Las fuerzas de seguridad mataron sistemáticamente a decenas de personas, incluso mediante ejecución extrajudicial, en la jornada más sangrienta de la crisis de Burundi, según ha concluido Amnistía Internacional.
En el documento “Mis niños tienen miedo”: la crisis de derechos humanos que se agrava en Burundi", Amnistía Internacional documenta ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y saqueos cometidos por la policía en Bujumbura el 11 de diciembre de 2015.
"En la jornada más mortífera desde que comenzaron los disturbios políticos actuales, las calles de Bujumbura quedaron cubiertas de cadáveres, muchos de ellos con un solo disparo en la frente. Al menos uno de los cuerpos estaba atado", dijo Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.
"Las violentas tácticas empleadas aquel día por las fuerzas de seguridad representan una escalada radical del alcance y la intensidad de operaciones anteriores. Sacaron a hombres a rastras de sus casas y les dispararon a corta distancia, mientras que a otros les dispararon en el instante en que abrieron la puerta."
La pronunciada intensificación de los delitos y abusos en Burundi presagia un aciago futuro al país.
La información recopilada por Amnistía Internacional permite hacerse una idea de los acontecimientos del 11 de diciembre. En respuesta a los ataques armados contra tres centros militares de Bujumbura, la policía puso en marcha operaciones de acordonamiento y registro en varios de los llamados "barrios de oposición política". En algunas de estas operaciones, jóvenes armados abrieron fuego contra la policía. Su reacción fue ir casa por casa saqueando bienes y deteniendo arbitrariamente o matando a decenas de personas.
Residentes del barrio de Nyakabiga contaron a Amnistía Internacional que se habían encontrado los cadáveres de al menos 21 hombres en viviendas, calles y zanjas de drenaje. El equipo de investigación pudo ver grandes charcos de sangre en algunos lugares donde habían matado a gente.
Entre los muertos había un hombre con discapacidad, un adolescente que vendía huevos, una empleada doméstica, una maestra y un hombre que vendía teléfonos móviles. Varias de las víctimas eran menores de edad, entre ellas un chico de 15 años a quien dispararon en la cabeza cuando corría para ponerse a salvo en un cobertizo.
Las autoridades recogieron los cadáveres de la mayoría de las personas asesinadas y se los llevaron a un lugar no revelado.
Al día siguiente, un portavoz del ejército anunció que 79 "enemigos" habían perdido la vida en los hechos, así como 4 soldados y 4 policías. Al calificar a las víctimas mortales de "enemigos" se está insinuando que eran combatientes de la oposición política, algo claramente incierto en muchos de los casos. No obstante, algunos pueden haber participado en el ataque a las instalaciones militares o haber luchado contra las fuerzas de seguridad dentro de barrios residenciales.
Las autoridades burundesas tienen a su disposición todo un conjunto de instrumentos jurídicos para abordar la difícil situación actual en materia de seguridad. Deben frenar de inmediato a las fuerzas de seguridad para poner fin a las abusivas tácticas que ya son su especialidad. La investigación anunciada por el fiscal general el 17 de diciembre es un primer paso positivo, si se permite al equipo desempeñar su labor con verdadera independencia, imparcialidad y exhaustividad.
"Estos homicidios ilustran de manera terrible la creciente crisis de derechos humanos que afronta Burundi y la necesidad de una actuación enérgica tanto de la región como del resto de la comunidad internacional, que incluya apoyar una visita urgente de expertos independientes que investiguen cuanto antes los delitos de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que se han cometido", ha afirmado Muthoni Wanyeki.
"El gobierno debe adoptar medidas con urgencia para poner fin al progresivo derramamiento de sangre y proteger los derechos de todos los burundeses. Urge llevar a cabo una investigación imparcial sobre la actuación de la policía durante los hechos del 11 de diciembre y en otras ocasiones. Todos los presuntos autores de estos crímenes atroces deben comparecer ante un tribunal civil ordinario para rendir cuentas."
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Esta información fue recopilada durante una visita de investigación al país que duró dos semanas.
La mayoría de las personas asesinadas el 11 de diciembre eran residentes de Musaga, Mutakura, Nyakabiga, Ngagara, Cibitoke y Jabe, distritos mayoritariamente poblados por miembros del grupo étnico minoritario tutsi. Las autoridades las consideran zonas afines a la oposición, ya que las protestas iniciadas en abril contra la presentación de la candidatura del presidente Nkurunziza para gobernar un tercer mandato comenzaron en estos barrios.
Los acontecimientos del 11 de diciembre sucedieron a los brutales homicidios que venían cometiéndose en Bujumbura desde hace meses. El 10 de diciembre, víspera de los ataques, las Naciones Unidas informaron de que más de 300 personas habían sido asesinadas desde finales de abril. Las frecuentes detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, así como la aparente práctica sistemática de la extorsión por las fuerzas de seguridad y por Imbonerakure (grupo juvenil armado afín al partido político dirigente), han contribuido asimismo al rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
