El 5 de junio, unas 400 personas fueron detenidas por agentes de migración mexicanos y miembros de la Guardia Nacional. A estas personas las llevaron a un centro de detención ya de por sí saturado, y a muchas las deportaron al día siguiente sin explicarles adecuadamente su derecho a pedir asilo o explorar otras opciones migratorias en México. El 6 de junio, el gobierno anunció el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur de México.

El 30 de mayo de 2019, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país impondría un arancel del 5% a todos los productos procedentes de México, a menos que disminuyera el flujo de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Esto provocó una serie de negociaciones bilaterales que continúan hasta la fecha, en las que Estados Unidos sigue amenazando con incrementar los aranceles en los próximos meses si el flujo de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México no disminuye.

En los días que siguieron al anuncio del presidente, las autoridades mexicanas implementaron una serie de medidas destinadas a disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar por la frontera sur de México; esas medidas incluyen la detención masiva y la deportación de al menos 400 migrantes, lo cual es contrario tanto a la legislación mexicana como al derecho internacional. El 5 de junio, miembros del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Guardia Nacional detuvieron a un grupo de unas 400 personas migrantes y solicitantes de asilo que caminaban pacíficamente por la carretera cerca de Metapa, Chiapas. En el grupo había familias, adolescentes, bebés y niños y niñas pequeños, algunos con permiso de residencia en México y otros sin papeles. Muchas de estas personas procedían de Honduras y otros países centroamericanos. Según la información recibida por Amnistía Internacional, subieron a estas personas a autobuses y las llevaron a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.

Amnistía Internacional recibió información basada en testimonios de personas detenidas en esta operación, en la que se detalla que las tuvieron en los autobuses en el aparcamiento de la Estación Migratoria durante al menos ocho horas sin comida ni agua, sólo para ponerlas bajo custodia en la Estación Migratoria, que ya estaba saturada. Esto resulta especialmente inquietante por los cientos de niños, niñas y bebés que corren peligro de ser detenidos en condiciones que pondrían su salud física y mental en grave peligro y violarían las leyes mexicanas que prohíben detener a menores en centros para migrantes.

Estas tácticas de mano dura vienen a sumarse a una serie de respuestas cada vez más duras a las miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera sur de México en las últimas semanas, que incluyeron mantener a las personas solicitantes de asilo detenidas durante meses en celdas concebidas para estancias de 48 horas y deportaciones aceleradas sin permitir que las personas migrantes accedan a asistencia letrada o conozcan adecuadamente sus derechos.

El 6 de junio, el gobierno mexicano anunció que las tácticas de mano dura continuarán con el despliegue de 6.000 agentes de la Guardia Nacional en su frontera sur para responder a la entrada de migrantes y solicitantes de asilo.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400.000 y 500.000 personas entran irregularmente por la frontera sur de México cada año, y que al menos la mitad de ellas podría necesitar protección internacional en calidad de refugiadas. Muchas de estas personas proceden de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los países más peligrosos del mundo. Huyen a causa de las situaciones de violencia y falta de protección gubernamental en sus países.

 

Publicado el 4 de julio de 2019