Maria de los Angeles Vallejo, migrante venezolana en la ciudad de Iquique, Chile.[/caption]Al incumplir sus obligaciones internacionales y legislación nacional, el Estado chileno pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección, constató Amnistía Internacional en un nuevo informe, “Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile, que incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas.
“Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes que huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas — una cifra conservadora ya que data de diciembre de 2021. Esto lo sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 personas venezolanas respectivamente. En conjunto, estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos, y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. Las cifras globales aumentan continuamente, así como los países de destino. Por ejemplo, Estados Unidos ahora se sitúa como tercer mayor país receptor global con 545.000 personas venezolanas según cifras oficiales de 2021. Según las personas venezolanas se ven obligadas a huir a países más lejanos y en situaciones más precarias, como Estados Unidos o México, Amnistía Internacional ha denunciado que estos Estados incumplen sus obligaciones de garantizar acceso a procesos de solitud de refugio y la no devolución de personas venezolanas a lugares o situaciones de riesgo.
Los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile ilustran las barreras que, por años, deben superar las personas que han logrado ingresar a territorio chileno y buscan conseguir protección internacional o regularizar su situación migratoria. Estos obstáculos incluyen la imposición de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional, así como la implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiadas y refugiados deban presentarse ante las autoridades y se “autodenuncien” por entrada irregular en el país. Estas medidas violan su derecho a solicitar protección internacional. También ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país, y por el marco legislativo que permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas, en vulneración del debido proceso.
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Avisos de asesorías a migrantes y ofertas de trabajos, en los muros de la Oficina de Migraciones en la ciudad de Iquique, en Chile.[/caption]Para Amnistía Internacional la exigencia de autodenuncia por entrada irregular es sumamente alarmante. Esta medida no solo es un obstáculo a la protección internacional, sino que, en la práctica, penaliza y discrimina a las personas refugiadas por su forma de entrada en el país que vulnera la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo, de los cuales Chile es signatario. Además, las pone en riesgo de expulsión a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro, en vulneración del principio de no devolución.
“El Estado chileno fuerza a la mayoría de las personas venezolanas a ingresar por pasos fronterizos inseguros y no habilitados, pero a su vez las penaliza por entrar de manera irregular y obstaculiza que soliciten asilo. Sin opciones para acceder a vías de regularización ni poder ejercer sus derechos, las autoridades condenan a las personas venezolanas a una situación de absoluta desprotección. Las propuestas de reformas al marco normativo de movilidad humana deben estar orientadas a proteger los derechos de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluidas mujeres, niñas y niños, en lugar de buscar facilitar su expulsión y profundizar la estigmatización hacia ellas”, expresó Sofía Lanyon, presidenta de Amnistía Internacional Chile.
En vísperas del 8 de marzo, agregó: “A las puertas de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es un momento idóneo para dar a conocer las injusticias a las que se enfrentan las mujeres venezolanas en Chile y, al mismo tiempo, una oportunidad para exigir que el gobierno brinde respuestas a estas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestro país, incluido que garantice el acceso urgente a la protección internacional”.
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Campamento transitorio para migrantes ÒLobitoÓ en la ciudad de Iquique, Chile.[/caption]En este contexto y en línea con las investigaciones previas de Amnistía Internacional en la materia, es particularmente preocupante la situación de las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género que no cuentan con un estatus migratorio regular. Amnistía Internacional teme que, en Chile, los graves obstáculos para acceder a la protección internacional u otra forma de regularización migratoria que expone su investigación puedan impactar negativamente en los derechos de estas mujeres, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia basada en género.
La organización hace un llamado urgente al gobierno chileno a que garantice el acceso efectivo y sin discriminación de todas las personas con necesidad de protección al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado; a que respete el principio de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazos en frontera; y a que elimine el requisito de autodenuncia para cumplir con los estándares internacionales de no criminalización de la entrada irregular.
Más información:
La investigación de Amnistía Internacional se realizó entre noviembre de 2022 y enero de 2023 e incluyó trabajo de campo en las ciudades de Arica, Iquique y Santiago. Además de los testimonios de las 12 mujeres venezolanas, se entrevistó a 23 representantes de organizaciones de sociedad civil, cuatro organizaciones internacionales, y nueve entidades gubernamentales. También se realizaron tres solicitudes de acceso a la información. Amnistía Internacional además se sirvió de sus investigaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú para constatar las condiciones de salida y tránsito de personas venezolanas refugiadas en la región.
Como en investigaciones previas, Amnistía Internacional se refiere a personas refugiadas venezolanas en tanto el Estado chileno ha suscrito los instrumentos de derecho internacional que establecen las obligaciones de los Estados respecto de personas refugiadas, en concreto la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y la Declaración de Cartagena de 1984, incorporada a la legislación chilena a través de la Ley No. 20.430 sobre protección de personas refugiadas. En base a estas normas legales, el Estado chileno está obligado a proteger a las personas venezolanas que han huido de su país.
Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Carlos Mendoza: +52 55 4145 7003, carlos.mendoza@amnesty.org
Información complementaria:
“Nadie quiere vivir en clandestinidad”: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile (investigación, 7 de marzo de 2023) www.amnesty.org/es/documents/amr22/6437/2023/es/
Desprotegidas en Ecuador: Mujeres venezolanas refugiadas y sobrevivientes de violencia basada en género (investigación, 17 de noviembre de 2022) www.amnesty.org/es/documents/amr28/6137/2022/es/
Desprotegidas: Violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú (investigación, 12 de julio de 2022)
https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/5675/2022/es/
Entre la invisibilidad y la discriminación: personas refugiadas venezolanas LGBTIQ+ en Colombia y Perú (investigación, 20 de junio de 2022) www.amnesty.org/es/latest/news/2022/06/personas-refugiadas-venezolanas-lgbtiq-colombia-y-peru/
Perú: El Estado peruano falla en la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género (investigación, 25 de noviembre de 2021) www.amnesty.org/es/latest/research/2021/11/estado-peruano-falla-atencion-mujeres-venezolanas-sobrevivientes-violencia-genero/
