Durante años, Amnistía Internacional ha manifestado que Chile necesita una nueva Constitución porque la actual, que fue impuesta durante el régimen de Augusto Pinochet, ha demostrado que no contribuye a disminuir las desigualdades, la precariedad y los abusos que afectan a la gran mayoría de la población. El actual texto obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más justo. Por eso, y bajo la certeza de que la nueva Constitución garantizará de mejor manera los derechos humanos, la organización presenta hoy la campaña “Aprobar es Humano”.

“En septiembre nos enfrentaremos a dos opciones que van a determinar el futuro de las actuales y futuras generaciones. Por un lado, la ciudadanía podrá aprobar y abrir la puerta a una Constitución que favorece la igualdad de derechos, o bien rechazar y quedarse con la actual que ha demostrado que favorece a unos por sobre otros. Amnistía Internacional ha decidido ponerse en el camino de la justicia y la dignidad, por eso va por el apruebo”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

“Los ojos del mundo están sobre Chile. La población tiene una oportunidad histórica para corregir el camino de desigualdades e injusticias de muchas décadas, yconsagrar los derechos humanos en una nueva Constitución representativa e inclusiva, como primer paso para construir un país más justo y libre para todas las personas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A juicio de Amnistía Internacional, el nuevo texto constitucional consagrará de manera más robusta los derechos fundamentales, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tienen relación con el acceso adecuado a la salud, a las pensiones, a la vivienda, a la educación, a la seguridad social, al trabajo digno, al agua, entre otros. Por lo tanto, esto repercute directamente en la vida cotidiana de las personas abriendo paso a mayores niveles de igualdad y justicia.

Una diferencia clara respecto a lo que pasa hoy en día con la actual Constitución es que esta no incluye determinados derechos que son vitales, como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, al agua, a la alimentación, o los considera, pero de manera muy deficiente, como ocurre con el derecho a la salud y la seguridad social. Lo anterior implica que muchas veces el Estado asume un rol más bien pasivo sin que tenga obligaciones de garantizarlos. Esto explica la desigualdad y la situación de vulnerabilidad en que vive la gran mayoría de la población en Chile y que originó las protestas masivas en octubre de 2019.

Por otra parte, la nueva propuesta de texto constitucional salvaguarda los derechos de grupos de personas que cuentan con especial protección, pues se trata de personas tradicionalmente discriminadas como, por ejemplo, personas con discapacidad, niños/as y adolescentes y pueblos originarios. En ningún caso se establecerán privilegios, sino que se permitirá emparejar una situación que hasta ahora ha generado injusticias.

Amnistía Internacional entiende que la Constitución por sí sola no asegurará una protección inmediata e integral de los derechos de todas las personas, pero es un paso inicial imprescindible para avanzar en esa dirección.

“La nueva Constitución no es el punto de llegada, sino que es un punto de partida para construir ese camino de mayor igualdad. Aprobar es humano y es la puerta a una sociedad más justa y solidaria”, dijo Rodrigo Bustos.