El Congreso ratificó una versión revisada del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el rechazo del acuerdo original en el referéndum del 2 de octubre.
La ratificación abre el camino para que las FARC comiencen a desmovilizarse y desarmarse en un proceso que se llevará a cabo durante seis meses.
El acuerdo revisado ofrece más claridad sobre una serie de cuestiones, como las sanciones impuestas a los responsables de crímenes de derecho internacional. También obliga a las FARC a entregar sus bienes, lo que podría aumentar las posibilidades de proporcionarle el derecho de las víctimas a la reparación. Pero el acuerdo sigue siendo defectuoso en términos de garantías sobre los derechos de las víctimas.
"El final oficial de un sangriento conflicto armado que ha durado más de 50 años y ha dejado ocho millones de víctimas en su estela es un logro que no puede ni debe ser subestimado", señalaron desde Amnistía Internacional.
"Sin embargo, gran parte del horror que los colombianos han sido forzados a soportar durante décadas no ha estado directamente vinculado al combate directo entre las fuerzas de seguridad y las FARC. Aquellos que trabajan sin ser vistos, defendiendo los derechos o protegiendo los recursos naturales y territorios de los poderosos intereses económicos, siguen enfrentando hostigamiento y ataques mortales, por lo que el acuerdo de paz en sí mismo puede hacer poco para mantener a estos activistas a salvo. Lo que necesitan es una acción eficaz para asegurar a aquellos que están detrás de esos ataques enfrenten una justicia adecuada".
Desde 1985, casi siete millones de personas han sido forzadas a huir de sus hogares, más de 267.000 fueron asesinadas, unas 46.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas y unas 30.000 fueron tomadas como rehenes. Otros miles fueron víctimas de tortura, violencia sexual y minas terrestres, mientras que unos 8.000 niños fueron reclutados a la fuerza por grupos guerrilleros y paramilitares. Muy pocos de los responsables han comparecido ante la justicia.
"El terrible legado de estas violaciones y la impunidad arraigada para la mayoría de ellos significa que, a pesar del acuerdo de paz, persisten muchos desafíos de derechos humanos y humanitarios aparentemente intratables, y existe un riesgo real de que estos desafíos persistan en un ambiente post-conflicto", indicaron desde Amnistía Internacional.
A pesar de que la violencia contra los civiles se ha reducido drásticamente, los ataques contra los defensores de los derechos humanos, especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinos, continúan teniendo números alarmantes, con más de 70 muertos en lo que va del año.
Muchos de estos ataques están vinculados con grupos armados que buscan tomar el control de tierras ricas en recursos pertenecientes a las comunidades rurales para explotarlas con fines económicos.
El conflicto armado con las FARC puede que haya terminado oficialmente, pero aún quedan otros conflictos, especialmente con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que los grupos paramilitares siguen siendo la amenaza más grave para los derechos humanos, especialmente en el campo.
El proceso de paz con el ELN debía comenzar a principios de este año, pero el hecho de que el grupo no liberara a uno de sus rehenes de alto perfíl ha retrasado el inicio del proceso.
"Si Colombia logra tener éxito en el largo plazo para hacer que la paz funcione para todos, las autoridades deben garantizar que los derechos fundamentales de los millones de víctimas del país a la verdad, la justicia y la reparación sean respetados", indicaron.
El acuerdo sobre las víctimas del conflicto - uno de los pilares del acuerdo de paz y que detalla cómo los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación serán garantizados a través de un sistema de justicia transicional - es indudablemente un avance en términos de derechos de las víctimas, especialmente en comparación con las experiencias anteriores de procesos de paz en Colombia. Sin embargo, a pesar de las revisiones, sigue incumpliendo el derecho internacional y las normas internacionales de derechos humanos.
En particular, Amnistía Internacional ha criticado repetidamente el hecho de que las sanciones no reflejen la gravedad de algunos de los crímenes cometidos y también que la definición de responsabilidad de mando podría permitir que los superiores de las fuerzas de seguridad y las FARC evadan la responsabilidad de las acciones de sus subordinados.
"El hecho sigue siendo que Colombia debe cumplir con su obligación bajo el derecho internacional de los derechos humanos de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Estos derechos no pueden ponerse en peligro si se trata de una verdadera paz para las víctimas ".
Pero el requisito del acuerdo revisado de que las FARC entreguen sus bienes podría ser importante en términos del derecho de las víctimas a la reparación, pero sólo si se ponen en práctica medidas para asegurar que todos los bienes son identificados, entregados y utilizados efectivamente en apoyo de víctimas.
"Este acuerdo debe resultar en la paz para todos los colombianos, incluyendo las víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos; los defensores de los derechos humanos, que arriesgan sus vidas para defender los derechos de los demás; las comunidades rurales, que protegen sus tierras de la explotación; y las mujeres sobrevivientes de la violencia de género, luchando valientemente por la justicia. Sus voces deben ser escuchadas fuerte y claro a medida que Colombia se prepara para implementar su tan buscada paz ", indicaron.
