Amnistía Internacional ha añadido a su campaña sobre la detención arbitraria a casi 50 personas detenidas más, con lo que el total asciende a 120.

Las familias describen la injusticia y el horror de la separación prolongada.

La alta comisionada de las Naciones Unidas aún no ha publicado el informe sobre la situación, pese a su reciente visita a Xinjiang.

Amnistía Internacional ha publicado hoy nuevos testimonios estremecedores de familiares de 48 personas de etnia uigur y kazaja recluidas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en China, y ha vuelto a pedir a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos que actúe.

La alta comisionada saliente, Michelle Bachelet, aún no ha publicado el informe largamente esperado sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades chinas en Xinjiang, y se ha negado reiteradamente a reconocer su gravedad. Es profundamente decepcionante que debido a este retraso esta semana vaya a cerrarse otro periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin que se hayan podido debatir las conclusiones de la ONU sobre Xinjiang.

Los nuevos testimonios recabados por Amnistía Internacional forman parte de su campaña en favor de la libertad de las personas detenidas en Xinjiang, que ahora cuenta la historia de 120 personas que se encuentran atrapadas en el sistema penitenciario y de campos de internamiento chino en Xinjiang.

“Los relatos de estas familias nos permiten asomarnos a los horrores que se están produciendo en Xinjiang, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Muchas personas contaron que tenían a varios miembros de la familia recluidos, lo que ilustra la enorme magnitud de los abusos —un hombre dijo que en su familia habían detenido a 40 personas—”, comentó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La parsimonia que ha caracterizado la respuesta de la ONU a la pesadilla distópica de Xinjiang empeora aún más la situación de las víctimas y sobrevivientes de la campaña masiva de encarcelamiento, tortura y persecución del gobierno Chino dirigida de forma predominante contra las minorías musulmanas de Xinjiang desde 2017. Seguimos pidiendo al gobierno chino que desmantele su vasto sistema de campos de internamiento; ponga fin a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los malos tratos tanto en las prisiones como en otro lugares; y abandone su terrible persecución de personas uigures, kazajas y de otras minorías en Xinjiang.”

“Las autoridades chinas deben rendir cuentas, y para ello es esencial que la alta comisionada Bachelet publique su informe, que acumula mucho retraso, para su presentación urgente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su constante negativa a denunciar los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos en Xinjiang es un obstáculo a la justicia, además de una vergüenza para el sistema de Naciones Unidas.”

Familias destrozadas

Amnistía Internacional ha entrevistado recientemente en Turquía de forma presencial a familiares exiliados de 48 personas recluidas que describieron que sus seres queridos habían sido detenidos por cargos de terrorismo u otros cargos falsos, al parecer por cosas tan triviales como viajar o pagar la educación de sus hijos e hijas en el extranjero. Otras parecen estar recluidas sin más motivo que su religión o su etnia.

La kazaja Gulaisha Oralbay contó lo que le ocurrió a su hermano, Dilshat Oralbay, periodista y traductor uigur jubilado, después de que las autoridades chinas lo persuadieran de regresar a Xinjiang desde Kazajistán en 2017. Nada más volver, las autoridades le confiscaron el pasaporte, y varios meses después lo detuvieron.

“No hay tribunal; lo metieron en la cárcel [y le dijeron que sería] por 25 años y ya”, dijo Gulaisha.

“Ni siquiera creo que él mismo conozca el motivo. Alguien dijo que era porque había viajado a Kazajistán, y otras excusas; no hay una justificación ni una razón claras.”

Gulaisha y las dos hermanas de Dilshat, Bakytgul y Bagila Oralbay, también están recluidas.

Abdullah Rasul contó a Amnistía Internacional que su hermano Parhat Rasul, campesino y carnicero a tiempo parcial, fue detenido y llevado a un campo de internamiento en mayo de 2017. La familia no ha recibido noticias suyas directamente desde entonces, pero en 2018 una fuente fidedigna les dijo que Parhat había sido condenado a nueve años de prisión.

La familia de Parhat cree que lo detuvieron simplemente por ser musulmán practicante y hacer actividades benéficas. Unos familiares suyos dijeron que la esposa de Parhat, Kalbinur, y su suegra, Parizat Abdugul, también habían sido encarceladas. Parhat y Kalbinur tienen dos hijas de 14 y 16 años y un hijo de 11.

“Quieren [las autoridades chinas] borrar nuestra identidad, borrar nuestra cultura, borrar nuestra religión”, manifestó Abdullah Rasul. “Espero que la gente puede ver claramente lo que está pasando en nuestro estado autónomo.”

Medine Nazimi relató que la última vez que había oído la voz de su hermana, Mevlüde Hilal, había sido a finales de 2016. Mevlüde había estudiado en Turquía pero, tras regresar a Xinjiang para ayudar a su madre, que estaba enferma, fue enviada a un campo de internamiento en 2017 y, al parecer, condenada más tarde a 10 años de prisión acusada de “separatismo”. Está casada y tiene una hija pequeña.

“Cuando se llevaron a mi hermana, mi sobrina Aisha tenía sólo un año”, contó Medine a Amnistía Internacional. “Hacíamos nuestra vida y éramos una familia feliz. A mi hermana se la llevaron por una única razón: ser uigur.”

La gente que denuncia la situación corre un riesgo enorme; varios familiares de personas detenidas contaron que las autoridades los habían amenazado por hablar de ello públicamente.

Abudurehman Tothi, empresario y activista uigur que vive en Turquía, fue entrevistado por medios de comunicación internacionales en relación con el encarcelamiento de su esposa y su madre y de la detención arbitraria de su padre. Contó a Amnistía Internacional que luego el consulado chino en Turquía se puso en contacto con él y lo amenazó con una detención o la muerte en un “accidente de automóvil”.

Una montaña de pruebas

La represión de China contra las personas de la etnia uigur, kazaja y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang, ejercida bajo el pretexto de combatir el “terrorismo”, está ampliamente documentada desde 2017. En 2021, un informeexhaustivo publicado por Amnistía Internacional demostró que el encarcelamiento, tortura y persecución masivos y sistemáticos organizados por las autoridades chinas constituían crímenes de lesa humanidad.

Las autoridades chinas han empleado su Estado de vigilancia represivo para intentar ocultar esas violaciones de derechos humanos bajo la alfombra, pero se sigue filtrando información desde Xinjiang. En mayo de 2022, varios medios de comunicación independientes publicaron una investigación conjunta, Los archivos policiales de Xinjiang, que incluía una filtración de multitud de discursos, imágenes, documentos y hojas de cálculo obtenidas de redes internas de la policía china.

“Pese al cada vez mayor número de pruebas, las autoridades chinas continúan mintiendo sobre la detención arbitraria en gran escala en Xinjiang”, manifestó Agnès Callamard.

“Amnistía Internacional apoya el llamamiento conjunto de decenas de expertos de la ONU a establecer un mecanismo independiente, imparcial e internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por el gobierno chino en Xinjiang. Los muchos miles de personas que continúan detenidas arbitrariamente y sus familias se merecen verdad, justicia y rendición de cuentas.”

Bachelet debe abordar con carácter de urgencia las demandas de los familiares de las personas detenidas e indicar si su oficina ha sido capaz de tomar alguna medida encaminada a facilitar información sobre ellas.

Información adicional

El 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se está celebrando y finalizará el 8 de julio. Será el último con Michelle Bachelet como alta comisionada, pues su mandato finaliza el 31 de agosto de 2022 y ha anunciado que no se presentará a un segundo mandato.

A finales de mayo, en una rueda de prensa tras su largamente esperada visita a China —que incluyó una visita breve a Xinjiang—, Bachelet no reconoció las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en China. Su declaración al final de la visita socavó las iniciativas para impulsar la rendición de cuentas en la región y, en su lugar, dio la impresión de que Bachelet había caído directamente en un muy predecible ejercicio de propaganda del gobierno Chino. Bachelet admitió posteriormente que no había podido hablar con ninguna persona uigur detenida ni con familiares, y que había estado acompañada por funcionarios gubernamentales chinos de forma permanente durante toda su visita a la región.