Cinco formas en las que el legado de la dispersión de Rabaa sigue afectando hoy a la sociedad egipcia


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Hace seis años, las fuerzas de seguridad egipcias mataron al menos a 900 personas e hirieron a más de un millar durante la dispersión de las acampadas de las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda de la región metropolitana de El Cairo. Según cifras oficiales, aquel día murieron también ocho agentes de seguridad. Para muchas personas afectadas directamente y sus familias, aún pervive el legado de ese oscuro día.

Condenas a muerte: 75 hombres fueron condenados a muerte en relación con su participación en la acampada de Rabaa. Los que están en prisión recurrieron contra su condena, pero el Tribunal de Casación todavía no se resolvieron los recursos. Si se confirma la sentencia, podrían ser ejecutados. Desde 2013, Egipto ejecutó a veintenas de personas declaradas culpables en juicios injustos.

Juicio injusto y reclusión en condiciones inhumanas: Más de 650 personas fueron condenadas a penas de hasta 25 años de prisión en relación con su participación en la acampada de Rabaa tras un juicio manifiestamente injusto en el que los fiscales no presentaron pruebas suficientes ni determinaron la culpabilidad individual de cada persona. Las personas enjuiciadas, entre las que había manifestantes y periodistas, fueron declaradas culpables de participar en “protestas no autorizadas” y de otros delitos que iban desde el asesinato y la incitación a la violencia a la “pertenencia a un grupo ilegal”. Las personas encarceladas se ven obligadas a soportar las inhumanas condiciones de reclusión de las prisiones egipcias. Muchas de las condenadas están recluidas en régimen de aislamiento prolongado, lo que en algunos casos equivale a tortura, y denuncian que reciben palizas con frecuencia y que se les niega el acceso a asistencia letrada y atención médica, y a las visitas familiares.

Essam Soltan, abogado, exparlamentario y dirigente del partido de la oposición Al Wasat, está en régimen de aislamiento desde enero de 2014 en la prisión de Al Aqrab. Fue detenido el 29 de julio de 2013 y posteriormente condenado a 25 años de prisión en relación con la protesta de Rabaa al Adawiya. Inicialmente estuvo confinado en su celda al menos 23 horas al día y solo se le permitía salir al pasillo de la sección una hora al día. Sin embargo, en marzo de 2015, las autoridades penitenciarias dejaron de permitirle salir y en mayo de 2017 declaró ante un tribunal que estaba confinado en su celda las 24 horas del día. El trato a que está sometido Essam Soltan constituye claramente tortura con arreglo al derecho internacional.

Condiciones abusivas de la libertad vigilada: Incluso las personas que salieron en libertad tras cumplir su condena de cinco años y seis meses de cárcel siguen sometidas a graves restricciones a su libertad debido a las represivas medidas de libertad vigilada de Egipto. Las autoridades utilizan estas medidas draconianas para seguir castigando a veintenas de hombres condenados en el juicio de la dispersión de Rabaa al Adawiya que, tras ser excarcelados, tienen que pasar 12 horas cada noche en comisarías de policía. Durante este periodo, permanecen recluidos en espacios atestados con ventilación deficiente y acceso limitado a instalaciones sanitarias, y no pueden recibir visitas ni comunicarse con el mundo exterior. Estas medidas punitivas violan sus derechos a la libertad personal, al trabajo, a la educación y a la reunión y asociación pacíficas, y pueden propiciar otras violaciones, como malos tratos, trabajo forzoso y explotación.

“Rami” (nombre ficticio) fue condenado en el juicio colectivo de Rabaa al Adawiya en septiembre de 2018 a cinco años de prisión y cinco años de libertad vigilada por los cargos de “reunión ilegal”, “incitación a infringir la ley” y “participación en actos de violencia”. La duración de su periodo de libertad vigilada, la imposibilidad de trabajar y, como consecuencia, su precaria situación económica lo obligaron a aplazar su boda. “Rami” dijo que, en abril de 2019, presenció cómo un amigo suyo había pedido un permiso especial para ser sometido a cirugía y unos agentes de policía le habían dicho expresamente que, en cumplimiento de las instrucciones de la Agencia de Seguridad Nacional, los “casos políticos” no podían pedir permiso. “Rami” pasa su periodo de libertad vigilada en una comisaría de policía de El Cairo, en una sala en la que hay 25 personas y que, según contó, está atestada, sucia e infestada de insectos. Aunque dice que no duerme lo suficiente en la comisaría, evita dormir en casa para aprovechar al máximo el tiempo que está con su familia y amistades. También denunció que el personal policial le había propinado puñetazos, lo había insultado y lo había obligado a limpiar la comisaría.

Exilio: Algunas de las personas enjuiciadas in absentia se vieron obligadas a salir de Egipto por temor a la detención, a sufrir tortura y otros malos tratos, y a ser sometidas a un juicio injusto o a desaparición forzada, y han buscado asilo en Europa, Norteamérica y Asia, entre otros lugares.

“Maged” (nombre ficticio) salió de Egipto en 2013. Cuenta que presenció el uso por la policía egipcia de medios letales contra manifestantes, y que vio cadáveres y oyó gritos. La policía lo detuvo y lo golpeó antes de llevarlo a una comisaría de Ciudad Nasr y recluirlo cuatro semanas en una celda en condiciones de hacinamiento. Fue puesto en libertad pendiente de investigación y juicio en relación con la dispersión de la protesta de Rabaa. “Maged” contó a Amnistía Internacional que su vida se estaba haciendo insoportable debido a la investigación en curso contra él. No pudo obtener un certificado que confirmase que había terminado el servicio militar —requisito legal para que una empresa contrate a varones egipcios— y le dijeron que se presentara ante la policía militar. Huyó del país y más tarde supo que había sido declarado culpable y condenado in absentia a 25 años de prisión por participar en la acampada de Rabaa. Actualmente busca asilo en un país europeo.

“Maged” dijo a Amnistía Internacional que no cree que pueda volver a Egipto en un futuro próximo, pues teme no recibir un juicio justo y que lo encarcelen y, posiblemente, lo sometan a desaparición forzada y tortura.

Impunidad continua: Para quienes murieron y para sus familias, la justicia sigue siendo una posibilidad lejana. Hasta la fecha, ni una sola autoridad del gobierno rindió cuentas del homicidio de al menos 900 personas. En 2018, el Parlamento egipcio aprobó una ley que faculta al presidente para conceder inmunidad procesal a militares de alto rango por cualquier acto cometido en el desempeño de sus funciones entre el 3 de julio de 2013 y el 10 de enero de 2016. Por otra parte, muchas familias viven con la incertidumbre de no saber la suerte de sus seres queridos que siguen estando en situación de desaparición forzada.

El último recuerdo que tiene Sara, estudiante que participó en la acampada de Rabaa, de su padre, Mohamed al Sayed, es de cuando cuatro hombres fornidos enmascarados lo metieron en la parte trasera de un coche frente a su casa, dos semanas después de la matanza de Rabaa. El coche huyó a toda velocidad y los agresores dispararon a la familia y a los vecinos que trataron de perseguirlo. No lo volvió a ver. “¿Dónde está mi padre?”, pregunta. “¿Dónde está la ley en este país? ¿Qué pruebas tienen contra él?”

Sara dijo que la policía tardó tres días en tramitar una denuncia formal de la desaparición de su padre. La queja que la familia presentó ante la Fiscalía fue ineficaz. A través de fuentes informales supieron que es probable que su padre esté en una prisión militar del país, pero hasta la fecha no se pudo confirmar su suerte ni su paradero.

La brutal dispersión de la acampada de Rabaa fue un punto de inflexión crucial para Egipto. Desde entonces, las autoridades pisotean los derechos humanos de la ciudadanía y, en concreto, los derechos de quienes critican al gobierno, hasta el punto de que Egipto se convirtió en una prisión al aire libre para las personas disidentes. Si Egipto tiene intención de salir de la crisis de derechos humanos en la que está inmersa, las autoridades deben abordar el persistente legado de la represión de Rabaa.

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