ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Av. Rivadavia 1864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

 

 Señor Diputada/Señora Diputada:

 Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por el veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley sobre pensiones aprobado recientemente por el Congreso de la Nación.

Durante varios años, el poder adquisitivo de las pensiones se ha ido reduciendo, hasta alcanzar un punto crítico en enero de 2024, cuando la pensión mínima ya no bastaba para cubrir las necesidades básicas totales, incluidos el alimento, la ropa, el transporte y otras cuestiones esenciales. En la actualidad, más de tres millones de personas reciben pensiones que están por debajo del umbral de pobreza.

Las pensiones son un elemento clave para la realización del derecho a la seguridad social. Según este derecho, las prestaciones de la seguridad social deben ser adecuadas en cantidad y duración para que la gente pueda acceder a su derecho a un nivel de vida adecuado. La reducción de las pensiones ha sido uno de los elementos principales del ajuste fiscal impuesto por el gobierno nacional. Según datos oficiales, en julio de 2024 el presupuesto asignado a las pensiones se había reducido en al menos un 25,8%.

Incluso en tiempos de crisis económicas, y en virtud de las normas internacionales, los Estados deben demostrar que han hecho todo lo que está en su mano para utilizar todos los recursos de que disponen con el propósito de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual incluye realizar evaluaciones exhaustivas para garantizar que las políticas públicas adoptadas no son regresivas y no tienen un efecto desproporcionado en los grupos más vulnerables a la discriminación y la marginación, incluidas las personas mayores; además, los Estados deben tomar medidas deliberadas y específicas para salvaguardar los derechos de estas personas.

Como parte del Estado argentino, tiene usted el deber de cumplir las normas y obligaciones internacionales promoviendo reformas que refuercen la protección integral de las personas de edad avanzada. La aplicación de esta posible ley reparará parte del abrumador impacto del vertiginoso aumento de los precios de productos y servicios esenciales en el país.

Por tanto, le insto a insistir en que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso.

Atentamente,

[NOMBRE]

 

Enviar a:

Diputado Rodrigo De Loredo: rdeloredo@hcdn.gob.ar
Diputado Germán Pedro Martínez: gpmartinez@hcdn.gob.ar
Diputado Miguel Ángel Pichetto: mpichetto@hcdn.gob.ar
Diputado Cristian Ritondo: critondo@hcdn.gob.ar
Diputada Pamela Caletti: pcaletti@hcdn.gob.ar
Diputado Juan Manuel López: julopez@hcdn.gob.ar
Diputada Ana Carla Carrizo: ccarrizo@hcnd.gob.ar
Diputado Martín Tetaz: mtetaz@hcdn.gob.ar
Diputada Silvia Lospennato: Slospennato@hcdn.gob.ar
Diputada Luana Volnovich: lvonovich@hcdn.gob.ar
Diputada Mónica Fein: Mfein@hcdn.gob.ar

Por favor, remita también un correo electrónico a Amnistía Internacional Argentina para hacer un seguimiento de los correos enviados y poder compartirlo con otras autoridades a: contacto@amnistia.org.ar

 

 

Información complementaria

El sistema de pensiones argentino es un sistema contributivo, es decir, está financiado con las contribuciones de la mano de obra asalariada y está concebido para garantizar los ingresos de las personas mayores, incluidas las que no han tenido empleo o lo han tenido en el sector informal, basándose en los principios de la redistribución y la protección social. Su objetivo es garantizar un ingreso mínimo, y el Estado asume una función redistributiva y paliativa para quienes no pueden garantizar su propio bienestar en su etapa pasiva.

Argentina invierte en pensiones un porcentaje cada vez menor de su PIB. Según datos oficiales, el porcentaje de PIB asignado a la seguridad social ha disminuido casi un 3% en el último decenio. En 2022 y 2023, el gasto en pensiones representaba el 7,6% del PIB. En la actualidad es el 6,5%, más de un punto porcentual más bajo que en años anteriores. En un contexto de grave crisis económica, en el que los índices de pobreza e indigencia han aumentado de forma preocupante, es fundamental pensar en un sistema de pensiones sostenible que garantice a las personas mayores unos ingresos que les permitan vivir con dignidad.

La reducción de las pensiones ha sido uno de los elementos principales del ajuste fiscal. Según datos oficiales, en los primeros siete meses del año, las asignaciones para pensiones de jubilación y de otro tipo se redujeron al menos en un 25,8% en términos reales en comparación con el año anterior. La reducción de las pensiones fue uno de los principales elementos del ajuste fiscal llevado a cabo por el actual gobierno. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional durante los dos primeros meses de 2024 (3.869.000 millones de pesos argentinos) fue de un 43% (1.682.000 millones de pesos), explicada por la reducción del gasto en pensiones y jubilación, que fue del 33% en comparación con los dos primeros meses de 2023.

En la actualidad, una pensión mínima no basta para superar el umbral de pobreza. En junio, casi tres millones de personas jubiladas recibían menos de 270 dólares estadounidenses, mientras que el coste total de los bienes y servicios esenciales se fijaba en 280 dólares estadounidenses.

El 22 de agosto, el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que dispone que las pensiones se ajustarán al índice de inflación cada mes, con una compensación adicional del 8,1% por la pérdida de poder adquisitivo en enero de 2024 y garantías de que la pensión mínima cubrirá el coste total de bienes y servicios esenciales. Esta reforma supone un coste fiscal adicional del 0,43% del PIB. Se trata de un paso importante para mejorar los ingresos de los y las pensionistas en Argentina.

El 2 de septiembre, el presidente Javier Milei vetó la ley alegando el mantenimiento del equilibrio fiscal. El veto es el poder concedido por la Constitución de la Nación al ejecutivo nacional para impedir que un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por las dos cámaras del Congreso de la Nación se convierta en ley. Según la Constitución, el Congreso de la Nación puede insistir en la aprobación de una ley vetada por el presidente, si cuenta con los votos a favor de dos tercios de sus miembros. En otras palabras, para invalidar un veto se requiere una mayoría de dos tercios en cada una de las cámaras del Congreso. No hay un plazo límite constitucional para anular el veto.

Los cambios propuestos en las pensiones tienen lugar en un contexto en el que Argentina ha pedido dinero prestado al FMI, mediante el préstamo más grande jamás concedido por la institución financiera internacional. El FMI ha incluido entre las condiciones para Argentina que el país tenga “déficit cero”. Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, este objetivo se ha reflejado en la adopción de un fuerte ajuste fiscal y medidas de austeridad.

Las personas mayores deben poder acceder a bienes y servicios que son fundamentales para vivir con dignidad. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de mantener la progresividad y la no regresividad, y debe utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos humanos. Dentro de este marco, toda reforma normativa debe implicar una mejora de la situación de las personas de edad avanzada.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de octubre de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: No aplicable

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: N/A

Publicado el 10 de septiembre de 2024