A consecuencia de una prolongada crisis política, Perú ha entrado en una espiral de violencia que ha incluido varias violaciones de derechos humanos, especialmente contra manifestantes en Lima y otras grandes ciudades relevantes. Esta crisis política experimentó una escalada con el anuncio hecho por el entonces presidente Castillo sobre la disolución del Congreso de la República el 7 de diciembre. Las protestas y la violencia siguen aumentando en todo el país, en oposición al Congreso y a las nuevas fuerzas políticas en el poder. Hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, siete personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, todas por arma de fuego, y decenas de manifestantes y periodistas han resultado heridos. La presidenta debe poner fin a todo uso de fuerza excesiva contra manifestantes, debe utilizar todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas heridas, debe brindar el apoyo necesario a las familias de las personas fallecidas y debe colaborar con las autoridades investigando de forma inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la actual crisis.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Dina Ercilia Boluarte Zegarra

Jr. De la Unión S/N, cuadra uno Lima - Lima 15001, Perú dboluarte@presidencia.gob.pe

Sra. Presidenta Dina Boluarte:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la creciente violencia contra manifestantes en Perú, una violencia que incluye el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad nacionales.

Al atacar a quienes expresan su descontento con la actual crisis política, la respuesta del gobierno ha sido abusiva, desproporcionada y excesiva hacia los manifestantes, y el país ha entrado en una peligrosa espiral de violencia.

Le insto a poner fin a las medidas represivas contra manifestantes, situando de hecho los derechos humanos y el diálogo en un lugar central y haciendo de ellos parte de una solución a la crisis del país. Como usted sabrá, la fuerza no debe utilizarse salvo cuando sea estrictamente necesario, y siempre de forma proporcionada y con un fin legítimo, y su uso debe luego ser sometido a un proceso de rendición de cuentas. En situaciones de violencia, las fuerzas de seguridad deben individualizar la respuesta a los responsables de generar disturbios o de poner en peligro la vida y la integridad de otras personas.

Como nueva comandante en jefe, tiene el poder de impedir que esta violencia aumente aún más, inaugurando de verdad una nueva época para el país y cumpliendo las obligaciones internacionales de derechos humanos que Perú ha contraído.

La insto a buscar el diálogo y poner fin de inmediato a todos los actos violentos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad nacionales. Esto incluye poner fin de hecho a todo uso de fuerza excesiva contra manifestantes, utilizar todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas heridas, brindar el apoyo necesario a las familias de las personas fallecidas y colaborar con las autoridades investigando de forma inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la actual crisis.

Atentamente, [NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A consecuencia de una prolongada crisis política, Perú ha entrado en una espiral de violencia que ha incluido varias violaciones de derechos humanos, especialmente contra manifestantes en Lima y otras grandes ciudades relevantes. Esta crisis política experimentó una escalada con el anuncio hecho por el entonces presidente Castillo sobre la disolución del Congreso de la República el 7 de diciembre de 2022. El Tribunal Constitucional y el Congreso rechazaron esta decisión, y Castillo fue detenido ese mismo día. La vicepresidenta, Dina Boluarte, juró rápidamente el cargo de presidenta, y las autoridades locales la han reconocido formalmente como la nueva comandante en jefe.

Las protestas y la violencia siguen aumentando en todo el país, en oposición al Congreso y a las nuevas fuerzas políticas en el poder. Hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, siete personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, todas por arma de fuego, y decenas de manifestantes y periodistas han resultado heridos. Estos sucesos se han difundido en múltiples medios de comunicación.

Romario Quispe Garfias, de 18 años, y otro muchacho de 15 años murieron el 11 de diciembre en Andahuaylas, ciudad del sur de Perú, mientras que los medios de comunicación han informado de que dos personas más han muerto en las protestas. Decenas de personas, tanto civiles como policías, han resultado asimismo heridas por arma de fuego o por objetos contundentes.

Además, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró ataques a 21 periodistas en Lima, Apurímac, Huaura, Arequipa y Puno mientras cubrían las protestas entre el 7 y el 11 de diciembre. Amnistía Internacional ha recibido información sobre otros sucesos en los que el entorno de violencia obstaculiza la práctica del periodismo y pone en peligro el trabajo periodístico y el derecho a informar y ser informado. Las agresiones oscilan desde el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra manifestantes hasta agresiones, insultos e intentos de arrebatar su equipo de trabajo a periodistas por parte de manifestantes.

Amnistía Internacional ha verificado imágenes de policías disparando gas lacrimógeno a corta distancia directamente contra los cuerpos de manifestantes en la Plaza San Martín, en Lima. La fuerza no debe utilizarse salvo cuando sea estrictamente necesario, y siempre de forma proporcionada y con un fin legítimo, y su uso debe luego ser sometido a un proceso de rendición de cuentas. En situaciones de violencia, las fuerzas de seguridad deben individualizar la respuesta a los responsables de generar disturbios o de poner en peligro la vida y la integridad de otras personas.

Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que una protesta no pierde su carácter pacífico por actos esporádicos o comportamientos ilícitos de personas individuales. Por lo tanto, el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de quienes se manifiestan pacíficamente no deben reducirse. Además, las fuerzas de seguridad del Estado deben priorizar la resolución pacífica de la situación y evitar que se utilice la fuerza de maneras que contravengan las normas internacionales.

Las autoridades peruanas deben investigar de manera inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la actual crisis. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente que la Ley de Protección Policial (Nº 3110), vigente desde marzo de 2020, deja abierta la posibilidad de que el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional quede impune, lo que incumpliría las obligaciones contraídas por Perú en virtud del derecho internacional.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de febrero de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: (no procede)

Publicado el 14 de diciembre de 2022