Mohamed Ali Saidi, de 27 años, formaba parte de un grupo de saharauis que fueron detenidos el 9 de mayo de 2013 por presuntos actos violentos de protesta cometidos durante una manifestación que se había celebrado en El Aaiún cinco días antes en favor de la autodeterminación. Afirma que los agentes amenazaron con violarlo antes de someterlo a otras formas de tortura y malos tratos durante los tres días que estuvo bajo custodia policial. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:
Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Era de cristal.
Añadió: Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada [...] Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara.
Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones. Entrevista, El Aaiún, 13 de junio de 2014.
Otro manifestante detenido el mismo día, Mohamed Garnit, de 24 años, también dijo que los agentes habían amenazado con violarlo con una botella de cristal tras dejarlo en ropa interior.
Explicó que amenazaron también con matarlo, lo golpearon estando colgado en la postura del "pollo asado" (postura en tensión consistente en poner a la víctima cabeza abajo, colgada por las rodillas y las muñecas de una barra, y encogida de manera que soporte una gran tensión en las rodillas y los hombros) y le taponaron la boca con un trapo empapado en orines y lejía. Los agentes le agarraron la mano y lo obligaron a firmar varios informes de interrogatorio y a poner la huella dactilar en otros documentos. Dijo que posteriormente supo que sus "confesiones" implicaban a otras dos personas a quienes ni siquiera conocía en aquel momento.
El abogado de estos dos jóvenes explicó a Amnistía Internacional que ambos habían dicho al juez de instrucción que los habían torturado, especificando que había sido con objeto de hacerlos "confesar". Mohamed Ali Saidi contó que había mostrado al juez las marcas que tenía en la cara, y éste había hecho caso omiso de ellas. Mohamed Garnit explicó así lo ocurrido al mostrarle sus lesiones al juez:
Nos llevaron a ver al juez de instrucción el domingo temprano, cuando el juzgado estaba vacío. Al enseñarle mis heridas y decirle que los agentes de policía me habían torturado, alzó la manos al aire y dijo: "¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres, que vaya contigo a pegarles?”
En ambos casos, el tribunal no ordenó realizar ninguna investigación sobre la tortura ni hizo tampoco nada cuando las familias de los jóvenes presentaron denuncias de tortura.
Mohamed Ali Saidi, Mohamed Garnit y otras personas pasaron cinco meses en detención preventiva antes de ser puestos en libertad bajo fianza tras la primera vista de su juicio. Dos años después de su detención, las causas abiertas contra ellos continúan pendientes.
En otros casos, las víctimas contaron a Amnistía Internacional que las habían torturado o sometido a otros malos tratos por negarse a firmar informes de interrogatorio o no responder a determinadas preguntas.
Abdelaziz Redaouia, de 34 años y de doble nacionalidad, francesa y argelina, dijo que la policía lo había detenido en Tánger el 5 de diciembre de 2013, cuando se encontraba de vacaciones, y lo había llevado a la sede de la Brigada Nacional de la Policía Judicial en Casablanca, donde afirmó que lo habían recluido, interrogado y torturado. Explicó que los agentes, que iban vestidos de civil, lo habían acusado de robo de vehículo con intimidación, posesión ilegal de armas de fuego y, finalmente, delitos de drogas.
Describió cómo lo habían torturado para obligarlo a firmar un informe de interrogatorio que no le dejaron leer y para incriminar a otras personas en delitos que no habían cometido. Dijo que los agentes le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y lo golpearon en las plantas de los pies estando colgado. Añadió que no había tenido intérprete durante el interrogatorio, que fue en árabe, idioma que apenas entendía.
Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel. Abdelaziz Redaouia afirma que dijo al tribunal en varias ocasiones que los agentes lo habían torturado, pero que los jueces no ordenaron realizar ningún examen médico ni investigación de sus denuncias. El 18 de febrero de 2014, el tribunal lo declaró culpable de posesión de drogas, narcotráfico y fraude y lo condenó a dos años de prisión y al pago de una multa, pena que se confirmó en apelación. La sentencia condenatoria se basó en su cuestionable informe de interrogatorio sin firmar. El tribunal declaró también culpables a otras tres personas acusadas en la misma causa.
Varios estudiantes explicaron que las fuerzas de seguridad los habían detenido y torturado o sometido a otros malos tratos antes de manifestaciones que iban a celebrarse en la universidad, aparentemente con objeto de disuadir tanto a ellos como a quienes lo estuvieran viendo de expresar su disidencia. Algunos dijeron que los habían maltratado en presencia de otros estudiantes, dando así muestra sin reparo de impunidad.
El 27 de marzo de 2012, la víspera de una manifestación convocada en la Universidad Ibn Toufail de Kenitra, unos agentes de las fuerzas de seguridad golpearon en el campus universitario al activista estudiantil Abderrazak Jkaou hasta dejarlo inconsciente.
Varios testigos confirmaron el siguiente relato que ofreció el joven, de 27 años, a Amnistía Internacional describiendo lo ocurrido:
Fue una violencia brutal, como si les produjera placer golpearme. Los agentes me rodearon [...] Algunos llevaban largos palos. Me golpearon de la cabeza a los pies. Luego, un agente vestido de civil agarró una esposa con el puño y me golpeó entre los ojos. Perdí el sentido y me desplomé. Luego llegaron los demás y me pisotearon en la vejiga, hasta que me oriné. Me golpearon hasta que me desmayé, y entonces me arrojaron fuera de la universidad, como advertencia a otros estudiantes. Los estudiantes pensaron que estaba muerto.
Cuando regresó a la universidad al día siguiente, las fuerzas de seguridad lo detuvieron, junto con decenas de estudiantes más, al disolver la manifestación. Según contó, los agentes lo golpearon, amenazaron con violarlo con una porra, escupieron sobre él al detenerlo y lo llevaron a la comisaría. La policía lo sometió de nuevo a malos tratos al tomarle declaración, cuando lo tuvieron cuatro horas de rodillas, de cara a la pared y con las manos esposadas a la espalda, y le propinaron constantemente patadas y bofetadas en la cabeza al interrogarlo. Al igual que otros 10 estudiantes detenidos el mismo día, algunos de los cuales dijeron a Amnistía Internacional que también habían sufrido abusos, fue acusado formalmente y procesado en virtud del informe del interrogatorio, que aseguraba que la policía lo había obligado a firmar bajo custodia.
Según contaron a Amnistía Internacional, cuando los 11 estudiantes comparecieron ante el fiscal general de la Corona tras pasar tres días bajo custodia policial, varios presentaban lesiones, como contusiones, hinchazón y cortes en la cara y el cuerpo, y tenían también la ropa manchada de sangre. El fiscal general tomó nota de la lesiones y, sorprendentemente, accedió a la solicitud de los abogados de pedir exámenes médicos.
Los exámenes se realizaron semanas más tarde, y los abogados dijeron a Amnistía Internacional que en los informes consiguientes se determinó que los estudiantes habían sufrido lesiones. No obstante, los estudiantes explicaron que muchas de las lesiones que presentaban estaban muy atenuadas en el momento de los exámenes por el tiempo transcurrido. Algunos hicieron hincapié en que el médico no los tocó durante el breve examen que les practicaron o no les preguntó por síntomas o lesiones no visibles, y que no les hicieron ninguna evaluación psicológica. El estudiante Brahim El Guelai recordó:
El examen se hizo tarde, así que ya casi me habían desaparecido las lesiones. Sólo nos miró; no nos hizo preguntas ni nos tocó. Era mero trámite: los exámenes duraban cinco minutos por persona. No hizo ninguna pregunta sobre lesiones no visibles, dolores de cabeza o trauma psicológico. En los certificados médicos se restó importancia a las lesiones de algunos compañeros, que las tenían todavía muy visibles.
El tribunal abrió una investigación, pero dijo que las pruebas no eran concluyentes, porque los estudiantes que aseguraban que los habían torturado con los ojos vendados no podían identificar a sus torturadores. Hizo caso omiso de las denuncias de los estudiantes y condenó a todos a seis meses de prisión por "insultar y agredir" a agentes de las fuerzas de seguridad, "rebelión", "dañar bienes públicos", "llevar armas" e "intentar allanar una residencia privada". Para tomar su decisión, el tribunal se basó en los informes de interrogatorio de la policía, que los acusados dijeron que los habían obligado a firmar.
Viandantes que no están a salvo de la fuerzas de seguridad Khadija (nombre cambiado para proteger la identidad)
Aunque entre las personas que contaron que habían sido detenidas y torturadas había activistas estudiantiles conocidos, otras eran simples viandantes. Khadija es una joven de voz suave, estudiante de primer curso en la Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez. No es activista, pero, el 29 de marzo de 2014, cuando regresaba a la residencia de estudiantes después de clase, pasó por la zona de Dhar El Mehraz de la Universidad precisamente en el momento en que se disolvía con violencia una manifestación. Describió así, a Amnistía Internacional, como había sido detenida y torturada por miembros de la Unidad Móvil de
Intervención (Corps mobile d’intervention, CMI) y otros agentes de policía:
Cuando regresaba de clase, se me acercaron por detrás tres policías antidisturbios de la CMI y me hicieron tropezar. Me caí, y me arrancaron el pañuelo de la cabeza y me golpearon. Luego me arrastraron por las piernas, boca abajo, hasta su furgoneta. Dentro había alrededor de 10 agentes más esperando. Fue entonces cuando más me golpearon. Durante media hora o más, me golpearon, me llamaron "prostituta" y profirieron insultos contra mi madre y amenazaron con violarla [...]
En la comisaría, me dejaron en una oficina con la puerta abierta. Los policías no hacían más que entrar y salir, y me zarandeaban, amenazaban con violarme, me tiraban de la ropa para intentar quitármela [...] Unos dijeron: "Si te vemos por la universidad otra vez, te vamos a violar".. Cada vez que entraba un agente nuevo, yo esperaba que tuviera algo de compasión, pero no hacía más que amenazar con violarme o insultarme, mientras los otros se reían.
Khadija dijo que la policía la dejó en libertad sin cargos a las nueve de la noche. Como no tenía dinero, no le quedó más remedio que arriesgarse a ir caminando, sola y de noche, desde el centro de la ciudad hasta la residencia de estudiantes. Contó:
Descubrí que nos torturan en nuestro propio país y que los agentes de policía no respetan a las mujeres. Dicen que Marruecos es un país democrático, con derechos humanos y libertades. Pero comprendí que no lo es en absoluto. Quienes no tienen dinero no tienen nada.
Encarcelada por denunciar, Wafae Charaf.
Wafae Charaf, activista de los derechos humanos de 27 años, que trabaja con grupos políticos y de defensa de los derechos de los trabajadores en Tánger, está en la cárcel, condenada por "denuncia falsa" y "calumnia" como consecuencia de haber presentado una denuncia de secuestro y tortura.
En la denuncia dijo que dos hombres vestidos de civil se la habían llevado, secuestrada, de una manifestación sindical celebrada en Tánger el 27 de abril de 2014. Explicó que la habían obligado a subir a un vehículo sin distintivo alguno, le habían vendado los ojos y la habían golpeado y amenazado con someterla a más violencia si no renunciaba a su activismo, todo ello durante alrededor de tres horas, al cabo de las cuales la dejaron marchar. Tres días más tarde interpuso una denuncia por "secuestro y tortura" ante el fiscal general de la Corona en el Tribunal de Apelación de Tánger, respaldada por un certificado médico donde se especificaban
sus lesiones.
La familia de Wafae contó que la policía había llevado a cabo una investigación sobre la denuncia durante las semanas siguientes y que había prometido protegerla de nuevas agresiones si retiraba la denuncia. Wafae insistió en que tenía derecho a presentar una denuncia y a que se investigara ésta debidamente. Su familia y una persona que es activista local de los derechos humanos afirman que al tomarle declaración le preguntaron extensamente sobre los consejos obreros de Tánger y el activismo político en la ciudad, pese a que no tenía nada que ver con su denuncia. Aseguraron que Wafae se desmayó varias veces mientras le hacían las preguntas y tuvo que ser ingresada posteriormente en un centro médico privado. Allí, los médicos determinaron que estaba sometida a mucha presión psicológica y que no estaría en condiciones de responder a más preguntas hasta que no su salud mental no mejorara, pero los agentes continuaron interrogándola.
Al negarse a retirar la denuncia, el 8 de julio de 2014 unos agentes de policía se la llevaron detenida por cargos de difamación y "denuncia falsa", y quedó sometida a detención preventiva. El 12 de agosto de 2014, el Tribunal de Primera Instancia de Tánger declaró a Wafae Charaf culpable de todos los cargos y la condenó a un año de prisión y al pago de una multa, así como a abonar a la policía la suma de 50.000 dírhams (alrededor de 5.000 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización. Según un abogado defensor, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de llamar a determinados testigos y de revelar unas pruebas de cargo obtenidas al parecer mediante la interceptación de mensajes telefónicos. La condena se aumentó a dos años en apelación. Amnistía Internacional considera a Wafae Charaf presa de conciencia, encarcelada únicamente por ejercer su derecho a denunciar malos tratos, y pide que sea puesta en libertad de inmediato y sin condiciones.
En busca de justicia fuera del país -El Mostapha Naim
Ante la inacción judicial tras sus demandas de rendición de cuentas y, en particular, la renuencia de las autoridades a investigar sus denuncias de tortura, algunas personas que han sufrido tortura bajo custodia en Marruecos han comenzado interponer denuncias en Francia.
El Mostapha Naim, de 30 años y doble nacionalidad, marroquí y francesa, pide justicia por presunto secuestro, detención secreta y tortura sufridos en 2010. Contó a Amnistía Internacional que los servicios de inteligencia marroquíes lo habían secuestrado el 1 de
noviembre de 2010 en Algeciras, España, y lo habían obligado a tomar a un ferry con rumbo a Marruecos, junto con su esposa, que estaba embarazada. Según dijo, los agentes de los servicios de inteligencia lo tuvieron recluido durante 10 días en secreto en Temara, donde lo acusaron de terrorismo y, posteriormente, de delitos de drogas y lo torturaron. Explicó que le aplicaron descargas eléctricas en las rótulas en dos ocasiones, le dieron patadas y puñetazos y lo presionaron hasta llevarlo al borde del suicidio.
Añadió que, al cabo de 10 días, los agentes lo entregaron a la policía de Casablanca, que lo sometió de nuevo a malos tratos bajo custodia hasta obligarlo a firmar una declaración incriminatoria que no leyó. Dijo que, durante la primera vista judicial, el tribunal hizo caso omiso de las lesiones que presentaba en la cara. Explicó que su abogado reiteró en vano al fiscal y al juez de instrucción que lo habían torturado. Quedo sometido a detención preventiva hasta que el tribunal lo declaró culpable, junto con otras cinco personas, de delitos de drogas en octubre de 2011. En 2013 consiguió que lo trasladaran a una prisión de Francia, tras lo cual quedó en libertad.
El Mostapha Naim dijo a Amnistía Internacional que las autoridades marroquíes no se habían puesto en contacto con él en relación con ninguna investigación sobre sus denuncias y que estaba pidiendo justicia en Francia. Contó:
Todos [los supervivientes de tortura en Marruecos] deberían presentar denuncias, pero tienen miedo. Presentar una denuncia es una decisión que hay que tomar. Yo tenía mala fama allí, porque nunca me rendía.
Luego hizo la reflexión siguiente:
Supe que Marruecos es intocable. Pero yo quiero una causa judicial. Quiero tenerlos delante, procesados. No voy a rendirme.
