Nota original - Clarín

Sesión de Diputados donde se aprobó la reforma del código procesal penal. Foto: Andrés D’Elia . de Clarín COMENTARIOS El Gobierno envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Código Penal con el objetivo de que sea tratado durante las sesiones ordinarias de este año. Sin embargo, el calendario electoral y los reacomodamientos políticos que pueden sucederse ante la sola posibilidad de un cambio de gobierno complican el escenario. Desde Amnistía Internacional nos planteamos varios interrogantes.  Con los candidatos y la estructura de sus partidos políticos focalizados en la suma de votos, el debate profundo y minucioso que merece el proyecto de reforma del Código Penal se verá afectado por la campaña electoral. En este sentido, las divergencias serán leídas en clave electoral y el debate de fondo quedará opacado detrás del ruido mediático que habrá hasta la elección de octubre, incluidas las primarias y un sinnúmero de elecciones provinciales. Recibir newsletter El Gobierno propone discutir un nuevo Código a seis meses de una elección cuando sabe que lo más probable es que, con encuestas en mano, la oposición bloquee todo intento de reformas sustantivas quedando su aprobación supeditada a especulaciones y debates ligados a la disputa por el Poder Ejecutivo. El proyecto introduce reformas con las que Amnistía Internacionaltiene profundas discrepancias. Entre ellas cuestiones vinculadas con el delito de terrorismo, los crímenes de derecho internacional –desaparición forzada y tortura-, delitos de lesa humanidad, la criminalización de los derechos de las mujeres, entre varias otras. En 2018, a instancias del presidente Mauricio Macri, se debatió la interrupción legal de embarazo en lo que fue desde nuestro punto de vista, el ejercicio de democracia deliberativa más saludable de los últimos tiempos. El debate fue liderado por diputados y diputadas quienes votaron un proyecto que por sobre todo ponderaba la necesidad de remover la amenaza penal contra la mujer. ¿Cómo es posible que siete meses después, el mismo Poder Ejecutivo propone modificaciones que implican un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres? El proyecto aumenta las penas para determinados delitos y crea figuras nuevas como la de lesiones a la persona por nacer y el aborto culposo. El proyecto del Presidente Macri pretender retrotraer el derecho a decidir a la era previa a 1921. Discusiones que afectan la vida de las personas no pueden estar guiadas por encuestas y estrategias políticas destinadas a decir lo que el sector que simpatiza con el gobierno quiere escuchar. Tópicos de esta magnitud exigen la dedicación de un Congreso Nacional que no tenga un ojo puesto en la elección presidencial. Un código a las apuradas, a contrarreloj del ejercicio legislativo resta calidad a una reforma que requiere un debate profundo y plural. El año electoral en el que muchos de los integrantes del Poder Legislativo pondrán en juego sus bancas, tejerán nuevas alianzas o reeditarán viejas, no parece ser el mejor escenario para que la Argentina sancione un nuevo Código Penal para el Siglo XXI. Mariela Belski es directora ejecutiva Amnistía Internacional Argentina