Para Fiscal general

DETENIDOS ARBITRARIAMENTE TRES POLÍTICOS

DETENIDOS ARBITRARIAMENTE TRES POLÍTICOS  

El abogado de derechos humanos y ex parlamentario Zyad el-Elaimy y los periodistas y políticos Hossam Moanis e Hisham Fouad, así como al menos 12 políticos, periodistas, activistas de los derechos laborales y estudiantes más, fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades egipcias, acusados de delitos relacionados con sus actividades políticas pacíficas. El Ministerio del Interior egipcio anunció su detención el 25 de junio de 2019, pero Amnistía Internacional confirmó que al menos seis de ellos fueron detenidos antes de esa fecha.

Amnistía Internacional documentó la detención de 15 personas en relación con la causa 930/2019, conocida como el “caso de la Esperanza”. Entre ellas figuran Zyad el-Elaimy, ex parlamentario, abogado de de derechos humanos y uno de los líderes del Partido Socialdemócrata de Egipto; el periodista y portavoz del partido izquierdista Corriente Popular Hossam Moanis, y el periodista, sindicalista y político socialista Hisham Fouad, así como 12 personas más detenidas en fechas distintas en junio y julio. Amnistía Internacional sabe que se está investigando en relación con la causa a 105 personas, muchas de las cuales están actualmente detenidas.

El asunto salió a la luz el 25 de junio de 2019, cuando el Ministerio del Interior anunció en una declaración que había descubierto un “complot conjunto entre la dirección en el exilio de la Hermandad Musulmana y la oposición civil [en Egipto] para atacar el Estado y sus instituciones a fin de derrocarlo el 30 de junio”. En la declaración se alude a la participación de varias figuras de la Hermandad Musulmana y de la oposición, así como a la detención de un número no especificado de personas dentro de Egipto, incluidas ocho a las que se menciona por sus nombres.

En Egipto aumentó el número de personas detenidas que pasan meses —o, a veces, años— en prisión preventiva por cargos de terrorismo, basados en muchos casos únicamente en investigaciones policiales, que el Tribunal de Casación determinó que no constituyen pruebas por sí solas. En estos casos, las personas detenidas suelen ser sometidas a desaparición forzada durante días, semanas, e incluso meses antes de comparecer ante la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que ordena entonces su detención mientras se investigan los cargos de terrorismo.

Las autoridades egipcias también orquestaron una campaña brutal de represión de sus detractores y oponentes de todo el espectro político, desde partidarios de la Hermandad Musulmana hasta activistas de izquierdas o liberales, e incluso seguidores del ex presidente Hosni Mubarak. La represión fue dirigida contra periodistas, abogados, personal de organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, incluidos aficionados al fútbol y personas que expresan sus críticas a la situación económica o social. Estas detenciones están, de hecho, convirtiendo Egipto en una prisión al aire libre, donde no se permiten la oposición, las críticas ni la información independiente.

Amnistía Internacional cree que estas detenciones están relacionadas directamente con los planes de una coalición que pretende unir a los partidos laicos antes de las elecciones parlamentarias previstas para abril-mayo de 2010. Las detenciones siguen un patrón similar, observado en 2017 en el periodo previo a las elecciones de 2018, cuando las autoridades egipcias emprendieron una campaña de represión sin precedentes contra sus oponentes políticos y detractores, que culminó con la detención de los contendientes del presidente Al Sisi y sus partidarios. Egipto reformó recientemente su Constitución, retrasando la fecha de las elecciones presidenciales a 2024, en vez de 2022, lo que en la práctica permitirá al presidente Al Sisi continuar en el poder hasta 2030.

 


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