Las autoridades de Singapur se disponen a ejecutar a Tangaraju s/o Suppiah el 26 de abril de 2023. Tangaraju fue declarado culpable de implicación en el tráfico de aproximadamente un kilogramo de cannabis y condenado a la pena de muerte preceptiva. La sentencia condenatoria se basa principalmente en sus declaraciones durante los interrogatorios policiales, efectuadas sin la presencia de abogado e intérprete, y en el testimonio de los otros dos acusados, contra uno de los cuales se desestimaron los cargos. El gobierno de Singapur debe detener de inmediato su ejecución, conmutar su pena y establecer una moratoria oficial de todas las ejecuciones como primer paso para la plena abolición de la pena de muerte.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Lee Hsien Loong

Primer ministro de Singapur / Prime Minister of Singapore

Office of the Prime Minister

Orchard Road

Istana

Singapur 238823

Correo-e: pmo_hq@pmo.gov.sg; lee_hsien_loong@pmo.gov.sg

 

Señor Primer Ministro:

 

Lo insto a que detenga de inmediato la ejecución de Tangaraju s/o Suppiah, prevista para el 26 de abril 2023. La imposición de la condena a muerte en este caso constituyó una violación del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, lo que deslegitimaría su ejecución y la convertiría en arbitraria.

 

Como sabrá, el derecho y las normas internacionales establecen restricciones al uso de la pena de muerte para proteger contra la privación arbitraria de la vida. Entre estas limitaciones figuran la prohibición de imponer este castigo como pena preceptiva; por delitos que no cumplen el criterio de ser “de los más graves” que implican homicidio intencional; y tras actuaciones jurídicas que no se ajusten a las máximas garantías procesales; además, sólo podrá imponerse cuando la culpabilidad de la persona acusada se base en pruebas claras y convincentes que no dejen margen para una explicación alternativa de los hechos. En este caso parecen haberse violado todas estas salvaguardias.

 

El gobierno de Singapur debe tomar medidas para reformar la pena de muerte, en lugar de llevar a cabo nuevas ejecuciones. Singapur es uno de los cuatro únicos países en los que se tiene constancia de ejecuciones por delitos de drogas durante los últimos años. Su legislación antidrogas, sumamente represiva, no permite a los jueces tomar en consideración, al dictar condena, posibles circunstancias atenuantes como las circunstancias que concurrieron en el delito, los antecedentes de la persona acusada u otras cuestiones pertinentes al caso. Lamentablemente, las políticas de Singapur en materia de drogas, sumamente punitivas, no sólo no han abordado el consumo y la disponibilidad de estas sustancias en el país, sino que tampoco han ofrecido protección real contra los perjuicios derivados de ellas.

 

Lo insto a que proceda de inmediato a detener la ejecución prevista de Tangaraju s/o Suppiah, conmute la pena impuesta y establezca una moratoria oficial de todas las ejecuciones como primer paso para la plena abolición de la pena de muerte.

 

Atentamente,

Información complementaria

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

Tangaraju s/o Suppiah, ciudadano de Singapur, se enfrenta a la ejecución el miércoles 26 de abril de 2023. Suppiah fue condenado a la pena de muerte preceptiva en 2018, por haber ayudado a introducir en Singapur 1.017 gramos de cannabis en 2013.

Tangaraju, de 46 años, fue acusado de coordinarse con dos hombres para traficar con cannabis en septiembre de 2013, pero nunca recibió las drogas que presuntamente había encargado. La sentencia condenatoria se basa principalmente en sus declaraciones en interrogatorios policiales, sin la presencia de abogado e intérprete, y en el testimonio de los otros dos acusados, que comparecieron como testigos de la acusación y que lo relacionaron con un número de teléfono móvil que, según Tangaraju s/o Suppiah, había perdido antes de que se cometiera el delito. Los cargos presentados contra uno de los otros acusados se retiraron. Además, la acusación no localizó a un cuarto hombre, a quien los jueces consideraban fundamental para corroborar la declaración de este testigo, y tampoco dio a conocer a la defensa las declaraciones efectuadas por el otro encausado ni los registros telefónicos en cuestión. Los jueces del juicio y de la apelación consideraron todos los argumentos planteados por la defensa, incluidas las incoherencias entre las declaraciones presentadas por la acusación, pero los desestimaron. En los países que aún no han abolido esta pena, las normas internacionales exigen que la pena de muerte sólo pueda imponerse cuando la culpabilidad de la persona acusada se base en pruebas claras y convincentes que no dejen margen para una explicación alternativa de los hechos, y después de un proceso judicial que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso.

El derecho y las normas internacionales prohíben la imposición preceptiva de la pena de muerte, ya que impide a los jueces tener en cuenta circunstancias atenuantes del caso. Además, exigen que el uso de la pena de muerte se limite a los “más graves delitos” que impliquen homicidio intencional. Preocupa, además, que la fiscalía pueda haberse basado en las presunciones jurídicas de la Ley sobre Uso Indebido de Drogas de Singapur, según la cual puede presumirse que cualquier persona cuya posesión de cierta cantidad de sustancias prohibidas se haya demostrado tenía conocimiento del tipo y la cantidad de la sustancia incautada, y estaba en posesión de dicha sustancia para traficar con ella, a menos que pueda demostrar lo contrario, lo cual vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Tras concluir el juez que Tangaraju s/o Suppiah había estado implicado en el tráfico de más de un kilogramo de cannabis, dio por supuesto que tenía intención de traficar con la sustancia basándose en su cantidad.

Tras las enmiendas a la Ley sobre Uso Indebido de Drogas que entraron en vigor en 2013, los jueces disponen de cierta discrecionalidad a la hora de imponer condenas cuando el papel de la persona acusada se haya limitado a transportar drogas (“correo”) si la fiscalía emite un certificado de ayuda sustancial, o bien cuando se trata de una persona con alguna discapacidad mental o intelectual que afecta significativamente a su responsabilidad sobre las acciones y omisiones relativas al delito. Lo alarmante es que esto significa que, si la fiscalía no proporciona ese certificado de ayuda sustancial una vez que la persona acusada es considerada “correo”, el tribunal queda privado de cualquier potestad discrecional y debe condenarla a muerte, lo cual equivale en la práctica a dejar la decisión sobre la condena en manos de la fiscalía.

La última ejecución conocida en Singapur se llevó a cabo en octubre de 2022.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. En la actualidad, 112 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 21 de junio de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Tangaraju s/o Suppiah (masculino)

 

Publicado el 25 de abril de 2023