La causa que investiga la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Chaco se encuentra esperando por su elevación a juicio oral. Amnistía Internacional apoya el reclamo de la familia y las querellas para incluir la calificación de los hechos por el delito de tortura.
“Desde nuestra organización manifestamos preocupación en reiteradas oportunidades ante la ausencia de una línea de investigación que dé cuenta de posibles hechos de tortura. Una tipificación que no refleje lo que realmente sucedió minimiza la gravedad, y favorece la impunidad y repetición de este tipo de situaciones por parte de las fuerzas de seguridad. En definitiva, vulnera las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de prevención de la tortura”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Violencia en la localidad de Fontana
El año pasado, Amnistía Internacional visitó a las víctimas y familia del pueblo indígena Qom que sufrieron hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad provinciales en el barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana.
El 31 de mayo de 2020 agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una casa por la fuerza y con violencia, golpeando a quienes estaban adentro y llevándose detenidos a tres jóvenes y una menor de edad mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y golpes con armas de fuego, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Dentro de la Comisaría Tercera, continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denuncia abuso sexual por parte de los agentes policiales.
Desde que Amnistía Internacional tomó conocimiento de los hechos, se encuentra observando el proceso judicial contra los agentes involucrados para contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. Además, ha elaborado un diario de juicio que documenta el proceso judicial en la causa y, se encuentra acompañando a la familia.
Además, en febrero de este año se presentó como amicus curiae en el expediente judicial a efectos de brindar aportes de derecho internacional de los derechos humanos para que sean tenidos en cuenta al momento de analizar y calificar legalmente los hechos, en virtud de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para prevenir y sancionar la tortura.
A la fecha, hay 10 imputados en la causa incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría 3ra. por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. Sin embargo, no se incluye el delito de tortura, a pesar del grave padecimiento físico y psicológico que han relatado los 4 jóvenes. Esto ha sido solicitado en reiteradas oportunidades por las víctimas y las querellas.
