COMUNIDAD INDÍGENA EN PELIGRO DE DESALOJO
La comunidad indígena de Tekoha Sauce, en Paraguay, está, una vez más, en peligro de ser desalojada de su territorio ancestral a causa de las acciones judiciales emprendidas contra ella por la empresa hidroeléctrica Itaipú Binacional (Paraguay-Brasil).
La comunidad indígena de Tekoha Sauce fue desalojada por primera vez de sus tierras ancestrales en la década de 1970, para dejar espacio a la construcción de la represa eléctrica de Itaipú. Este desalojo violó las normas tanto nacionales como internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la comunidad fue reasentada en una zona que no satisfacía las necesidades de su forma tradicional de vida.
Al ver que su situación no se resolvía, en 2016 la comunidad regresó a una parte de sus tierras ancestrales junto a la “Reserva Limoy”, cuya propiedad reclama la empresa hidroeléctrica.
La comunidad pidió a las autoridades del Estado una reparación completa por los daños causados desde el primer desalojo, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria. Según el artículo 28 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta reparación podría incluir tierras legalmente reconocidas, territorios, recursos, indemnización económica u otras medidas.
En 2018, Amnistía Internacional publicó el informe Una receta para criminalizar: Personas defensoras del ambiente, el territorio y de la tierra en Perú y Paraguay, en el que se destacaba el problema de los desalojos en Paraguay, y cómo estos desalojos a menudo se llevan a cabo sin las salvaguardias necesarias para garantizar que cumplen con las normas nacionales e internacionales.
La lider Amada Martínez y el líder Cristóbal Martínez han defendido activamente los derechos de su comunidad en el contexto de la disputa sobre la propiedad de la tierra y han pedido una reparación completa.
El 8 de agosto de 2018, Amada Martínez, defensora de los derechos humanos de la comunidad indígena de Tekoha Sauce, en el sureste de Paraguay, fue amenazada por tres hombres armados vestidos con uniformes de la empresa hidroeléctrica Itaipú, en presencia de tres menores de edad, su hermana y un taxista. Tras la publicación de una Acción Urgente, Amada Martínez pudo presentar una denuncia legal ante la Defensa Pública y el director de Derechos Humanos de la Fiscalía para que se dictaran medidas cautelares. El director de Derechos Humanos pidió al fiscal de Minga Porã, donde fue atacada Amada Martínez, que llevara a cabo una investigación imparcial e independiente.
El 2 de octubre de 2018, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) visitó la comunidad, y el 9 de octubre reconoció formalmente el liderazgo de Cristóbal Martínez, primer paso necesario en el proceso para que la comunidad reclame sus tierras ancestrales ante los tribunales paraguayos.
El término “desalojo forzoso” se refiere a la expulsión de personas contra su voluntad de las viviendas o tierras que ocupan, sin el debido proceso u otras salvaguardias jurídicas. Esas salvaguardias incluyen la realización de una verdadera consulta con las comunidades afectadas para identificar todas las alternativas viables al desalojo, la formulación de una notificación previa y adecuada, el ofrecimiento de recursos legales, indemnización por las pérdidas y una vivienda alternativa adecuada para quienes no puedan conseguirla por sus propios medios. En los casos en que se considere que el desalojo está justificado, éste debe llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad.
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