Falta de información, negación de la atención, traslados innecesarios…. esas son algunas de las barreras que enfrentan las mujeres en diferentes partes del país que necesitan acceder a su derecho al aborto.
“Hace más de dos años que desde Amnistía Internacional monitoreamos la implementación de la ley y pese a que existen enormes avances, muchas veces liderados por profesionales de la salud comprometidos con los derechos de las mujeres, todavía proliferan barreras para acceder al aborto. Esos obstáculos van desde falta de campañas masivas de información que derivan en la escasez de conocimiento de la ley por parte de las mujeres; el uso abusivo de la objeción de conciencia, equipos de salud reducidos, falta de ecógrafos disponibles, y derivaciones y dilaciones innecesarias”, compartió Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina durante una conferencia de prensa brindada en Ushuaia.
A casi tres años de la aprobación de la ley 27.610 de Interrupción Legal (ILE) y Voluntaria (IVE) del Embarazo, el acceso al aborto seguro, legal y gratuito se ha implementado de manera desigual a lo largo y ancho del país, donde las mujeres tanto en localidades grandes como en las más pequeñas encuentran obstáculos y costos invisibles para practicarse la IVE.
Ante esta situación, Amnistía Internacional viajó a Tierra del Fuego, provincia en donde al menos tres departamentos - Rio Grande, Ushuaia y Tolhuin - presentan realidades diferentes pero con un denominador común: el sistema se sostiene gracias al esfuerzo y compromiso de pocos profesionales que dan respuesta y acceso a la práctica. Allí la organización cuestionó el hecho de que en la ciudad más poblada de la provincia la objeción de conciencia de profesionales del Hospital General de Rio Grande impida que mujeres puedan acceder a un aborto. Sin embargo, reconoció los pasos en pos de construir canales de conversación y exhortó a las autoridades a adoptar medidas de carácter inmediato para promover el cumplimiento de la ley 27.610, por ejemplo a través de la contratación de un equipo de profesionales no objetores.
En Tierra del Fuego, la misión presentó un reclamo administrativo, se reunió con autoridades y referentes, lanzó una campaña audiovisual y culminó su viaje con una conferencia de prensa en Ushuaia.
❄️ Misión Austral
En 2021, Amnistía Internacional (AI) ya había viajado a Tierra del Fuego y había registrado fallas en la implementación de la ley de aborto. De hecho, como conclusión de aquella visita, había publicado un contundente informe.
Es por esto que, ante la falta de avances, el equipo legal presentó un reclamo administrativo.
“Somos conscientes de los enormes esfuerzos y avances que se han alcanzado, pero también de las oportunidades para seguir fortaleciendo el sistema sanitario. Por eso, en el marco del reclamo, pedimos a la autoridad administrativa, entre otras cuestiones, promover una instancia o mesa de diálogo en donde referentes del ministerio de salud con cargo jerárquico, directores de hospitales, equipos profesionales del primer y segundo nivel, las organizaciones y mujeres podamos trabajar constructivamente para derribar obstáculos y proyectar propuestas para el acceso al aborto”, agregó Paola García Rey.
La misión tuvo una agenda con diversos encuentros. En primer lugar, el equipo estuvo en Río Grande donde se reunió con médicos, organizaciones y con autoridades del Hospital Regional de esa ciudad. Luego, en Ushuaia también dialogó con activistas, profesionales de la salud y con la dirección del Hospital de esa ciudad. Como corolario, el equipo junto a organizaciones locales ofreció una conferencia de prensa.
“Que exista un respaldo institucional a la tarea de los profesionales que se comprometen y cumplen la ley es clave para hacer del acceso a la interrupción del embarazo una real política sanitaria. Las autoridades de Tierra del Fuego deben garantizar que los servicios de salud estén al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, las niñas y las adolescentes”, sostuvo Mariela Galeazzi, directora de Litigio de la organización.
"En ese primer contacto de las mujeres y personas con capacidad de gestar que necesitan asesoramiento para lograr el acceso a su derecho al aborto a través del llamado a la Línea Verde, muchas veces somos la primera persona a la que pueden manifestarnos sus miedos, sus inseguridades y sus voluntades", dijo Ayelén Martínez, representante de la organización feminista La Hoguera.
📊 Cifras
Entre 2021 y 2022 se garantizaron más de 800 abortos en la provincia tanto en el primer nivel (atención primaria de la salud) como en el segundo nivel (hospitales). Como corresponde por tratarse de una práctica de salud que puede garantizarse de manera ambulatoria y segura, en su gran mayoría los abortos se resolvieron en el primer trimestre de embarazo.
Entre 2021 y 2022 se garantizaron más de 800 abortos en la provincia tanto en el primer nivel (atención primaria de la salud) como en el segundo nivel (hospitales). Como corresponde por tratarse de una práctica de salud que puede garantizarse de manera ambulatoria y segura, en su gran mayoría los abortos se resolvieron en el primer trimestre de embarazo.
En Rio Grande, con motivo de la objeción de conciencia del servicio de salud, ocurrieron al menos 43 traslados de abortos que requerían una internación o de edades gestacionales superiores a 12 semanas.En el año 2021 y 2022, se realizaron en Ushuaia 74 interrupciones en el segundo nivel, 34 de las cuales, correspondieron a pacientes de Río Grande. Es decir que el total de interrupciones del embarazo realizadas a pacientes de Río Grande en el Hospital Regional de Ushuaia representa aproximadamente el 50% de las interrupciones que realizó dicho Hospital. Este dato, asimismo, no muestra aquellos casos de pacientes de Río Grande que optan por trasladarse directamente a Ushuaia por sus propios medios sin siquiera pasar por el sistema de salud de su propia localidad para evitar mayores obstáculos.
📺 Campaña "Casi iguales ante la ley"
Amnistía Internacional Argentina lanzó una campaña para alertar ante la desigual implementación de la ley IVE. Los videos y posteos de redes sociales remarcan remarcan que tal injusticia implica que las personas que requieren un aborto legal deben asumir costos invisibles, que impactan en su salud y en su economía, que con una correcta implementación no deberían existir.Entre los puntos claves que dificultan el acceso al aborto legal, Amnistía Internacional Argentina destaca la limitada disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, la falta de capacitación a profesionales de la salud, la necesidad de fortalecer el acceso a la atención post evento obstétrico, y la deficiente Educación Sexual Integral (ESI), incluyendo la falta de capacitación docente.
Amnistía Internacional brinda asesoramiento a personas que hayan experimentado dificultades en el acceso al aborto. En este formulario se difunde más información.
