- Personas residentes en China son objeto de persecución en represalia por el activismo de sus familiares que estudian en Europa y América del Norte.
- El alumnado se enfrenta a “vigilancia” en las protestas y en Internet.
- Se insta a las universidades a que combatan las amenazas contra la libertad académica y los derechos humanos.
Estudiantes de China y Hong Kong en otros países viven con miedo a la intimidación, el hostigamiento y la vigilancia, puesto que las autoridades chinas tratan de impedir que se involucren en temas de carácter “delicado” o político durante su estancia en el extranjero, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Las personas que estudian en Europa y América del Norte entrevistadas para el informe En la universidad, tengo miedo explicaron que las habían fotografiado y seguido durante las protestas en su localidad de acogida, mientras que muchas de ellas declararon que sus familiares en China habían sido objeto de ataques y amenazas policiales debido al activismo estudiantil en el extranjero.
“Los testimonios recogidos en el presente informe exponen los métodos intimidatorios con los que los gobiernos de China y Hong Kong tratan de silenciar a la población estudiantil, incluso a miles de kilómetros, lo que la lleva a vivir con miedo”, ha declarado Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.
“El ataque de las autoridades chinas contra el activismo en favor de los derechos humanos se produce en los pasillos y las aulas de las numerosas universidades que acogen a estudiantes de China y Hong Kong. El impacto de la represión transnacional de China supone una grave amenaza para el libre intercambio de ideas en el que se sustenta la libertad académica, por lo que los gobiernos y universidades deben esforzarse en contrarrestarlo”.
“Te estamos vigilando”
Durante el trabajo de documentación más extenso efectuado hasta la fecha sobre la represión transnacional del gobierno chino en universidades extranjeras, Amnistía Internacional entrevistó en profundidad a 32 estudiantes de China —incluidos 12 de Hong Kong— matriculados en universidades de Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.
Una estudiante, Rowan*, describió que, a las pocas horas de asistir a una conmemoración de la represión que tuvo lugar en la plaza de Tiananmen en 1989, le comunicaron que agentes de seguridad se habían puesto en contacto con su padre en China para instarle a que aleccionara a su hija, que estudiaba en el extranjero, a fin de que no asistiera a ningún acto que pudiera dañar la reputación de China en el mundo.
Rowan no había indicado su nombre real a nadie implicado en la protesta ni había divulgado su participación en Internet, por lo que le sorprendió la rapidez con la que las autoridades chinas la identificaron como participante, localizaron a su padre y se valieron de él para advertirle que se abstuviera de participar en todo acto de disidencia. Rowan declaró a Amnistía Internacional que el mensaje era claro: “Te estamos vigilando y, aunque estemos en el otro extremo del planeta, podemos llegar hasta ti”.
Vigilancia, censura y persecución de familiares en China
En los últimos años, muchas personas chinas que estudiaban en el extranjero han participado en críticas públicas al gobierno de China, por ejemplo en relación con las protestas de los papeles en blanco en China continental en 2022, las protestas prodemocráticas en Hong Kong en 2019 y las conmemoraciones anuales de la represión en la plaza de Tiananmen en 1989 en Pekín. El informe de Amnistía expone que estas actividades han llamado la atención de las autoridades chinas, quienes a menudo han tomado medidas al respecto. El informe identifica este fenómeno con la represión transnacional: medidas que toma un gobierno para silenciar, controlar o disuadir la disidencia y las críticas de sus ciudadanos en el extranjero, en violación de los derechos humanos.
Las autoridades chinas han desarrollado una estrategia para acotar los derechos humanos de quienes estudian en cualquier rincón del mundo.
Sarah Brooks, Amnistía Internacional
Casi un tercio de la población estudiantil a la que entrevistó Amnistía afirmó que las autoridades chinas habían hostigado a sus familiares con el fin de impedir las críticas contra el gobierno chino o sus políticas por parte de quienes estudiaban en el extranjero. Entre las amenazas proferidas a sus familiares en China continental se contaban la revocación del pasaporte, el despido laboral, la imposibilidad de acceder a ascensos y prestaciones de jubilación e incluso la limitación de la libertad física. La policía china también presionó a las familias residentes en China o les dio instrucciones de que cortaran la ayuda económica a sus descendientes en el extranjero como medida de coacción para que guardaran silencio en al menos tres casos.
Estudiantes indicaron a Amnistía que, durante su estancia en el extranjero, creían que estaban bajo vigilancia de las autoridades chinas o de sus agentes. Casi la mitad afirmaron que personas que al parecer actuaban en nombre del Estado les habían hecho fotografías o vídeos en actos de protesta y de otro tipo. Aunque el alumnado no pudo aportar pruebas concluyentes de la identidad de estas personas, la investigación de Amnistía documentó una constante de observaciones casi idénticas en diversos lugares y entornos, lo que corrobora las sospechas de la población estudiantil.
“Para muchas personas chinas, un viaje al extranjero para estudiar es la promesa de una oportunidad de prosperar, lejos de las restricciones impuestas al discurso político y académico en su país. Sin embargo, la investigación de Amnistía demuestra que estas personas no logran escapar de las prácticas represivas del gobierno de China, ni siquiera fuera de las fronteras del país”, ha afirmado Sarah Brooks.
“Las autoridades chinas han desarrollado una estrategia para acotar los derechos humanos de quienes estudian en cualquier rincón del mundo. La vigilancia de la población estudiantil en el extranjero y la persecución de sus familiares residentes en China son tácticas sistemáticas diseñadas para controlar la ciudadanía a distancia”.
La capacidad de las autoridades chinas para vigilar las actividades de quienes estudian en el extranjero se ve también favorecida por las amplias opciones de censura y vigilancia digital con las que cuenta Pekín tras la “Gran Muralla Cortafuegos”, que obliga a la población estudiantil a comunicarse con sus familiares y amistades en China mediante aplicaciones informáticas vulnerables aprobadas por el Estado chino.
A raíz de este informe, los gobiernos de los países de acogida pueden y deben tomar medidas concretas para contrarrestar el miedo latente que expresa la población estudiantil.
Sarah Brooks, Amnistía Internacional
Más de la mitad del alumnado entrevistado por Amnistía autocensuraba habitualmente sus conversaciones y publicaciones en plataformas digitales por miedo a que las autoridades chinas vigilaran sus actividades, incluso en plataformas de redes sociales no chinas como X, Facebook e Instagram. Varias personas aportaron pruebas rotundas de esta vigilancia digital, como el hecho de que la policía mostrara a los padres de un estudiante transcripciones de sus conversaciones con familiares a través de WeChat.
Casi un tercio de la población estudiantil a la que entrevistó Amnistía Internacional había sufrido censura en plataformas de redes sociales, como WeChat, en un grado similar al existente en China continental, aun estando en el extranjero. Hubo estudiantes que trataron de registrar cuentas con números de teléfono extranjeros, pero chocaron igualmente con la censura. A un estudiante le bloquearon temporalmente la cuenta de WeChat a raíz de sus publicaciones sobre una protesta de papeles en blanco en Alemania.
Miedo latente en el campus
Prácticamente todas las personas entrevistadas declararon autocensurar sus interacciones sociales en cierta medida durante su estancia en el extranjero, por miedo a represalias de las autoridades chinas. La mayoría afirmó que limitaba su participación en las aulas debido al posible riesgo de que se denunciaran sus comentarios y opiniones ante las autoridades estatales chinas; un tercio de la población estudiantil comunicó que ese riesgo la había llevado a replantearse sus estudios o a descartar una futura carrera en el mundo académico.
Estudiantes de Hong Kong afirmaron que las leyes represivas de la ciudad —como la Ley de Seguridad Nacional y la recientemente promulgada Ley del Artículo 23— habían intensificado sus temores durante su formación en el extranjero, dado que estas leyes podían utilizarse contra personas en cualquier lugar del mundo.
Logan* comunicó a Amnistía que el miedo a que lo identificaran las autoridades de Hong Kong le había restado opciones para desarrollar una carrera académica en su campo de elección. “Me habría gustado mucho publicar mi tesis… pero me preocupan ciertas cosas, así que opté por no hacerlo”, afirmó.
Más de la mitad de la población estudiantil entrevistada declaró tener problemas de salud mental derivados de los temores, desde estrés y traumas hasta paranoia y depresión. En un caso, tales problemas habían requerido hospitalización. Ocho estudiantes indicaron a Amnistía Internacional que habían cortado el contacto con su familia en China para protegerla de los ataques de las autoridades chinas, lo que había intensificado sus sentimientos de aislamiento y soledad.
Muchas personas también habían considerado necesario distanciarse de sus colegas chinos por temor a que denunciaran sus comentarios u opiniones políticas ante las autoridades de China, lo que había agravado su sensación de aislamiento. Explicaron que la existencia de líneas telefónicas de seguridad nacional oficiales para denunciar a otras personas ante el gobierno de China y Hong Kong acrecentaba este temor.
Instamos a las autoridades de Pekín y Hong Kong a que pongan fin a todas las prácticas constitutivas de represión transnacional.
Sarah Brooks, Amnistía Internacional
Casi la mitad de las personas entrevistadas declararon tener miedo de volver a casa, y seis estudiantes afirmaron que no veían más opción que solicitar asilo político tras sus estudios, ya que creían que serían objeto de persecución si regresaban a China.
Varias personas entrevistadas expresaron que incluso parte del personal universitario de nacionalidad distinta a la china se autocensuraba con respecto a actividades sobre China vinculadas al activismo. Un estudiante declaró que una investigadora había puesto fin a la colaboración entre ambos debido al apoyo de dicho estudiante a las protestas de los papeles en blanco, ya que la investigadora temía que la perjudicara a la hora de acceder a oportunidades de investigación en China.
Las universidades carecen de recursos que apoyen al alumnado chino
Se calcula que hay 900.000 estudiantes chinos en el extranjero y Amnistía Internacional pide a los gobiernos de los países de acogida y a las universidades que se esfuercen por proteger los derechos de quienes se enfrentan a la amenaza de la represión transnacional.
“A raíz de este informe, los gobiernos de los países de acogida pueden y deben tomar medidas concretas para contrarrestar el miedo latente que expresa la población estudiantil, en especial mediante la educación de la comunidad, la instauración de mecanismos de queja sobre presuntos actos de represión transnacional y la denuncia de los incidentes que puedan producirse”, ha comunicado Sarah Brooks.
“Los ocho países que aparecen en este informe —y los muchos otros que acogen a estudiantes de China y Hong Kong— tienen la obligación de proteger a la población estudiantil internacional en su jurisdicción”.
A principios de 2024, Amnistía Internacional escribió a 55 universidades destacadas de los 8 países analizados con el propósito de informarse sobre las disposiciones vigentes para proteger al alumnado frente a la represión transnacional. Se recibieron 24 respuestas sustantivas (20 de Europa y 4 de América del Norte).
“Las universidades europeas y norteamericanas en muchos casos ignoran la represión transnacional y el consiguiente efecto intimidatorio que provoca en sus campus, y carecen de los recursos necesarios para hacerles frente”, ha declarado Sarah Brooks.
Aunque algunas instituciones destinan recursos a apoyar los derechos humanos del alumnado en general, la mayoría de esos recursos no parecen útiles para abordar de forma eficaz los problemas que puso de manifiesto la investigación de Amnistía.
Mientras tanto, la respuesta represiva de muchas universidades estadounidenses en las últimas semanas ante las muestras estudiantiles de apoyo a los derechos de Palestina —sumada a una constante similar de aparición más reciente en Europa— subraya que los consejos universitarios deben esforzarse más por cumplir su responsabilidad de proteger los derechos del alumnado a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
“Aunque las universidades y los gobiernos de los países de acogida tienen la responsabilidad de proteger a la población estudiantil, en última instancia son las autoridades chinas quienes urden la trama de la represión que se detalla en el informe. Instamos a las autoridades de Pekín y Hong Kong a que pongan fin a todas las prácticas constitutivas de represión transnacional y permitan a la población estudiantil en el extranjero centrarse en sus estudios sin temer por su seguridad”.
*Todos los nombres de estudiantes se han modificado para proteger la seguridad de quienes han participado en la investigación.
