La provincia de Mendoza tiene la obligación de investigar las denuncias de tortura en las cárceles

Amnistía Internacional manifestó a través de una carta al gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, su preocupación por las denuncias de tortura, malos tratos y hacinamiento en las cárceles de la provincia que se han recibido en los últimos años. En consecuencia, le pidió que cumpla con lo establecido por los tratados internacionales en la materia firmados por la Argentina, que obligan a llevar a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre denuncias de tortura y malos tratos y garantizar que los responsables comparezcan ante la Justicia.

La carta al gobernador Pérez fue enviada al cumplirse seis años de la entrada en vigor de la ley provincial 7930, sancionada como consecuencia del acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en agosto de 2004 había dictado medidas cautelares tendientes a garantizar la seguridad de los reclusos y mejorar las condiciones en dos cárceles mendocinas.

Amnistía Internacional entiende que luego de la sanción de la ley hubo ciertas mejoras, pero que la situación ha empeorado de forma preocupante a medida que fueron pasando los años. Así, la organización internacional de derechos humanos recibió denuncias que indican, entre otras cosas que: entre junio de 2013 y junio de 2014 se habrían producido al menos nueve muertes por hechos violentos o suicidios en las cárceles provinciales; se habría amenazado y torturado a dos presos que contribuyeron a la divulgación de imágenes de torturas y malos tratos (uno de esos presos, Matías Tello, quien falleció en 2012, había sido golpeado antes de morir, según estudios médicos); las condiciones sanitarias y de higiene serían deplorables y también faltaría asistencia médica y psicológica; se ha denunciado que se ha sometido a presos a reclusión en condiciones de aislamiento por más de 20 horas al día. Varias decisiones judiciales dictadas en los últimos meses reflejan estas cuestiones.

Como parte del acuerdo de solución amistosa entre Mendoza y los peticionantes ante la CIDH, se creó la figura del procurador a favor de las personas privadas de libertad, que empezó sus funciones en febrero pasado. Sin embargo, el procurador no tiene recursos para cumplir sus funciones en forma cabal, ya que fue nombrado sin presupuesto, no dispone de oficina, personal ni un teléfono fijo. Esto limita su efectividad para seguir las denuncias de torturas u otras violaciones a los derechos humanos en las cárceles provinciales.

Esta no es la primera vez que Amnistía Internacional alerta sobre la situación e los presos en Mendoza. En 2005, la organización afirmó que las condiciones de detención implicaban tratos crueles, inhumanos y degradantes. En 2009 dio cuenta de nuevas denuncias.

Amnistía Internacional señaló que el sexto aniversario de la ley que validó el acuerdo de solución amistosa es “una gran oportunidad para abordar de manera concreta medidas que efectivamente puedan enfrentar los problemas”.

La carta fue enviada con copia al Canciller, Héctor Timerman; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak; a la Subsecretaria de Justicia de Mendoza, Romina Ronda; al Procurador a favor de las personas privadas de libertad en Mendoza, Fabricio Imparado; y al Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de libertad de la CIDH, Comisionado James Cavallaro.

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