Cientos de miles de personas se unieron para pedir a El Salvador que derogue la prohibición del aborto que resulta vergonzosa y discriminatoria. Esta prohibición ha causado la muerte innecesaria de mujeres y niñas por complicaciones relacionadas con sus embarazos y el encarcelamiento de decenas de mujeres, algunas con penas de hasta 40 años, dijo Amnistía Internacional.

La organización entregó hoy una petición firmada por más de 300.000 personas en la oficina del presidente salvadoreño Sánchez Cerén para que derogue la prohibición del aborto en el país.

Desde hace casi dos décadas, las mujeres de El Salvador vienen sufriendo las consecuencias de esta prohibición, contraria a una sociedad moderna donde las mujeres y niñas deberían poder controlar sus decisiones sobre salud y reproducción. La prohibición ha hecho que se encarcele durante décadas a mujeres por complicaciones obstétricas y ha empujado a otras a someterse a peligrosos abortos clandestinos que suelen causarles la muerte.

La membresía y activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo se están uniendo a grupos locales de defensa de los derechos de las mujeres para pedir a las autoridades salvadoreñas que proporcionen a las mujeres y las niñas acceso a un aborto seguro y legal, como mínimo cuando el embarazo represente un riesgo para su vida o su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos malformación grave del feto.

Debido a las leyes represivas del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel. La prohibición del aborto se extiende incluso a niñas que han sido violadas. La ley obliga efectivamente a todas las mujeres a llevar a término el embarazo, incluso si tiene consecuencias físicas o psíquicas devastadoras para ellas. Los profesionales de la medicina se enfrentan también a penas de prisión por facilitar la realización de un aborto.

La prohibición ha generado un miedo al enjuiciamiento tan extendido que ahora, cuando los médicos tienen que atender a mujeres o niñas que han sufrido un aborto espontáneo, llaman a la policía. Esto ha hecho que se condene a mujeres por homicidio agravado a penas de hasta 40 años de cárcel sólo por un embarazo fallido.

Amnistía Internacional hace campaña sobre los casos de 17 mujeres, conocidas como “Las 17”, en prisión por delitos relacionados con el embarazo. Una de ellas, Carmen Guadalupe Vásquez Aldana, recibió el indulto presidencial en enero, después de que las autoridades reconocieran que hubo "errores judiciales" en el proceso original. Tras siete años de prisión, Carmen salió por fin a la calle el 22 de enero de 2015. Otra de las mujeres del grupo fue excarcelada el año pasado tras cumplir su condena, pero aún quedan 15 más entre rejas.

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de todas las mujeres y niñas encarceladas por abortar o que son criminalizadas por complicaciones relacionadas con el embarazo.

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Otros cinco países latinoamericanos tienen prohibiciones del aborto similares: Chile, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. De ellos, Chile está tomando medidas para rectificar sus leyes: En enero, la presidenta Michelle Bachelet presentó al Congreso un  proyecto de ley que permitiría el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre, si el feto no va a sobrevivir o en caso de violación. De ser aprobada, la ley anularía la prohibición total del aborto vigente en el país desde 1989. En diciembre, la República Dominicana despenalizó el aborto para casos de violación, incesto, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre.

En marzo de 2014, Amnistía Internacional lanzó una campaña global para proteger el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su salud, su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin temor a la discriminación y sin control o coacción del Estado. La campaña Mi cuerpo Mis Derechos insta a los gobiernos a que despenalicen el aborto.