Sigue sin conocerse el paradero de 23 hombres tras unas operaciones militares llevadas a cabo a lo largo de 2024 en las provincias de Los Rios, Esmeraldas y Guayas de Ecuador, según un informe reciente llevado a cabo por una organización local. Familias y testigos han denunciado a miembros del ejército como sospechosos de ser penalmente responsables, y hay reportes de que los esfuerzos de búsqueda están paralizados. Pedimos a la Fiscalía que busque de inmediato a las víctimas e investigue estos sucesos como posibles casos de desaparición forzada.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Diana Salazar Méndez

Fiscal General

Fiscalía General del Estado Juan León Mera N19-36 y Av. Patria,

Quito (Ecuador)

Correo-e: salazarmd@fiscalia.gob.ec

 

Señora Fiscal General:

 

Me preocupa profundamente la desaparición de al menos 23 hombres en las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas, hechos denunciados por sus familiares y documentados por la organización local CDH Guayaquil. De acuerdo con las familias, las víctimas fueron vistas por última vez después de operativos militares llevados a cabo a lo largo de 2024 como parte de la política de seguridad del presidente Daniel Noboa conocida como “Plan Fénix”. En todos los casos, familias y testigos han denunciado a miembros del ejército como los presuntos perpetradores.

Entre las víctimas se encuentran: Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Roca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Óscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco, según CDH Guayaquil.

La organización CDH Guayaquil ha denunciado que los fiscales no han examinado las denuncias de desaparición forzada, una obligación impuesta a las autoridades ecuatorianas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

Pido a la Fiscalía que lleve a cabo de inmediato esfuerzos de búsqueda exhaustiva de todos los desaparecidos, y que investigue estos sucesos como casos de posible desaparición forzada en virtud del artículo 84 del Código Penal de Ecuador y de acuerdo con el derecho y las normas internacionales.

 

Atentamente, [NOMBRE]


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La violencia en Ecuador se ha intensificado considerablemente en los últimos años, tras un aumento de los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada que se disputan el control territorial, y entre éstos y las fuerzas de seguridad. La región costera del país se ha visto especialmente afectada. En respuesta a estos desafíos, las autoridades ecuatorianas han optado por apoyarse más en las fuerzas armadas y han desatendido su responsabilidad de garantizar una supervisión civil suficiente.

 

Amnistía Internacional considera preocupantes las denuncias existentes sobre posibles violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional relacionados con las declaraciones de estado de excepción (Decreto Ejecutivo 110 del 8 de enero de 2024) y de conflicto armado interno (Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024) dictadas en respuesta al aumento de la violencia en Ecuador. Estos decretos iniciales se han ampliado en una serie de provincias de la región costera del país. Las medidas, que forman parte de la política de seguridad de Noboa conocida como “Plan Fénix”, han permitido en la práctica, durante más de un año, el despliegue generalizado y continuado del ejército en las calles para realizar labores de seguridad pública.

 

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han denunciado un aumento de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, incluidos posibles casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas.

 

El 8 de diciembre de 2024, cuatro niños desaparecieron tras una operación militar en Guayaquil, provincia de Guayas. Los encontraron muertos con señales de tortura el 24 de diciembre de 2024, y el 31 de diciembre de 2024 la Fiscalía presentó cargos contra 16 miembros de las fuerzas armadas por el delito de desaparición forzada. El caso recibió atención generalizada de los medios de comunicación, y fue condenado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por UNICEF.

 

Tras estos sucesos, las familias de otros 23 hombres desaparecidos se pusieron en contacto con CDH Guayaquil, la organización que representa el caso de los cuatro niños, para pedir acompañamiento, según la organización. En total, la ONG representa ahora 27 casos de desaparición. En un informe que documenta los casos, CDH Guayaquil identificó un patrón de desapariciones cometidas durante operaciones militares y señaló que la Fiscalía no ha investigado adecuadamente estos sucesos como posibles desapariciones forzadas, clasificándolas como “desapariciones involuntarias”. La Fiscalía ha actuado así a pesar de las obligaciones consagradas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPTPDF), en la que Ecuador es Estado Parte. En el mismo informe, la organización denunció que el Estado no ha realizado esfuerzos para buscar a los desaparecidos. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha emitido acciones urgentes para varios de estos casos, en las que ha pedido que se hagan esfuerzos para buscar a las víctimas y se adopten medidas para proteger a sus familias.

 

Según los artículos 12 y 24.2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la obligación de buscar y encontrar a las personas objeto de desaparición forzada se deriva del reconocimiento, incluido en la Convención, del derecho a saber la verdad. Los principios rectores de la ONU para la búsqueda de personas desaparecidas establecen además que la búsqueda es una obligación continua que debe comenzar sin demora, regirse por protocolos públicos, llevarse a cabo bajo la presunción de la vida y coordinarse entre las distintas instituciones estatales pertinentes.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: [Español]

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 31 de marzo de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: [Hombres desaparecidos en la costa de Ecuador] (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: N/A

Publicado el 19 de febrero de 2025