En los próximos días se llevará a cabo la votación sobre la despenalización del aborto y seremos espectadores de un evento histórico en nuestra sociedad.

El debate llevado a cabo por la Cámara de Diputados en estos casi dos meses, mediante un proceso participativo, abierto, transparente, informativo y plural no puede más que celebrarse. El compromiso asumido por los presidentes y presidentas de las cuatro comisiones nos deja una imagen digna de recordar y adoptar para futuros procesos: se trabajó de forma mancomunada, y cada martes y jueves participaron varios diputados y diputadas escuchando las diferentes posiciones de referentes y especialistas de diversos ámbitos y disciplinas.

Amnistía Internacional es una de las organizaciones de derechos humanos de mayor trayectoria y reconocimiento por el trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ello contamos con el apoyo de siete millones de personas en el mundo.

Como organización especialista en el derecho internacional de los derechos humanos, les queremos decir que quienes acompañen con su voto el aborto legal, lo harán amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional. Lo harán en ejercicio del respeto por los derechos humanos de las mujeres y en resguardo del derecho a la igualdad, a la vida, a la integridad física, a la libertad, y a no sufrir torturas ni malos tratos.



Recordarles que la comunidad internacional está observando a nuestro país, que ya fue en varias oportunidades llamado a modificar su legislación, por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres.

En noviembre de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado argentino que “acelere la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo aumentando el acceso legal al aborto, no solo en los casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la madre, sino también en otras circunstancias” (par. D. 33. d).

A su vez, también durante 2016, el Comité de Derechos Humanos exhortó al Estado argentino a revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo excepciones adicionales a la prohibición del aborto (par. C. 12).

Por último, precisamente ayer, el Comité de los Derechos del Niño llamó a Argentina a garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y de atención post-aborto para niñas y adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre sean escuchadas (par. F. 32 b).

Surge con claridad que, asociar la interrupción legal del embarazo a un crimen, no tiene ningún respaldo en el derecho internacional. No existe justificación alguna para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo. El consenso en este sentido es amplio, lo han sostenido: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estado Americanos (OEA); el Comité de Derechos Humanos; el Comité de los Derechos económicos, sociales y culturales; el Comité de los Derechos del Niño; el Comité contra todas las formas de discriminación contra la mujer; el Relator sobre el derecho a la Salud; el Relator sobre la Tortura de Naciones Unidas (ONU); y la Organización Mundial de la Salud.

Las encuestas reflejan que más de la mitad de la población está a favor de la despenalización del aborto.

Amnistía Internacional considera que los legisladores tienen la oportunidad de reparar una deuda de la democracia, pero también la obligación de honrar los compromisos que el país asumió en materia de derechos humanos y que son parte de nuestra Constitución.