Está previsto que Willie Pye sea ejecutado en Georgia el 20 de marzo de 2024. Ahora tiene 58 años, y fue condenado a muerte por un asesinato cometido en 1992, cuando tenía 27. En 2021, unos jueces federales anularon la condena a muerte porque el abogado que defendió a Pye durante el juicio no había investigado y presentado pruebas del deficiente funcionamiento intelectual y la traumática infancia de su cliente. Esta decisión fue revertida en apelación, no por su fondo sino por motivos de procedimiento en virtud de una ley federal de 1996. Los abogados de Pye han presentado pruebas de la discapacidad intelectual de éste pero, a causa del requisito de Georgia de que dicha discapacidad se demuestre “más allá de toda duda razonable”, la condena a muerte ha sido confirmada.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado

State Board of Pardons and Paroles

2 Martin Luther King, Jr. Drive SE

Suite 430, Balcony Level, West Tower

Atlanta, GA 30334, EE. UU.

Correo-e: GaParoleBoard@pap.ga.gov

 

Sres. miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional:

Está previsto que Willie Pye sea ejecutado el 20 de marzo de 2024, en la que sería la primera ejecución en Georgia en cuatro años. Les pido que garanticen que esta ejecución no se lleva a cabo.

Desde 2002, la ejecución de personas con discapacidad intelectual es inconstitucional en Estados Unidos. Al contrario que cualquier otro estado del país, Georgia exige que esa discapacidad se demuestre más allá de toda duda razonable. No cabe duda de que Willie Pye tiene un funcionamiento intelectual considerablemente deficiente, con un cociente intelectual de 68. Los expertos tanto de la acusación como de la defensa coinciden en que Willie Pye presenta déficits de adaptación —el segundo elemento de una evaluación de discapacidad intelectual—, pero los expertos de la acusación no estaban de acuerdo en si esos déficits alcanzaban el nivel establecido por la norma, pese a que consideraban que “afectan a su capacidad diaria de funcionar en la comunidad”. Por parte de la defensa, una experta en discapacidad intelectual aseguraba sin lugar a dudas que, por las pruebas que ella misma le había realizado, los déficits de Willie Pye cumplían los requisitos de este segundo elemento.

En 1989, siete años antes de que se dictara la condena contra Willie Pye, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la discapacidad intelectual era un factor que “perfectamente puede reducir la culpabilidad de un acusado de un delito capital”, y que para tomar “una determinación individualizada de si la muerte es la pena adecuada”, quienes dictan la condena deben ser capaces de “considerar y aplicar las pruebas atenuantes de [discapacidad intelectual] a la hora de imponer la pena”. En la vista de determinación de la pena de Willie Pye, los miembros del jurado no pudieron hacer esto porque no habían escuchado las pruebas de su bajo funcionamiento intelectual. Esto se debió a que el abogado defensor no había investigado ni presentado más que una cantidad mínima de pruebas atenuantes. Entre otras cosas, no había presentado pruebas sobre la salud mental de Willie Pye y no había presentado prácticamente ninguna sobre su traumática infancia de graves abusos, privaciones y abandono. Una sala de tres jueces concluyó en 2021 que estaba claro que la asistencia letrada había sido constitucionalmente inadecuada y que Willie Pye debía tener una nueva vista de determinación de la pena, pero el tribunal en pleno anuló este fallo, no por su fondo, sino por cuestiones técnicas de procedimiento relativas al grado de deferencia que los tribunales estatales deben a las decisiones de los tribunales estatales.

El poder del ejecutivo para otorgar clemencia existe precisamente como válvula de seguridad contra las injusticias que no son remediadas por los tribunales. Les pido que utilicen su autoridad para garantizar que se conmuta la condena a muerte de Willie Pye.

Atentamente,

[NOMBRE]

 

Información complementaria

Willie Pye, de raza negra, fue detenido en 1993 y acusado del asesinato, cometido en 1992, de su exnovia. Se designó a un abogado de oficio del condado de Spalding para representarlo. Este abogado actuó como única defensa de Willie Pye y, durante ese tiempo, también representó a otros cuatro acusados de delitos capitales, así como a centenares de personas acusadas de delitos no capitales. Tal como señaló un tribunal federal en 2021, según sus registros de facturación, el abogado dedicó unas 150 horas a preparar el juicio de Willie Pye (y un total de poco más de 200 horas incluidas las vistas judiciales y el juicio en sí). El Colegio Estadounidense de Abogados ha señalado que normalmente se requiere al menos 10 veces esa cantidad de tiempo para llevar a cabo una representación adecuada en un caso capital que llega a juicio. Después de que el jurado votara a favor de declarar culpable a Willie Pye, el juicio pasó a la fase de determinación de la pena. Ésta duró una mañana y concluyó con una condena a muerte.

En 1996 entró en vigor la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz (AEDPA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo en parte es facilitar las ejecuciones. En aplicación de la AEDPA, según la Corte Suprema de Estados Unidos, las cortes federales deben aplicar “un criterio sumamente respetuoso para evaluar las sentencias de las cortes estatales, lo que exige que las decisiones de las cortes estatales tengan el beneficio de la duda”. Incluso antes de la AEDPA, cuando los tribunales federales abordaban alegaciones de representación inadecuada de la defensa, “el escrutinio judicial de la actuación de la abogacía [debía] ser sumamente respetuoso”. La AEDPA añadió una capa más: ahora, la revisión federal debía ser “doblemente respetuosa”, en palabras de la Corte Suprema. En 1998, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias concluyó que esta ley había “puesto en mayor peligro la aplicación del derecho a un juicio justo” en virtud del derecho internacional. La AEDPA ha contribuido a que se cometan injusticias manifiestas, también en Georgia.

En 2021, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, concluyó por unanimidad que este era uno de los casos excepcionales en virtud de la AEDPA en los que estaba justificado someter a revisión federal una alegación de representación inefectiva denegada por cuestiones de fondo por un tribunal estatal. La sala concluyó que el análisis del tribunal estatal se había basado en determinaciones de hecho irrazonables y en una aplicación irrazonable de la ley federal, lo que dejaba libre a la sala para revisar la alegación en su totalidad de nuevo. La sala concluyó que era bastante evidente que el abogado que había defendido al acusado en el juicio no había proporcionado una representación constitucionalmente adecuada, y se había limitado a llevar a cabo la “más superficial” de las investigaciones sobre las pruebas atenuantes, incluido el hecho de no obtener una evaluación de la salud mental. A consecuencia de esta “mísera” investigación, el jurado no había escuchado “prácticamente ninguna de las pruebas atenuantes de peso” presentadas en la apelación, que incluían el deficiente funcionamiento intelectual de Willie Pye, sus daños en el lóbulo frontal del cerebro, su grave depresión o su traumática infancia, que incluía “abusos físicos y emocionales casi constantes, abandono parental extremo, condiciones de peligro y pobreza extrema” que habían “impregnado” su vida cotidiana durante su infancia y su “perturbada edad adulta”. Mucho antes del juicio de Willie Pye, la Corte Suprema de Estados Unidos ya había reconocido la validez de los abusos infantiles como prueba atenuante en los juicios de pena capital. La sala del Undécimo Circuito concluyó que las pruebas presentadas durante la apelación “pintan una imagen enormemente diferente” de la que se presentó al jurado. Willie Pye se había visto perjudicado por la inacción de su abogado y tenía derecho a una nueva vista de determinación de la pena.

La fiscalía apeló para que se celebrara una nueva vista ante el pleno de la Corte del Undécimo Circuito, que en 2022 anuló la decisión de la sala. El pleno no puso en duda la conclusión de la sala de que el abogado no había preparado el juicio, pero resolvió que Willie Pye no había demostrado que el suyo fuera uno de los casos excepcionales que permiten la revisión federal en virtud de la AEDPA. Dos jueces discreparon (y otros dos se unieron a la resolución “pese a tener reservas” al respecto). Los jueces discrepantes señalaron que “la opinión de la mayoría no defiende la actuación de la defensa durante el juicio” y acusaron a la mayoría de convertir el recurso de hábeas corpus en algo “ilusorio —imposible— incluso de obtener” y de negar a Willie Pye la “segunda oportunidad que merec[ía] de convencer a un jurado de que le perdone [la vida]”.

En el momento del juicio de Pye, Georgia era el único estado de Estados Unidos que prohibía la ejecución de personas con discapacidad intelectual, lo que habría justificado aún más una revisión de la inacción de su abogado defensor de investigar esta cuestión. En 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos tomó finalmente la medida de prohibir categóricamente el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad intelectual. Los abogados actuales de Willie Pye han presentado pruebas convincentes de que éste sufre una discapacidad intelectual. Para demostrar esta discapacidad, un acusado debe demostrar: 1) un funcionamiento intelectual significativamente deficiente (un cociente intelectual inferior a 70-75), 2) déficits adaptativos relacionados con él, y 3) que la discapacidad se haya manifestado antes de los 18 años de edad. Al contrario que en cualquier otro estado del país, la legislación de Georgia exige que la discapacidad intelectual se demuestre más allá de toda duda razonable. No cabe duda de que Willie Pye tiene un funcionamiento intelectual considerablemente deficiente, con un cociente intelectual de 68, y su expediente escolar y los testimonios de sus maestros señalan que se manifestó antes de los 18 años. El único punto de disputa era el relativo a los déficits adaptativos, porque la fiscalía presentó a un experto que manifestó que Willie Pye tenía sin duda déficits adaptativos, pero no estaba de acuerdo en que fueran lo suficientemente significativos como para cumplir el estándar de segundo elemento de una evaluación de discapacidad intelectual. En virtud de la excepcionalmente estricta norma de “más allá de toda duda razonable”, esto bastaba para mantener la condena a muerte de Willie Pye.

Desde 1976 se han llevado a cabo 1.584 ejecuciones en Estados Unidos. Georgia ha sido responsable de 76 de estas ejecuciones, la más reciente de ellas el 29 de enero de 2020. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos requieren que toda persona que se enfrente a la pena de muerte reciba “asistencia letrada adecuada en todas las etapas de los procedimientos”, y las violaciones de las garantías de un juicio justo establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos convierten esta condena a muerte en arbitraria. La Constitución estadounidense prohíbe además la ejecución de personas con discapacidad intelectual.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 20 de marzo de 2024.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Willie Pye (masculino).

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: no aplicable

Publicado el 18 de marzo de 2024