Aunque el acuerdo sólo entrará totalmente en vigor cuando se declare la paz, lo que muy probablemente ocurra en los próximos meses, con el anuncio se ve cada vez más próxima la perspectiva del fin de un conflicto de 50 años, caracterizado por la comisión de delitos de derecho internacional y graves abusos y violaciones de derechos humanos y por el fracaso a la hora de poner a disposición de la justicia a los presuntos responsables penales de estos delitos.
El acuerdo establece los mecanismos por los que las FARC se desmovilizarán y desarmarán, en el plazo de 180 días a partir de la firma del acuerdo de paz, así como las medidas que adoptarán las autoridades para garantizar la seguridad de los combatientes de las FARC durante su desmovilización, incluidas las necesarias para combatir a los grupos paramilitares (calificados de bandas criminales por el gobierno), que continúan activos a pesar de su supuesta desmovilización hace un decenio.
Se mantiene un alto el fuego de facto desde el año pasado. Sin embargo, todas las partes en el conflicto continúan cometiendo graves abusos y violaciones de derechos humanos, especialmente contra los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Es motivo en particular de preocupación el aumento el año pasado de los homicidios y las amenazas contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios, que ha continuado con la muerte de al menos 19 de ellos en los tres primeros meses de 2016.
La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a los paramilitares, no se cometen en el contexto de combates, sino que suelen ser consecuencia de intereses económicos. Muchas de las comunidades y grupos que corren especial riesgo de sufrir ataques son precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por empresas mineras, de infraestructura, industriales y agroindustriales.
Por ello, un alto el fuego puede no servir de mucho para detener tales ataques si las medidas establecidas en el acuerdo no son efectivas para la protección de los grupos y comunidades expuestos a sufrirlos, para identificar a todos los responsables y para poner a los presuntos autores a disposición judicial.
La comunidad internacional puede desempeñar una importante función exigiendo medidas más decisivas de las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de estos grupos y comunidades. En este contexto, el establecimiento por el Consejo de Seguridad de la ONU de una misión política de observadores internacionales desarmados para vigilar y verificar el cumplimiento del alto el fuego y el cese de hostilidades es un paso importante. No obstante, como es probable que los riesgos para los derechos humanos no provengan fundamentalmente de posibles violaciones del acuerdo de alto el fuego y cese de hostilidades, sino de ataques selectivos contra civiles, para ser efectiva, tal misión debe incluir un componente de derechos humanos y trabajar mano a mano con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que debe reforzarse.
