Las autoridades tailandesas están procesando y hostigando a defensores y defensoras de los derechos humanos menores de 18 años por haber ejercido pacíficamente su derecho a protestar. Se ha condenado judicialmente a Thanakorn “Petch” Phiraban —activista LGBTI—, mientras se continúa juzgando a “Sand” e investigando a Chan Tonnamphet —activista indígena de los derechos de tierras— y a “Yok”, manifestante de 15 años.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Primer Ministro Prayut Chan-O-Cha

Prime Minister Prayut Chan-O-Cha

Office of the Prime Minister, Government House

Pitsanulok Road, Bangkok 10300, Tailandia

Correo-e: prforeign@prd.go.th

Fax: 66 2 2283 4249, Twitter: @prayutofficial

 

Señor Primer Ministro:

Me dirijo a usted para expresar mi preocupación por las medidas que está tomando su gobierno con el fin de castigar a menores de edad por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Desde el comienzo de las protestas generalizadas, en 2020, el gobierno tailandés ha emprendido acciones penales contra, al menos, 284 menores de edad por haber protestado o expresado sus opiniones pacíficamente. Las autoridades han recurrido al hostigamiento y la vigilancia para perseguirlos e intimidarlos, tanto a ellos como a otras personas que se han manifestado de manera pacífica. Además, me preocupa que esta forma de actuar tenga un efecto disuasorio más amplio sobre estas personas a la hora de ejercer su derecho a la protesta. La situación de “Yok”, Thanakorn “Petch” Phiraban, Chan Tonnamphet y “Sand” es representativa de la de cientos de menores que han sido penalizados por haber ejercido su derecho a la libertad de reunión pacífica.

A finales de 2022, se impuso a Thanakorn una condena de entre 18 meses y tres años de reclusión por lesa majestad —por haber hablado en dos actos de protesta cuando tenía 17 años—, con una suspensión de pena de dos años. Además, tanto Thanakorn como “Sand” —activista de 17 años— y Chan se enfrentan a otros cargos en aplicación del Decreto de Emergencia. Las autoridades han emprendido acciones penales contra “Sand” por haber participado en una manifestación pacífica en 2021. Por su parte, Chan, activista indígena de los derechos de tierras, está siendo investigada por haber manifestado la preocupación de su comunidad por el acceso a sus tierras en un acto público en 2022. “Yok”, de 15 años, permaneció recluida entre el 29 de marzo y el 18 de mayo del año en curso, y puede enfrentarse a hasta 15 años de cárcel en aplicación, entre otros, del artículo 112 del Código Penal (ley de lesa majestad tailandesa) por haber protestado de manera pacífica en octubre de 2022.

En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño —entre otros instrumentos—, Tailandia tiene la obligación internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad a la libertad de expresión y de reunión pacífica, para que puedan ejercerlos sin temor a represalias. Estos derechos son importantes para que los menores puedan hacer campaña por los derechos humanos y otras cuestiones que les afecten.

Por todo ello, le pido que:

 

• ponga en libertad a todas las personas menores de edad recluidas simplemente por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica;

• deje sin efecto todos los procedimientos penales, anule las sentencias condenatorias y ponga fin al hostigamiento y la intimidación de menores de edad por el mero ejercicio pacífico de sus derechos humanos;

• respete, proteja y haga efectivos los derechos de las personas menores de edad a la libertad de expresión y de reunión pacífica; y

• reforme o derogue la legislación que sea incompatible con las normas internacionales relativas al ejercicio de estos derechos.

 

 

Atentamente,

Información adicional

 

En 2020, comenzó en Tailandia una oleada de protestas pacíficas lideradas por jóvenes, entre quienes figuraban estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria menores de 18 años. Las manifestaciones pasaron de las escuelas y universidades a las calles. En respuesta, las autoridades tailandesas detuvieron a participantes y organizadores u organizadoras, y presentaron cargos en su contra, sobre todo cuando las protestas empezaron a centrarse en peticiones sobre la reforma de la monarquía tailandesa.

En el movimiento de protesta juvenil —inicialmente desencadenado por la reivindicación de reformas políticas—, se pidieron también cambios constitucionales y reformas sociales, así como el fin de la represión oficial de toda persona crítica con el gobierno, la mejora de la educación y la seguridad de los centros escolares. Además, se hizo campaña por los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, la población LGBTI y las minorías étnicas. Las protestas en las calles incluyeron fiestas, debates, flash-mobs, sentadas, teatro y música en vivo, desfiles de moda y arte. Además, los y las jóvenes compartieron sus actividades y opiniones en plataformas de Internet. Se recurrió a la parodia y la sátira, y a imágenes de la cultura popular juvenil, para ilustrar las peticiones de cambio. A ojos del público, la imagen de estas manifestaciones fueron personas adolescentes y menores de 18 años, en muchos casos con uniformes escolares o moda urbana. Quienes participaron en dichas manifestaciones o en otras posteriores —igualmente pacíficas— o que compartieron sus opiniones sobre la sociedad y la política en alocuciones públicas o en comentarios satíricos publicados en Internet han sido objeto de detención, prolongados procedimientos judiciales, intimidación, hostigamiento y vigilancia. Mayoritariamente, las autoridades los han enjuiciado por la violación de distintas restricciones oficiales —que ya han dejado de estar en vigor— sobre la celebración de reuniones públicas impuestas en aplicación del Decreto de Emergencia —que prevé dos años de prisión o multa— para controlar la propagación de la COVID-19. También se han presentado cargos contra menores de edad en aplicación del artículo 112 del Código Penal, que regula el delito de lesa majestad, y del artículo 116 del Código Penal, que regula la sedición. El artículo 112 prevé entre 3 y 15 años de prisión para toda persona que “difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente”. El artículo 116 del Código Penal prevé 7 años de prisión y prohíbe “provocar malestar y desafección entre la población de manera susceptible de causar perturbación en el país; o que induzca a la población a transgredir las leyes del país”.

El 13 de octubre de 2022 “ Yok” (nombre no revelado para proteger su identidad), estudiante del tercer curso de educación secundaria —equivalente al noveno curso de Estados Unidos y Australia, el penúltimo curso de educación secundaria en Reino Unido y el último curso de educación secundaria inferior en Francia—, participó en una manifestación por la liberación de los y las activistas políticos recluidos y contra la ley de lesa majestad. Tres meses más tarde, las autoridades la citaron para que respondiera por los cargos que constaban en su contra, en aplicación del artículo 112, el 2 de febrero del año en curso. Yok solicitó el aplazamiento de la citación por estudios, hasta el pasado 9 de abril. Sin embargo, las autoridades del juzgado de menores dictaron una orden de arresto en su contra, alegando que —en su opinión— el hecho de que Yok hubiera asistido a otro acto de protesta demostraba que sólo estaba “ganando tiempo” y que sus estudios no le imponían ninguna obligación que justificara el aplazamiento. Además, Yok se enfrenta a cargos en aplicación del artículo 368 del Código Penal tailandés, por haberse negado —presuntamente— a acatar órdenes oficiales, y de la Ley de Control del Empleo de Amplificadores de Sonido con Fines Publicitarios. El pasado 28 de marzo, sin enseñar ninguna orden de arresto, la policía la detuvo en una comisaría de policía del centro de Bangkok, desde donde estaba retransmitiendo en directo por Internet la detención de otra persona, también activista como ella. Permaneció recluida en un centro de detención de menores hasta el 18 de mayo.

El 22 de noviembre y el 22 de diciembre de 2022 se declaró culpable a Thanakorn “Petch” Phiraban —activista LGBTI de Bangkok— de dos cargos distintos de violación del artículo 112 del Código Penal, por alocuciones pronunciadas en protestas pacíficas celebradas en Bangkok, en septiembre y diciembre de 2020. Fue la primera persona menor de edad en ser enjuiciada por lesa majestad y tiene que cumplir condena asistiendo a “formación” en un centro de formación profesional y juvenil. Las autoridades han suspendido su segunda condena, por lo que, posteriormente, quedará en libertad condicional. También se van a formular cargos adicionales en su contra en virtud del artículo 112 del Código Penal y del Decreto de Emergencia.

Chan Tonnamphet, de 18 años, activista de los derechos de la comunidad indígena karen, está siendo investigada por la policía por haber violado las restricciones de emergencia sobre la celebración de protestas pacíficas cuando tenía 17 años, en enero de 2022. La activista pronunció en público un discurso en apoyo de las peticiones de su comunidad a las autoridades, en una sentada de protesta a la que se unió en representación de los miembros de su comunidad que no hablaban la lengua tai. A raíz del desalojo forzoso y reubicación de su comunidad de sus tierras ancestrales, situadas en el parque nacional de Kaeng Krachan (provincia de Petchaburi, oeste de Tailandia), algunas personas de la comunidad han sufrido violaciones de derechos humanos, como el defensor de los derechos humanos Billy Rakchongcharoen, que fue sometido a desaparición forzada.

“Sand”’ (nombre ficticio para proteger su identidad), de 17 años, es una defensora de los derechos humanos que participó en protestas por la igualdad en la escuela y en favor de cambios políticos. Ha sido objeto de vigilancia y hostigamiento por su activismo, además de los 11 cargos presentados en su contra —en aplicación del Decreto de Emergencia y de leyes conexas— por su participación en protestas pacíficas. Actualmente se enfrenta a cargos por vulneración del Decreto de Emergencia, por haber asistido a una protesta en Bangkok durante sus vacaciones escolares.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés y tai

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de julio de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Thanakorn “Petch” Phiraban (no binario),

“Sand” (femenino), Chan Tonnamphet (femenino); “Yok” (femenino)

Publicado el 6 de junio de 2023