El gobierno de Nicaragua ha tratado de eliminar y desestimular a la competencia electoral a través de la detención arbitraria, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de opositores y aspirantes a la presidencia, así como la imposición de obstáculos a la candidatura de los principales partidos de oposición. También ha acosado y hostigado a la prensa y violado los derechos políticos, todo esto con la colaboración de los poderes legislativo y judicial.
La escalada del hostigamiento, sumada al recurrente uso abusivo de la fuerza y la impunidad incrementan la preocupación por violaciones de derechos humanos en un contexto de movilización social. Frente a ello, el recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes, conducen a un escenario en el cual no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos.
“La permanencia de las estructuras que han asegurado la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional bajo el mandato de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua no puede ser la base para la construcción del futuro del país”, remarca Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y añadió: “Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno".
Clima hostil
Las elecciones, programadas para hoy, tendrán lugar mientras el país atraviesa una crisis de derechos humanos que inició en abril de 2018 y se ha profundizado en 2021. Ortega, quien actualmente ostenta su tercer mandato presidencial consecutivo, ha echado mano de los órganos judicial y legislativo para implementar tácticas represivas. Y esto ha permitido la construcción de un sistema que garantiza la impunidad y que individuos acusados de cometer crímenes del derecho internacional eviten comparecer ante la Justicia.
Ya en 2018, el informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua determinó que las autoridades nicaragüenses habían cometido crímenes de lesa humanidad. Asimismo, señaló que existían elementos que llevaban a pensar que los crímenes cometidos habían sido tolerados, alentados u ordenados por las máximas autoridades, incluyendo al presidente del país. El informe destacó que estos hechos habían sido realizados en el marco de un plan definido desde las más altas esferas del gobierno.
El camino a las elecciones nicaragüenses, por ende, se ha caracterizado por la comisión de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación, y reiterados obstáculos al ejercicio de derechos políticos. Por estas razones, Amnistía Internacional, junto a las organizaciones firmantes, hacen un llamado a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos para que redoblen sus esfuerzos y gestiones para poner fin a la crisis de derechos humanos en ese país.
