Salvar vidas no es delito
En los primeros seis meses de 2019, el gobierno estadounidense ha intentado encarcelar a nueve personas que realizan labores voluntarias de ayuda humanitaria, por dejar agua y comida para las personas migrantes en el desierto de la región fronteriza. El doctor Scott Warren es una de esas personas voluntarias, y se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión por tratar de salvar vidas humanas. Si Trump y su administración siguen tomando estas medidas represivas, los ataques contra quienes, como Scott, defienden los derechos humanos aumentarán sin duda en los próximos meses.
No es nada nuevo. El gobierno de Estados Unidos lleva dos años tratando de castigar a quienes, con valentía, protegen los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera mexicano-estadounidense, imponiéndoles restricciones para viajar, reteniéndolas e interrogándolas durante horas, y confiscando y registrando sus dispositivos electrónicos. Hoy estas acciones se han intensificado hasta convertirse en una campaña, ilegítima y de motivación política, de intimidación, amenazas, acoso e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
Esta represión crea un efecto inhibidor en personas que están haciendo una labor importante. También afecta a la vida de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo que dependen de su bondad y ayudapara no morir en el desierto.La administración Trump quiere expulsar a las personas migrantes y solicitantes de asilo, y ahora castiga a quienes las ayudan.
Actúa ya para proteger los derechos de estos valientes defensores y defensoras de los derechos humanos, como el doctor Scott Warren, para que puedan seguir haciendo su trabajo, necesario y vital, en la frontera mexicano-estadounidense.
Señor Fiscal General William Barr:
En el último año, la administración Trump viene llevando acabo una represión ilegítima y de motivación política de los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en la región de la frontera mexicano-estadounidense, con medidas como:
• vigilancia y recopilación de información de inteligencia por múltiples organismos encargados de hacer cumplir la ley;
• registros no razonables y sin orden judicial de sus dispositivos electrónicos;
• interrogatorios prolongados sobre su situación económica y relaciones con otros y otras activistas;
• retención prolongada, durante la que, en un caso, se obligó a la persona a desnudarse parcialmente, y en otro, se la sometió a detención falsa, y
• amenazas y restricciones de viaje discriminatorias en la frontera mexicano-estadounidense, por medios como emitir alertas migratorias internacionales y anular documentos de viaje tramitados por vía rápida.
Esta campaña de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos viola tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional. Lo insto, Señor Fiscal General, a que proteja inmediatamente el trabajo, necesario y vital, de las personas que defienden los derechos humanos tomando las siguientes medidas:
• Detener todos los enjuiciamientos por acciones humanitarias.
• Adoptar como política una “exención humanitaria” en la imputación de delitos relacionados con migrantes, solicitantes de asilo y otras personas en movimiento.
La dejación por parte de la administración Trump de su obligación, contraída en virtud de la legislación estadounidense y el derecho internacional, de proteger el derecho a la vida de las personas migrantes en la frontera ha obligado a los defensores y defensoras de los derechos humanos a hacer esta labor necesaria y vital. El gobierno estadounidense aboga por los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y debe prestar la misma protección a sus ciudadanos y ciudadanas en Estados Unidos.
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