Mañana se cumple el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se expida en la causa contra Belén y resuelva la apelación presentada por su abogada, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir. Las organizaciones que nos presentamos como amicus curiae ante el tribunal consideramos que Belén debe ser absuelta y su condena, anulada.

Belén es hoy un caso paradigmático de cómo la criminalización del aborto recae de manera desigual y discriminatoria sobre las mujeres pobres y jóvenes, y cómo la política penal cercena su derecho a la salud. Belén llegó a un hospital público de Tucumán sin saber que estaba embarazada, con dolor de panza. No sabía que era un “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”, como anotó el médico en su historia clínica.

Lo que ocurrió con Belén después de ese momento fue una larga cadena de violaciones de sus derechos por parte del Estado. Belén salió del hospital hacia una cárcel, en la que estuvo más de dos años con prisión preventiva. A fines de abril de 2016 fue condenada a ocho años por "homicidio agravado por el vínculo". El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basó parte de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos que se le imputaron, antes que afirmarse en la existencia de pruebas.

La Corte tucumana, con su decisión, puede sentar las bases para que no existan otros casos como el de Belén y dar un mensaje claro a los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas, a quienes integran los servicios de salud y al sistema de justicia, para que el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres sean centrales en sus acciones. También puede convocar a modificar las prácticas que son contrarias a los derechos humanos. Ese mensaje ayudaría a que las  mujeres, niñas y adolescentes confíen en los servicios de salud y no sean sometidas a decidir entre la vida o la cárcel.