actividades de extracción maderera ilegal y le hemos enviado este material al IBAMA. Pero ya no vienen”.
La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil y el principal organismo ambiental del país, el IBAMA, sufrieron importantes recortes presupuestarios este año. Según cifras oficiales, desde enero hasta el 28 de agosto de este año la FUNAI gastó un 10% menos en la protección de los territorios indígenas que en el mismo periodo de 2018. Los medios de comunicación internacionales informaron de que el presupuesto general del IBAMA se redujo en un 25%.
“Se trata de una crisis de derechos humanos y una crisis ambiental también”, declaró Kumi Naidoo. “A largo plazo, el único camino es potenciar a las autoridades civiles responsables de combatir las actividades ilegales de confiscación de tierras y deforestación."
"Por el bien de la selva amazónica, de los pueblos que en ella habitan y del resto del mundo que depende de ella para su estabilidad climática, Brasil debe hacer más para combatir las actividades ilegales de deforestación y confiscación de tierras.”
