Desde el 18 de octubre, miles de personas se han echado a las calles de Chile en respuesta al aumento de los precios del metro en su capital. Las manifestaciones se ampliaron para reflejar el enfado de la población por el coste de la vida y por la desigualdad. El presidente decretó un estado de emergencia que permite al ejército ejercer labores policiales e imponer un toque de queda. La información inicial da cuenta de varias muertes, detenciones masivas y decenas de personas sometidas a tortura o malos tratos. Pedimos al presidente que aborde las demandas detrás de las protestas y respete el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Sebastián Piñera
Presidente de la República de Chile
Palacio de la Moneda, Calle Moneda s/n
Santiago, Región Metropolitana,
Chile
Twitter: @SebastianPinera
Señor Presidente:

Me horrorizan los informes que indican que se desplegó presencia militar en las calles para realizar labores policiales en manifestaciones masivas en Chile, unas protestas que comenzaron a raíz de la subida del precio del transporte público, pero que subrayan otros factores estructurales de desigualdad que están provocando un fuerte descontento y agitación social. Desde que se decretó el estado de emergencia el 18 de octubre, se informó de al menos 15 muertes, más de 1.400 detenciones (incluidas de adolescentes), malos tratos y otros actos que podrían constituir tortura contra personas detenidas, así como represión violenta contra personas que se manifiestan pacíficamente.
Señor Presidente, le insto enérgicamente a implementar medidas para abordar las demandas legítimas de quienes actualmente ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. También le pido que ponga fin al despliegue del ejército para que ejerza un control policial de las manifestaciones, y que garantice que la policía cumple estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Días después de que se anunciara un aumento del precio del transporte público en Santiago de Chile, capital de Chile, miles de personas se movilizaron para exigir una congelación de dicho aumento, y soluciones a una diversidad de políticas que han arrojado una carga sobre amplios sectores de la sociedad chilena y afectaron a sus derechos económicos, sociales y culturales.
Tras varios episodios de violencia en las calles, el gobierno decidió suspender el servicio de transporte público y decretó un estado de emergencia el 18 de octubre. El decreto pedía al mando de la Defensa Nacional que asumiera el control policial de las manifestaciones e impusiera un toque de queda en la zona metropolitana de Santiago y otras ciudades, a partir del 19 de octubre. El toque de queda sigue en vigor.

El viceministro del Interior informó de que 15 personas murieron en incidentes violentos durante protestas en todo el país. El 21 de octubre, la organización local instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó de que se había detenido a más de 1.400 personas, entre ellas 181 adolescentes, y que más de 80 habían resultado heridas por arma de fuego. La organización también registró innumerables informes de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.
El 20 de octubre, el presidente Sebastián Piñera pidió a los partidos políticos que acordaran una nueva ley que detenga el aumento de los precios del transporte público, y esa ley fue aprobada el 22 de octubre. Las manifestaciones y los movimientos sociales piden que se tomen medidas significativas para abordar los factores subyacentes de desigualdad, y las protestas continúan.

Publicado el 22 de octubre de 2019