Enviamos esta carta abierta para hacerle saber las graves preocupaciones que tiene Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Argentina bajo su gobierno. Desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio. Sin embargo, nos alarma que en 10 meses de gobierno la pobreza no haya disminuido, sino que, al contrario, se ha incrementado. Además, las libertades públicas están amenazadas.
A continuación, presentamos algunos de los puntos que suscitan nuestra atención y, por ello, le solicitamos que respete y garantice los derechos humanos de todas las personas.
La libertad de expresión bajo ataque
Amnistía Internacional lamenta que su administración encabece una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales. Estos mensajes han sido multiplicados por integrantes de su gobierno, especialmente en las plataformas digitales X y TikTok, generando con frecuencia aluviones de agresión y odio. Desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión. El desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por su administración.
Su gobierno también ha tomado medidas contra el espacio cívico físico, especialmente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales – gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro- tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales. De la mano de las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social, parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Destacamos el caso de Matías Aufieri, quien perdió la visión de su ojo izquierdo después del impacto de una bala de goma durante una manifestación el 1 de febrero de 2024, en las afueras del Congreso de la Nación. Asimismo, el 12 de junio, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a centros de detención en el marco de las protestas en rechazo a la “Ley de Bases” que incluía serias medidas de austeridad.
En una carta enviada a su administración, relatorías especiales de las Naciones Unidas pidieron al gobierno que revisara las normas sancionadas en materia de restricción a la reunión pacífica, a la luz de los estándares internacionales para evitar violaciones a este y otros derechos. El Comité de los Derechos del Niño en sus recomendaciones de septiembre de este año, llamó a fortalecer el derecho de los niños a la libertad de asociación y de reunión pacífica, incluyendo la derogación de las disposiciones en el Protocolo que restringen los derechos de los niños a participar en protestas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública y condenó que el Estado argentino asociara la manifestación social con un "golpe de Estado" y que calificara a las personas manifestantes como "terroristas".
También nos preocupa que, en nombre de la seguridad, las autoridades argentinas hayan avanzado en regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial para vigilar de manera masiva e indiscriminada a las personas. Estas medidas imponen un sistema de “ciberpatrullaje” que vulnera los derechos a la privacidad, libertad e intimidad.
La libertad no avanza con hambre y precariedad económica
En el plano económico, las políticas de ajuste junto con una escalada en los precios generaron un impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Su administración ha presumido internacionalmente un histórico superávit que no sucedía desde hace 16 años. Sin embargo, éste ha tenido un elevado costo sobre la población: el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando su gobierno tomó posesión, al primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, más de un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar; y el ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la canasta Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como la alimentación, vestido y traslado.
Además, en el primer trimestre de 2024, se produjo un hecho inédito: desde que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) implementó una nueva metodología de medición en 2016, los haberes mínimos de las personas mayores alcanzaron mínimos no observados: casi la mitad de la línea de pobreza. El impacto en las mujeres adultas mayores es más alarmante aún, por su histórica sobrerrepresentación en el mercado de trabajo no registrado: sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse, entre 55 y 59 años, cuenta actualmente con más de 20 años de aportes jubilatorios requeridos por la ley argentina para acceder a una pensión.
En lugar de dar respuesta a esta situación, su gobierno ha anunciado el interés de aumentar la edad jubilatoria o propuesto otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes, que implicarían ingresos incluso por debajo de la jubilación mínima y de los costos de vida de una persona. Esta medida seguramente orillará a que más personas mayores, especialmente mujeres, vivan por debajo de la línea de pobreza.
La libertad no distingue género
Por otro lado, repudiamos que el gobierno ha librado una batalla contra los derechos de las mujeres.
Presidente: cada hora cinco niñas y adolescentes menores de 20 años se convierten en madres en Argentina. Aunque una buena parte de estos embarazos son no intencionales e incluso son resultado de violencia sexual, su administración echó atrás una política que exitosa. El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) contribuyó a bajar la tasa de fecundidad adolescente en un 49% en los últimos 4 años, conforme informó el Fondo de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo. Aun así, el Ministerio de Salud lo desmanteló con la finalización del contrato de 619 especialistas y el recorte de insumos.Así, recayó sobre la discrecionalidad y solvencia de los gobiernos provinciales el continuar o no con estos contratos.
Adicionalmente, en materia de salud sexual y reproductiva, Usted ha usado su investidura en foros nacionales e internacionales para referirse a la interrupción voluntaria del embarazo como la “agenda sangrienta del aborto”, junto a otras retóricas estigmatizantes e información falsa. Si bien la ley de aborto sigue vigente, a pesar de iniciativas parlamentarias para derribarla, las políticas de su administración amenazan la adquisición y distribución de insumos esenciales para garantizar abortos seguros en el país.
Las políticas de respuesta a la violencia de género también fueron desarticuladas, reduciendo sensiblemente el personal a cargo de la línea 144, número telefónico destinado a atender a mujeres víctimas de violencias. Este debilitamiento institucional pone en riesgo la vida de miles de mujeres en el país, considerando que en Argentina se registra un femicidio cada 35 horas, según el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es urgente que reviertan las medidas contra las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de todas las personas, por lo que Amnistía Internacional exhorta a Ud. especialmente y a su gobierno a:
- Abstenerse del uso de discursos y mensajes violentos e intimidatorios, en especial dirigidos a la labor de periodistas y medios de comunicación, que promueven un clima de hostigamiento, censura y restricciones a la libertad de expresión.
- Respetar y proteger el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de reunión, de asociación, y el derecho a defender los derechos humanos, derogando la Resolución 943/2023, adoptando una normativa respetuosa de los derechos humanos, y garantizando la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza.
- Evitar el uso indebido de la herramienta penal para el hostigamiento a manifestantes como forma de restricción del derecho a la protesta pacífica.
- Garantizar las condiciones de vida de las personas mayores mediante recursos y servicios de calidad, atendiendo con urgencia la situación de quienes cobran la jubilación mínima y no logran cubrir los gastos básicos de vida.
- Adoptar todas las medidas a su alcance para proteger el ingreso y calidad de vida de las personas en medio del incremento de precios y costo de vida, con un enfoque de no regresividad y derechos humanos.
- Garantizar el derecho de las mujeres, en todas sus diversidades, a vivir una vida libre de violencia. Lo cual incluye revertir medidas institucionales que han limitado la respuesta, protección y acceso a justicia de víctimas de violencia de género, así como asegurar el presupuesto necesario para el fortalecimiento de políticas públicas que tienen por objeto reducir la desigualdad de género.
- Asegurar el derecho de la salud y a la autonomía reproductiva, entre otras cosas, a través de la provisión de los insumos y recursos (presupuestarios, humanos, materiales, edilicios) destinados a sostener el acceso a cuidados y servicios de salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional, incluyendo el acceso al aborto.
- Garantizar la continuidad y el fortalecimiento del Plan Nacional de Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, incluyendo presupuesto suficiente para proveer los insumos, instalaciones y recursos técnicos y humanos necesarios para una efectiva y adecuada implementación a nivel nacional.
La libertad, señor presidente, no es un concepto aislado, es un derecho humano reconocido y protegido por el derecho internacional que vincula al Estado argentino y a todas sus instituciones. La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad.
Señor presidente: para que la libertad avance, Ud., como jefe de Estado, debe garantizar y velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos por igual.
