Ante la próxima serie de juicios cuyo inicio está previsto contra miembros de la nación wet’suwet’en que defienden su derecho a la tierra y quienes los apoyan, Amnistía Internacional pide al gobierno de la Columbia Británica que retire inmediatamente todos los cargos.

“Los pueblos indígenas que emprenden acciones pacíficas para defender la tierra no deben ser criminalizados exclusivamente por ejercer sus derechos. Pedimos a la procuradora general de la Columbia Británica que retire inmediatamente los cargos de desacato contra los miembros del pueblo wet’suwet’en que defienden su derecho a la tierra y quienes los apoyan —ha declarado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional—. Permitir que la construcción del gasoducto de Coastal GasLink continúe sin el consentimiento libre, previo e informado de la nación wet’suwet’en vulnera su derecho a decidir qué desarrollo económico se lleva a cabo en su territorio tradicional, tal como establecen diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.”

El 11 de diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicará un informe sobre la intimidación, la vigilancia y la criminalización de que son objeto los miembros del pueblo wet’suwet’en que defienden su derecho a la tierra cuando protegen sus territorios ancestrales de la construcción del gasoducto de Coastal GasLink.

Información complementaria

La nación wet’suwet’en no ha dado su consentimiento a la construcción del gasoducto de Coastal GasLink. Los miembros del pueblo wet’suwet’en que defienden su derecho a la tierra y quienes los apoyan protegen las tierras y cursos de agua ancestrales de la nación frente a la construcción del gasoducto. En noviembre de 2021, la Real Policía Montada del Canadá detuvo a decenas de defensores y defensoras de la tierra durante la aplicación de una orden judicial obtenida por Coastal GasLink, que fueron acusados de desacato penal por violar supuestamente lo estipulado en la orden judicial. Varias de las personas que defienden el derecho a la tierra serán juzgadas el 30 de octubre de 2023.

Amnistía Internacional expresó su preocupación por estos incidentes a la empresa constructora del gasoducto mediante cartas enviadas y reuniones celebradas en 2022 y 2023, y recibió respuestas genéricas que no abordaban denuncias concretas.