Los derechos humanos y la lucha para acabar con la impunidad en Colombia deben ser muy prioritarios para todos los candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 25 de mayo, ha dicho Amnistía Internacional en una carta abierta dirigida a los cinco aspirantes.

“Los derechos humanos deben constituir la base de toda plataforma política, sobre todo en el contexto de las conversaciones de paz en curso entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana”, ha dicho nuestra organización.

“Aunque puede que esté muy cerca la oportunidad para la paz buscada desde hace tiempo, el próximo presidente de Colombia no debe renunciar a los derechos humanos en las negociaciones. Los candidatos deben afirmar con claridad que sólo es posible construir una paz duradera sobre la justicia y el respeto de los derechos humanos.”

“El gobierno de Colombia no ha garantizado la protección de la población civil, que sigue siendo la parte más afectada por los peores excesos del prolongado conflicto armado interno. Este conflicto ha destruido la vida de millones de colombianos y afecta diariamente a la vida de un número incalculable. "

Los datos son increíbles. Según un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, órgano gubernamental, ha habido:

• casi 220.000 homicidios relacionados con el conflicto, el 80 por ciento de civiles, entre 1958 y 2012;


• al menos 25.000 víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2012;


• alrededor de 27.000 víctimas de secuestro entre 1970 y 2010;


• más de cinco millones de víctimas de desplazamiento forzoso entre 1985 y 2012

Sólo en 2013, más de 70 defensores y defensoras de los derechos humanos y al menos 27 sindicalistas fueron víctimas de homicidio, según datos de organizaciones de derechos humanos colombianas.

En su carta, y en una campaña amplia, Amnistía Internacional pide a los candidatos presidenciales que anuncien las medidas concretas que piensan adoptar en asuntos clave de derechos humanos, entre otros:

La protección de la población civil, especialmente de los grupos y comunidades más expuestos a sufrir abusos y violaciones de derechos humanos:

• las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de personas desplazadas a la fuerza;


• los defensores y las defensoras de los derechos humanos, incluidos sindicalistas y líderes comunitarios;


• las mujeres en peligro de sufrir violencia relacionada con el conflicto.

Verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos:

• Investigaciones completas a cargo de tribunales civiles sobre todos los abusos y violaciones graves de derechos humanos y el procesamiento de todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales delitos.


• Desarticulación real de los grupos paramilitares y sus estructuras de apoyo y ruptura de sus conexiones con sectores de las fuerzas de seguridad.


• Reparación integral a todas las víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto del conflicto armado.

Aunque reconoce que ha habido algunos avances en materia de derechos humanos en Colombia, lo que Amnistía Internacional describe en su carta es un país que todavía acusa los efectos de un conflicto armado interno que ha durado 50 años.

El presidente Juan Manuel Santos, a diferencia de su predecesor, Álvaro Uribe, ha reconocido que Colombia sigue estando en medio de un conflicto armado y que las hostilidades se han cobrado millones de víctimas. Y, con todos sus defectos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del gobierno ofrece al menos un atisbo de esperanza a algunas víctimas del conflicto, aunque no a todas.

“Reconocer la realidad del conflicto armado es un paso positivo pero no es suficiente. Las amenazas, secuestros, desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas y homicidios que cometen a diario las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares y guerrilleros deben terminar”.

Amnistía Internacional viene denunciando desde hace varios años el apoyo del gobierno a varias medidas legislativas que amenazan con elevar unos niveles de impunidad que ya son altos.

“Tales iniciativas permitirían eludir la acción de la justicia a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos y les transmitiría el mensaje de que el Estado tolera que se cometan más atrocidades.  Un asunto acuciante para el nuevo presidente de Colombia será garantizar la aplicación de medidas integrales y efectivas que garanticen el derecho de toda la ciudadanía a vivir sin violencia, así como el derecho de todas las víctimas del conflicto a obtener verdad, justicia y reparación”, manifestó AI.

“Colombia debe enfrentarse a su pasado y su presente para poder avanzar hacia el futuro. Pedimos a los candidatos presidenciales que tengan presente esta verdad sencilla y esencial.”