Al cumplirse este lunes 18 de octubre el segundo aniversario del estallido social en Chile, Amnistía Internacional presentó ante la Fiscalía Nacional de aquel país un informe que hace foco en la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros por los crímenes cometidos durante la represión a las protestas de 2019.
Amnistía Internacional demostró que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento. Lo que es aún más grave, muchos de los funcionarios sospechados de haber cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos, atendiendo el control de las protestas.
A marzo de 2021, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos chilenos contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular. Estas violaciones generalizadas podrían demostrar un patrón de conducta que revela una intención de dañar a los y las manifestantes para acallar la protesta, o bien la decisión de asumir dicho daño como un mal necesario.
“Miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías”, señaló Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Y agregó: “Las autoridades sabían lo que estaba sucediendo y tampoco actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos.”
Justicia lenta
A dos años del estallido, las investigaciones avanzan a paso lento. Amnistía Internacional reitera que la Fiscalía debe investigar sin demoras la responsabilidad de toda la línea de mando, hasta el más alto nivel. De hecho, el informe presentado a los funcionarios judiciales analiza la responsabilidad penal individual de los superiores que no evitaron o denunciaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución. Asimismo, estos mandos habrían obstaculizado de forma deliberada el acceso a la información a la Fiscalía, perpetuando la impunidad ulterior.
“Hace dos años, miles de personas en Chile salieron con valentía a las calles para demandar una mayor igualdad y otros derechos humanos, como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue entonces una violenta represión y la criminalización de la protesta social”, puntualizó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Un caso paradigmático de la ausencia de responsabilidades, acorde al informe de la organización, es el del entonces Director de Orden y Seguridad de Carabineros quien no solo no ha sido investigado por su rol durante el estallido social, sino que ha sido ascendido al puesto máximo de la institución como General Director. Una cultura institucional de la impunidad avalada por el discurso inflamatorio desde el Ejecutivo, que demonizó a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, y que acompañó dicha actitud con un posterior respaldo irrestricto a la fuerza policial.
Por todo esto, frente a un nuevo aniversario y ante la falta de rendición de cuentas por las extendidas violaciones a los derechos humanos registradas en Chile, Amnistía Internacional vuelve a señalar que es necesaria una reforma amplia y profunda de la institución Carabineros de Chile. Una serie de cambios a nivel normativo y cultural, a través de un amplio diálogo con la sociedad civil, indispensables para garantizar que las instituciones encargadas de la seguridad actúen conforme a las normas internacionales sobre uso de la fuerza.
Para el informe Calles con memoria
