La Fiscalía de Temuco anunció hoy que cerraría la querella de Víctor Queipul Hueiquil, lonko (líder) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, porque no habría logrado poder individualizar a las personas presuntamente responsables de su detención entre aproximadamente las 8 de la noche del 14 de junio y las 4 de la mañana del día siguiente.
Los hechos denunciados por el lonko ocurrieron en junio de 2016. Tras un mes de investigación, no parece haberse agotado un proceso exhaustivo e imparcial frente a los crímenes denunciados.
“Esta decisión sienta un nefasto precedente y da rienda suelta a quienes pretenden silenciar a las comunidades de pueblos originarios en Chile,” señalaron desde Amnistía Internacional.
“Denunciar violaciones contra los derechos humanos no es un crimen. En vez que castigar a quienes dedican su vida a luchar por la justicia, las autoridades chilenas deben proteger su trabajo y enjuiciar a quienes los agreden.”
Víctor Queipul Hueiquil ha trabajado por la reivindicación de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, la protección de su identidad cultural y espiritual y por su autodeterminación.
Durante años, integrantes de esta comunidad han denunciado que han sufrido violencia policial, malos tratos y tortura, persecución judicial, estigmatización y criminalización por su trabajo en favor de los derechos humanos.
El 14 de junio de 2016, un grupo de carabineros realizó un operativo policial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Los carabineros dispararon gases lacrimógenos y usaron armas antidisturbios.
En este contexto, el Ionko fue retenido en contra de su voluntad, sin orden judicial que así lo dispusiera, por tres personas que no se identificaron, entre aproximadamente las 8 de la noche del 14 de junio y las 4 de la mañana del día siguiente.
Durante este tiempo le vendaron los ojos, lo amarraron y lo golpearon. Los hombres le pidieron información sobre la ubicación de supuestas armas en poder de la comunidad, le reprocharon su trabajo con las comunidades Mapuche y su apoyo a una machi (autoridad religiosa) que está siendo criminalizada y le exigieron dejar su trabajo por los derechos de los pueblos originarios. El lonko denunció el hecho ante la Comisaría de Traiguén y posteriormente interpuso una querella formal por los mismos hechos.
La Fiscalía también apuntó contra organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, pretendiendo deslegitimar su labor de apoyo a organizaciones sociales y comunidades de pueblos originarios en Chile.
