MÁS DE 130 PERSONAS CONTINÚAN DETENIDAS
Transcurrido un año y medio desde el inicio de la crisis en Nicaragua, al menos 130 personas continúan detenidas. Una de ellas es María Guadalupe Ruiz Briceño (de 22 años), estudiante encarcelada después de participar en una protesta en julio de 2019. Instamos a las autoridades nicaragüenses a poner de inmediato en libertad a las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a retirar todos los cargos en su contra.
El 18 de abril de 2018, tras años de declive institucional en Nicaragua, estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar —sin consulta previa— reformas impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis causó la muerte de 328 personas y heridas a más de 2.000. Además, las cifras facilitadas por la sociedad civil determinan que se detuvieron a más de 700 personas. Aparte de eso, se destituyó a 300 profesionales de la salud, y se expulsaron a 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Unas 80.000 personas nicaragüenses huyeron a países vecinos; hasta agosto de 2019, 68.000 de ellas habían pedido refugio en Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de 100 periodistas y profesionales de los medios de comunicación tuvieron que exiliarse.
Hasta el momento, el gobierno no cumplió su compromiso, formulado en marzo de 2019, de liberar a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica desde el 18 de abril de 2018. Según la información facilitada por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos y por la Unidad de Defensa Jurídica, María Guadalupe Ruiz Briceño (de 22 años), estudiante y activista, fue detenida con violencia el 13 de julio de 2019 y las autoridades no cumplieron adecuadamente las normas de debido proceso.
El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), con doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por disparos en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía el 8 de junio de 2019. Tras esa aprobación, 56 personas fueron puestas en libertad el 11 de junio de 2019.
En su informe Sembrando el terror, Amnistía Internacional concluyó que uno de los elementos centrales de esta política de represión eran los persistentes esfuerzos del Estado nicaragüense por criminalizar a quienes se le oponen, refiriéndose a quienes protestaban contra el gobierno como “terroristas” o “conspiradores” para justificar sus acciones violentas. Desde entonces, las protestas han continuado, reclamando un cambio sustancial en la situación. Un año y medio después del comienzo de la represión de las protestas, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión pacífica indican una estrategia continuada para reprimir las voces discrepantes.
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