59 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
El 21 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló una orden dictada un año antes para que se pusiera en libertad a 59 personas de ciudadanía colombiana detenidas durante una operación de seguridad en 2016. Estas personas continúan privadas de libertad.
Las 59 personas de nacionalidad colombiana recluidas en La Yaguara, un barrio de Caracas, capital de Venezuela, no han comparecido ante un juez, no han sido sometidas a investigaciones penales y no han sido acusadas de ningún delito. En noviembre de 2017, un tribunal de control dictó una orden para que fueran puestas en libertad sobre la base de que no había pruebas de que hubieran cometido un delito y de que no se había emitido orden alguna para su detención. De hecho, los agentes que las detuvieron no habían mostrado ninguna orden de arresto.
Las 59 personas fueron detenidas arbitrariamente el 1 de septiembre de 2016 en distintas partes de la capital de Venezuela, Caracas, en el contexto de la Operación Liberación del Pueblo (OLP). Según la información de que dispone Amnistía Internacional, estas personas no se conocían entre sí. El gobierno ha expuesto una serie de presuntos motivos para su detención. Primero alegó que las 59 pertenecían a un grupo paramilitar colombiano, sólo para anunciar más tarde que habían sido detenidas porque existían irregularidades en su estado migratorio. No obstante, varias de las personas detenidas cuentan con documentación emitida por el Servicio Administrativo de Identidad, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela.
Sin embargo, no se sabe cuántas de ellas pueden necesitar protección internacional.
La anulación de la orden de liberación pone a estas 59 personas en grave peligro de sufrir violaciones constantes de las garantías procesales y de su derecho a un juicio justo, y podría ampliar su detención indefinidamente.
Durante el tiempo que han permanecido detenidas, han sido sometidas a condiciones insalubres que amenazan su dignidad: entre otras cosas, permanecen recluidas en celdas improvisadas, sin acceso a agua potable y durmiendo al raso. Sus familiares han dicho a Amnistía Internacional que las personas detenidas han desarrollado enfermedades para las que no han recibido el tratamiento médico que han solicitado.
Escriban urgentemente, en español o en su propio idioma, a las autoridades venezolanas:
- instándolas a cumplir la orden emitida por el tribunal de control de liberar a las 59 personas detenidas;
- pidiendo que se garantice el derecho al debido proceso de las 59 personas detenidas y que se les proporcionen tratamiento médico y unas condiciones de reclusión dignas mientras estén bajo custodia.
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