Buenos Aires 18 de diciembre de 2013.- Amnistía Internacional señaló al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y al ministro de Salud, Juan Luis Manzur, que tanto las provincias como el estado nacional tienen la obligación de garantizar el acceso a abortos no punibles. En cartas enviadas a los funcionarios, la organización de derechos humanos manifestó su preocupación por el caso de una niña de 14 años, embarazada tras haber sido abusada por su padrastro, quien, con el acompañamiento de su madre, se presentó en el Hospital Público Materno Infantil de Salta para realizarse la práctica. Un juez le negó el acceso al aborto no punible, luego de la intervención de una asesora de incapaces.

Amnistía Internacional advirtió que el estado argentino se está exponiendo ante instancias internacionales por el no cumplimiento de compromisos asumidos. Distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos han señalado que, en casos de violación o de riesgo para la salud o la vida de la mujer, los estados deben garantizar el acceso a un aborto seguro, sin imponer restricciones como la obligación de obtener autorización judicial o de realizar denuncia policial o consulta a una junta médica. La negación de ese derecho -han reconocido- puede constituir, en determinadas circunstancias, una forma de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Esto ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia, que en su fallo F.A.L., del 12 de marzo de 2012, reconfirmó los estándares internacionales que deben implementarse en todo el territorio argentino.

La niña, golpeada y violada por su padrastro, quedó embarazada pero no pudo acceder al aborto legal porque lo prohibió el juez de Salta Víctor Soria. El magistrado así violó sus derechos fundamentales y también los de todas las mujeres y niñas que habitan en la provincia de Salta, porque declaró la inconstitucionalidad del Protocolo de Actuación dictado por el gobierno provincial, que establece los requisitos para el acceso al aborto no punible en el territorio salteño, de acuerdo a lo establecido por la Corte Suprema.

“El Estado nacional y las provincias tienen la obligación de proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas, que es un derecho humano. El abuso sexual es la negación más extrema de este derecho. En este caso, la niña no sólo sufrió violencia de género, sino también violencia institucional, ya que un juez, en forma ilegal, le negó el acceso a derechos fundamentales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “Cualquier acción de un funcionario público –agregó- que atente contra estos principios, al hacer primar sus creencias personales por sobre los derechos fundamentales de las personas, está comprometiendo la responsabilidad del Estado”.

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