La defensora de los derechos humanos iraní Sharifeh Mohammadi corre peligro de ser ejecutada después de que un Tribunal Revolucionario de Rasht (provincia de Gilan) la condenara a muerte otra vez en febrero de 2025. Fue declarada culpable de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) únicamente por sus actividades pacíficas de derechos humanos, como apoyar los derechos laborales y de las mujeres. En octubre de 2024, el Tribunal Supremo había anulado la sentencia condenatoria y la pena de muerte dictadas contra ella en junio de ese mismo año y había ordenado la prosecución del procedimiento en un tribunal inferior. En diciembre de 2024 tuvo lugar un nuevo juicio, manifiestamente injusto; sus denuncias de tortura y otros malos tratos nunca se investigaron.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

 

Presidente de la Magistratura

Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei, 

c/o Embassy of Iran to the United Nations in Geneva 

Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Suiza 

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

 

La defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi, de 45 años, corre peligro de ejecución en la prisión de Lakán, en Rasht (provincia de Gilan), después de que la Sección Segunda del Tribunal Revolucionario de Rasht la condenara a muerte por “rebelión armada contra el Estado” (baghi), en una resolución dirigida a sus abogados el 13 de febrero. En octubre de 2024, la Sección 39 del Tribunal Supremo había anulado la sentencia condenatoria por “rebelión armada contra el Estado” (baghi) y la condena a muerte dictadas contra ella, y remitido el caso a un tribunal inferior para una nueva revisión. El 19 de diciembre de ese mismo año, Sharifeh Mohammadi fue juzgada otra vez durante una sesión de 30 minutos, en un proceso manifiestamente injusto. El tribunal rechazó la solicitud presentada por los abogados de Sharifeh Mohammadi de que ésta asistiera personalmente al juicio, y la activista se conectó desde la prisión por videoconferencia durante 20 minutos. En una entrevista emitida en los medios de comunicación el 19 de febrero, uno de los abogados de Sharifeh Mohammadi señaló las deficiencias procedimentales presentes en el nuevo juicio, incluido el hecho de que las autoridades no habían notificado a la defensa la fecha del juicio con suficiente antelación. Además, Amnistía Internacional ha sabido que el juez que preside la Sección Segunda es familiar cercano del juez que preside la Sección Primera, que declaró culpable y condenó a muerte por primera vez a Sharifeh Mohammadi a finales de junio de 2024. Amnistía Internacional tiene entendido que Sharifeh Mohammadi va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

 

Tras la detención arbitraria de Sharifeh Mohammadi a principios de diciembre de 2023, unos agentes del Ministerio de Inteligencia la interrogaron sobre su labor de activismo de derechos humanos, que incluía apoyar los derechos laborales y de las mujeres, así como la abolición de la pena de muerte, y sobre su pertenencia anterior al Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras, que lleva a cabo trabajo de incidencia en favor de los sindicatos. El 28 de diciembre de ese mismo mes transfirieron a la activista un centro de detención del Ministerio de Inteligencia situado en Sanandaj (provincia de Kurdistán), donde, según fuentes informadas, la sometieron a tortura y malos tratos —como golpes repetidos en la cara y la cabeza mientras tenía los ojos vendados, lo que le causó lesiones visibles— para obtener confesiones forzadas. A finales de febrero de 2024, la transfirieron a la prisión de Lakán. 

 

Le pido que detengan de inmediato todo plan para ejecutar a Sharifeh Mohammadi, anulen la sentencia condenatoria y la condena a muerte dictadas contra ella, y la pongan en libertad de inmediato y sin condiciones, ya que está recluida únicamente por su activismo pacífico en materia de derechos humanos. Hasta su liberación, deben proporcionarle asistencia médica adecuada y autorizarle visitas periódicas de familiares y profesionales de la abogacía, protegerla de nuevos actos de tortura y otros malos tratos, y ordenar una investigación independiente, efectiva e imparcial de sus denuncias de tortura; y deben llevar ante la justicia a cualquier persona sospechosa de responsabilidad penal para someterla a un juicio justo y sin recurrir a la pena de muerte. Asimismo, deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. 

 

Atentamente, [NOMBRE]

 

Información complementaria

 

El primer juicio de Sharifeh Mohammadi, que tuvo lugar el 9 de junio de 2024 y consistió en una sesión de 30 minutos ante la Sección Primera del Tribunal Revolucionario de Rasht, fue manifiestamente injusto. Su abogado sólo dispuso de 10 minutos para presentar una defensa. La sentencia, dictada el 30 de junio de 2024, y que ha examinado Amnistía Internacional, enumera las actividades pacíficas de derechos humanos como “pruebas” de los actos de Sharifeh Mohammadi “contra los fundamentos de la República Islámica de Irán”. El fallo cita como “prueba” el apoyo de Sharifeh Mohammadi a la abolición de la pena de muerte en Irán; su documentación de casos de mujeres recluidas por motivos políticos en la provincia de Gilan, y su posesión de información sobre la participación de trabajadores y trabajadoras en el levantamiento “Mujer Vida Libertad” que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022 y de los datos de contacto del Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras, al que perteneció hasta 2011. La sentencia también afirma que existe una conexión entre el Comité de Coordinación para Ayudar a la Formación de Organizaciones de Trabajadores y Trabajadoras y el Partido Komala de Kurdistán, algo que el Comité ha negado en repetidas ocasiones. Según una fuente informada, durante el segundo juicio de Sharifeh Mohammadi, celebrado a finales de 2024, el juez le preguntó sobre el motivo por el que no había respondido a la citación para interrogatorio emitida en 2023, a lo que ella respondió que nunca había recibido citación alguna y que la habían detenido de forma repentina y sin previo aviso. El 19 de febrero de 2025, Amir Raesian, uno de los abogados de Sharifeh Mohammadi, señaló en una entrevista emitida en los medios de comunicación varios detalles sobre el carácter defectuoso del nuevo juicio. El abogado explicó que, una vez finalizado el juicio, el tribunal había estado en contacto con el personal encargado de interrogar que le había presentado el informe de investigación, sin informar a la defensa letrada, lo que significaba que los abogados de Sharifeh Mohammadi no tenían la oportunidad de examinar ni impugnar las pruebas que se hubieran presentado recientemente.

El 5 de diciembre de 2023, unos agentes arrestaron arbitrariamente a Sharifeh Mohammadi en su casa de Rasht, confiscaron sus dispositivos electrónicos y otros objetos personales y la llevaron a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia situado también en Rasht. Allí, según una fuente informada, la activista fue sometida a tortura y malos tratos, entre ellos repetidas patadas en las piernas, durante unos interrogatorios llevados a cabo sin acceso a asistencia letrada ni contacto con su familia, en los que le vendaban los ojos y le hacían preguntas reiteradamente. Los interrogatorios giraron en torno a su activismo de derechos humanos, como las razones de su postura contra la pena de muerte y el apoyo a las personas encarceladas por motivos políticos. Después de varios días, fue transferida a la prisión de Lakán, donde permaneció en régimen de aislamiento y continuaron los interrogatorios sobre su activismo. El 28 de diciembre de 2023, después de ser transferida de forma repentina a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, continuaron los interrogatorios y, según una fuente informada, la sometieron a nuevas torturas y otros malos tratos que incluyeron golpes reiterados en la cara. En esos interrogatorios trataron de obligarla a “confesar” que tenía vínculos con el Partido Komala del Kurdistán, grupo de oposición kurdo prohibido con sede en la Región del Kurdistán de Irak, lo que ella negó repetidamente. Hacia finales de enero de 2024, Sharifeh Mohammadi fue transferida a la prisión de Sanandaj, donde la mantuvieron en régimen de aislamiento y donde presentó una denuncia por el trato que había recibido en el centro de detención del Ministerio de Inteligencia de la misma ciudad, pese a lo cual no se llevó a cabo ninguna investigación. Cuatro semanas después, la fiscalía la presionó para que retirara su denuncia. En ese momento, las heridas visibles en su rostro se habían curado y el personal de la fiscalía le dijo que, si quería que se llevara a cabo una investigación, tendría que seguir recluida en la prisión de Sanandaj en lugar de ser devuelta a la prisión de Lakán, más cerca de su familia. A finales de febrero de 2024, después de retirar su denuncia bajo presión, fue trasladada de nuevo a la prisión de Lakán, donde permanece. Hasta que fue trasladada al módulo general de la prisión de Lakán a principios de marzo de ese mismo año, sólo se le permitieron algunas llamadas telefónicas muy breves a su familia. Sirous Fattahi, su esposo, ha sufrido represalias de las autoridades, como detención arbitraria, en relación únicamente con su labor de incidencia en favor de la puesta en libertad de Sharifeh Mohammadi.

 

Tras el movimiento de sublevación “Mujer Vida Libertad”, las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y afianzarse en el poder. Esta escalada incluye el uso de la pena de muerte contra mujeres por cargos de motivación política. Al menos otras dos mujeres: la disidente Verisheh Moradi y la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi, ambas kurdas, también están condenadas a muerte después de que sendos tribunales revolucionarios las declararan culpables de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en causas separadas. En 2024, las autoridades continuaron con su oleada de ejecuciones y volvieron a ejecutar a centenares de personas, en muchos casos de manera arbitraria y tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales revolucionarios. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena capital constituye una violación del derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Persa, inglés o su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de junio de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Sharifeh Mohammadi (femenino).

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/8506/2024/es/

Publicado el 28 de febrero de 2025