La organización lo hizo tras presentarse como amicus curiae –amigos del tribunal-. Amnistía Internacional argumentó sobre la importancia de que los acontecimientos sean investigados a la luz de la obligación del Estado de prevenir, investigar, y sancionar apropiadamente el delito de tortura debido al sufrimiento físico y psicológico denunciado por las víctimas. Pasó más de un año y los jóvenes aún sufren consecuencias.
“La adecuada investigación, calificación y sanción de estos delitos es un elemento imprescindible para garantizar justicia y para prevenir una ulterior vulneración a las víctimas. Las autoridades deben mostrar el estricto compromiso con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
A su vez, la organización envió una comunicación al Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas y al Relator Especial para la Prevención de la Tortura para que pida información al Estado sobre las medidas tomadas a partir de este caso y el avance de la investigación judicial garantizando el estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de prevención de la tortura y protección y no discriminación a los pueblos indígenas.
El caso
El 31 de mayo de 2020 agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de la localidad de Fontana ingresaron a una casa por la fuerza, sin orden de allanamiento, y con violencia. Los efectivos golpearon a quienes estaban adentro y se llevaron detenidos a cuatro jóvenes -una de ellas menor de edad- mediante forcejeos, empujones, golpes, y patadas, mientras los insultaban y hacían referencia a su ascendencia indígena. Dentro de la Comisaría Tercera continuaron los insultos, amenazas de muerte, agresiones, torturas, e incluso una de las jóvenes denuncia abuso sexual por parte de los agentes policiales. Los 4 jóvenes fueron liberados luego de más de 10 horas.
Desde que Amnistía Internacional tomó conocimiento de los hechos, monitorea el proceso judicial contra los agentes involucrados para contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice acceso a la justicia y reparación. Además, elaboró un diario de juicio que documenta el paso a paso de la causa.
La voz de los jóvenes y su familia
En septiembre, la organización visitó a las víctimas y a sus familias, y se reunió con las autoridades locales para conocer las medidas tomadas con el objetivo de evitar la repetición de este tipo de casos.
Amnistía Internacional tuvo oportunidad de entrevistar a los jóvenes que fueron detenidos y a su familia. En este video las víctimas narran en primera persona lo que vivieron, que es lo que esperan del proceso judicial y como se sienten hoy, a más de un año y medio de los hechos.
“Tenía miedo, no sabía adónde me estaban llevando, no sabía si iba a volver a ver a mi mamá y a mis hermanos”, relató Daiana Fernández, una de las 4 jóvenes detenidas.
“Nos sacaron y nos estuvieron paseando en la camioneta. Temí que nos maten, que nos tiren por ahí como pasa en algunos casos. Ahí si me dio más miedo porque ¿Dónde nos iban a encontrar después?”, relató Alejandro Saravia, otra de las víctimas.
“Nunca más va a ser igual. Esto no se supera ni con todos los psicólogos porque quebraron a una familia esa noche”, señaló Johana Saravia, madre de Alejandro. Además, agregó: “Me gustaría que la justicia condene a quien tenga que condenar, que los responsables sean castigados. Que los chicos puedan volver a confiar, a caminar libres, que no sean perseguidos por su color de piel, por su manera de vestir. Que los policías estén para cuidar no para que nosotros nos cuidemos de ellos”.
La causa judicial
A la fecha, hay 10 imputados en la causa incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría 3ra. por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. Sin embargo, no se incluye el delito de tortura entre las imputaciones, a pesar del grave padecimiento físico y psicológico relatado por los jóvenes.
El viernes 25 de marzo la jueza interviniente deberá resolver la elevación a juicio oral de los imputados y si incluye la calificación por el delito de tortura, tal como fue solicitado por las víctimas y las querellas de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco.
"Es preciso que casos como éste no queden en la impunidad y sean debidamente investigados, considerando la discriminación racial, exclusión e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en Argentina. Identificar la persistencia de este tipo de patrones en la cultura institucional de las fuerzas de seguridad resulta central para prevenir que hechos de violencia de esta naturaleza se repitan", concluyó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Más información:
- Diario del Juicio org.ar/diariodejuicio
- Informe sobre violencia policial: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/08/Informe-Violencia_Policial_final_00-modificado.pdf
- Comunicados anteriores sobre el caso:
https://amnistia.org.ar/mision-de-amnistia-internacional-a-chaco-por-un-grave-caso-de-violencia-contra-pueblos-originarios/
https://amnistia.org.ar/violencia-y-abuso-contra-una-familia-qom-amnistia-internacional-observara-el-proceso-judicial-en-chaco/
https://amnistia.org.ar/brutalidad-policial-contra-jovenes-qom-en-chaco-amnistia-internacional-exige-una-investigacion-exhaustiva-y-urgente-tras-la-difusion-de-nuevos-videos-de-extrema-violencia/
- Sitio web “Territorio Indígena”
