Las políticas de austeridad que se implementaron en Argentina en los últimos años afectan el derecho a la salud, vivienda, educación y a un salario digno, entre otros.

Estas medidas impactaron de forma negativa en los principales indicadores socioeconómicos: pobreza, desempleo, inflación, aumento de la canasta básica, caída de la industria y de la actividad económica.

En la actualidad, el presupuesto en materia de salud pública sufrió recortes que pueden tener impacto en alrededor de 15 millones de personas que carecen de cobertura de salud.

En relación a la vivienda, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el incremento de asentamientos, barrios precarios y villas, y las dificultades para acceder a una vivienda.

Desde el 2016, la inversión en educación en Argentina medida como porcentaje del PBI disminuyó y no cumple el mandato legal de representar el 6% del PBI. Una política de Estado que valore la inversión educativa nacional es una herramienta indispensable para eliminar las desigualdades.

Más allá de quien sea el próximo Presidente de la Argentina, el Estado debe garantizar el acceso a la salud, vivienda, educación y a un salario digno. De realizar ajustes, nunca deben vulnerar los derechos humanos de las personas.

¡Firmá para que el Estado garantice una agenda respetuosa de los derechos humanos!

Publicado el 27 de septiembre de 2019