Las autoridades colombianas deben poner fin a la represión de las manifestaciones, parar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria. Así lo afirmó Amnistía Internacional, tras publicar evidencia audiovisual del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Fuerza Pública en el control de las manifestaciones, chequeada por su Cuerpo de Verificación Digital.

La organización destacó que las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes. La represión dejó como saldo decenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, Amnistía Internacional llamó a respetar la libertad de expresión y de prensa.



 

Cronología de los hechos

Desde el 28 de abril se vienen produciendo manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en diferentes puntos del país en respuesta al proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque, las cuales han sido reprimidas, con frecuencia, de manera violenta.

El 1º de mayo, el presidente anunció la presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”; y afirmó: “quiero hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”.

La organización de derechos humanos indicó que el descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como “vandalismo y terrorismo”.

Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas como consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias. Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.

Verificación Digital

A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional confirmó que la policía colombiana hizo uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país.

Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn y un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo en todo el país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Colombia, deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. Asimismo, la Corte ha establecido que la participación excepcional de las fuerzas armadas en dichas tareas debe ser extraordinaria; subordinada y complementaria; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

Inclusive, frente a denuncias de actos de violencia perpetrados por manifestantes en algunas protestas, las autoridades tienen el deber de tomar todas las medidas que correspondan para hacer frente a esos episodios de violencia sin dejar de garantizar que quienes protestan de forma pacífica puedan seguir haciéndolo.

Ante el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y el anuncio de uno nuevo, el gobierno debe garantizar que cualquier política pública en materia tributaria que adopte, se diseñe y se aplique en línea con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Eso significa que debe asegurarse que las medidas sean temporales, razonables y proporcionadas, que se hayan agotado medidas alternativas menos restrictivas y debe garantizarse la participación real de las personas y los grupos implicados. El gobierno debe realizar con urgencia una evaluación del impacto de esas medidas en los derechos humanos, para asegurarse de que no sean discriminatorias y de que respeten, en particular, los derechos de los grupos históricamente marginalizados, en el contexto de la pandemia del COVID-19 y sus afectaciones diferenciadas.

Tras los anuncios de nuevas movilizaciones, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a garantizar el derecho del pueblo colombiano a manifestarse pacíficamente y recuerda al presidente Iván Duque que desplegar a las fuerzas armadas en el control de manifestaciones solo incrementa el riesgo de que se cometan más violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.