El fallo de la Corte Constitucional de Colombia a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas del embarazo es un gran triunfo para los derechos humanos.

Amnistía Internacional celebra este fallo como una victoria histórica del movimiento de mujeres colombianas que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos. Las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar son las únicas que deben tomar decisiones acerca de sus cuerpos. Gracias a esta decisión judicial, ahora las autoridades colombianas deben reconocer la autonomía sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

“Tras la legalización del aborto en Argentina y la reciente decisión de la Suprema Corte de México que despenaliza el aborto, este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina, a contramano de los retrocesos que observamos por ejemplo en Estados Unidos. La despenalización en Colombia es una emocionante victoria, que nos da más fuerzas para luchar hasta que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de todas la mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en todo el continente”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

 

El proceso judicial

La Corte Constitucional Colombiana despenalizó el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo con el fallo emitido el 21 de febrero, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Después de las 24 semanas, el aborto legal seguirá estando permitido sólo en los casos de riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada; la existencia de malformaciones fetales que pongan en peligro la vida; o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida.

Amnistía Internacional sostiene que, aunque la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas es un paso vital para el derecho al aborto en Colombia y en América Latina y el Caribe, nadie debería ser criminalizado por acceder a un aborto.

A pesar de ser un derecho fundamental establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, actualmente el acceso al aborto es inequitativo y limitado en Colombia. Se estima que actualmente en el país se realizan 400.400 abortos cada año, y sólo el 10%se realiza en centros de salud en condiciones seguras, con una gran concentración de los servicios en las principales ciudades.

El aborto legal no solo disminuye la tasa de mortalidad materna sino también el costo de su provisión en Colombia, El acceso a una práctica en el sistema de salud reduce significativamente las complicaciones por abortos inseguros y, por ende, los gastos en internaciones en los hospitales.

La existencia del aborto como delito reproduce las desigualdades entre las mujeres. La gran mayoría de las que son denunciadas por abortos clandestinos en Colombia son habitantes de áreas rurales y casi una tercera parte de ellas son sobrevivientes de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Por ende, en vez de privilegiar un marco más garantista de derechos, se ha prevalecido un marco de persecución contra las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.

Además, la penalización del aborto ha generado miedo y estigma en los prestadores de salud, haciendo que eviten brindar el servicio de interrupción del embarazo por temor a las consecuencias sociales y legales que puedan enfrentar.