Tres personas criminalizadas por publicar en las redes sociales
Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía González están siendo procesados únicamente por expresar en las redes sociales opiniones irónicas sobre una figura pública. Morandini y Villegas estuvieron encarcelados durante 54 días y aún se enfrentan a juicio por publicaciones en X y Facebook, mientras que los cargos contra González se basan en un comentario que ésta hizo en un grupo privado de WhatsApp. Pedimos que se retiren los cargos contra todos ellos.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Sr. Walter Rondón
Fiscal del Ministerio Público de la Acusación
Provincia de Jujuy
Argentina
Correo-e: wrondon@mpajujuy.gob.ar
Señor Fiscal:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por los cargos penales presentados contra Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía González por referirse irónicamente a la ex primera dama de Jujuy. Me preocupa el hecho de que todas las pruebas en su contra son sus publicaciones en redes sociales o incluso en plataformas privadas de mensajería.
El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la libertad de expresión, incluidas las opiniones que puedan ser consideradas escandalosas, ofensivas o perturbadoras. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aclarado además que las figuras públicas deben tolerar más críticas y que el mero hecho de que unas formas de expresión puedan ser consideradas insultantes para con una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas.
Pese a la liberación provisional de Morandini y Villegas y al hecho de que recientemente, a petición del Ministerio Público, el tribunal ha resuelto que debe anularse la orden de detención contra González, me sigue preocupando que continúe el procesamiento contra todos ellos. Además, la conducta disciplinaria impuesta a Morandini y Villegas en espera de juicio, que exige que se abstengan de hacer comentarios sobre el caso o los demandantes, parece una restricción adicional y desproporcionada.
Le recuerdo respetuosamente que, en virtud del derecho internacional, las autoridades regionales y locales están igualmente obligadas a cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Argentina. Los cargos penales que restringen el derecho a la libertad de expresión pueden tener un impacto desproporcionado y un efecto disuasorio más amplio en la sociedad. Habida cuenta de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, le insto a retirar los cargos contra Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía González, ya que se derivan exclusivamente de su ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
El 4 de enero de 2024, Nahuel Morandini fue detenido por las autoridades de la provincia de Jujuy en el contexto de una investigación penal originada por una denuncia presentada por Tulia Snopek, esposa del exgobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. La denuncia se presentó a raíz de la publicación en la red social X (antes Twitter) realizada por Nahuel Morandini (45 años, ingeniero y docente) en la que se refería a una presunta infidelidad con un cantante. A consecuencia de ello, las autoridades de la provincia de Jujuy llevaron a cabo una investigación judicial en la que también ordenaron la detención de Roque Villegas, serigrafista autónomo de 42 años de edad, que compartió otras publicaciones en Facebook refiriéndose a lo mismo.
La causa penal se basa en presuntos daños psicológicos agravados por violencia de género y el delito de “supresión de la identidad” de una menor (la hija de Gerardo Morales, que tiene dos años y medio). De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena de hasta ocho años de prisión. Además, en la causa penal se han personado como demandantes el Consejo Provincial de la Mujer y el propio Gerardo Morales.
Las autoridades también dictaron una orden de detención contra Lucía González por un comentario que había hecho en un grupo de WhatsApp sobre el mismo tema. La orden de detención contra González ha sido anulada recientemente a petición del Ministerio Público; no obstante, la investigación contra González continúa y podría enfrentarse a un juicio en el que podría ser condenada a entre dos y seis años de prisión. En la misma acusación, se ha formulado contra González el cargo de daños mentales.
Los tres han sido acusados en virtud del artículo 139, párrafo 2, del Código Penal de la Nación, que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión para cualquier persona que, “por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. Este delito requiere un acto que haga incierta, altere o suprima la identidad de un o una menor, y ese acto debe tener potencial de alterar dicha identidad. La acción se consuma cuando se logra esa alteración de la identidad. Los comentarios en una red social o una conversación privada de WhatsApp no tienen potencial suficiente para lograr una alteración de la identidad. Morandini, Villegas y González están acusados de un delito que no se ha realizado ni tiene intención de realizarse, ya que las publicaciones en redes sociales o en correos electrónicos no bastan para lograr la eliminación o alteración de una identidad. Además, ninguna de estas publicaciones hace referencia alguna a la identidad de la niña. En la misma acusación, se ha formulado el cargo de daños psicológicos.
La defensa de Nahuel Morandini y Roque Villegas ha alegado que la única prueba en ambos casos es la publicación realizada en las redes sociales. Morandini y Villegas también denunciaron haber sido sometidos a trato inhumano y degradante los primeros días de su detención en la prisión de Barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy; por esas denuncias, el Comité Nacional contra la Tortura presentó una queja ante el Ministerio Público.
Esta investigación y los cargos presentados contra los tres acusados resultan sumamente alarmantes. Además de violar el derecho a la libertad de expresión, pueden tener un efecto disuasorio que desanime al resto de la población por temor a represalias.
Amnistía Internacional ya expresado anteriormente su preocupación por violaciones de derechos humanos cometidas en Jujuy. En junio de 2023, la provincia sufrió una violenta represión policial en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar contra una reforma constitucional aprobada en junio. La organización también documentó detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, y otras violaciones del derecho a la libertad, a la integridad de la persona, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión. Muchas víctimas evitaron presentar denuncias por miedo a ser objeto de enjuiciamiento por su participación en las protestas. Al mismo tiempo, la organización concluyó que existía una significativa falta de acción por parte de las autoridades a la hora de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.
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Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Marcelo Nahuel Morandini (masculino), Humberto Roque Villegas (masculino), Lucía González (femenino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: N/A
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